El juzgado de instrucción número 2 de Gandia ha decidido el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada contra el Gobierno municipal por miembros de la oposición por el traslado de la escultura 25 d'abril de Antoni Miró, al no apreciar delito de prevaricación ni que hayan causado daños a la pieza «de manera deliberada y consciente».
Para el juez, la jurisdicción penal «no puede utilizarse como instrumento de ataque a decisiones de tipo administrativo, de oportunidad o de tipo político» y que, por este motivo, su resolución «no puede pronunciarse sobre la oportunidad o no del traslado», sino que se debe «centrar exclusivamente en si se ha cometido algún delito tipificado en el código».
Según el juez, el traslado se ejecutó como «una decisión del Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias» y ha quedado demostrado que la pieza no sufrió daños en el traslado.
