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Cargo

El PP pide a Consuelo Císcar que deje el Consell de Cultura

La dirección del partido que la designó considera que su situación es «difícilmente soportable» - Los delitos que se le imputan «parecen incompatibles con un desarrollo digno de su labor», dice

Consuelo Císcar, en el último pleno del CVC, celebrado la semana pasada. eduardo ripoll

El círculo de soledad alrededor de Consuelo Císcar se cierra cada día más después de su imputación por los delitos (presuntos) de malversación, prevaricación y falsedad de documentos durante su gestión al frente del IVAM. Le queda el Consell Valencià de Cultura (CVC), del que forma parte desde mayo de 2012, cuando accedió a propuesta del PP. Sin embargo, acusada de incurrir en sobrecostes de hasta el 1.500 %, no cuenta ya ni con el apoyo de la dirección de los populares.

«Desde el PPCV pedimos a Consuelo Císcar que abandone su puesto de consejera del CVC. Aunque la decisión es personal, sería recomendable por el bien de la entidad y por su prestigio que la abandonara para evitar dañar así la imagen de este órgano consultivo». Esta es la respuesta, oficial y escrita, ofrecida por el partido a preguntas de Levante-EMV.

«El sentido común dicta que, aunque sea compatible mientras no exista condena firme, su situación es difícilmente soportable», agrega la formación política liderada actualmente por Isabel Bonig.

El contexto ha jugado en contra de la esposa del exconseller Rafael Blasco, hoy en prisión por el saqueo de los fondos destinados a la cooperación internacional. La operación Taula, que ha acabado con la práctica totalidad del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia investigado por blanqueo de capitales, ha llevado a la dirección del partido a reforzar su discurso contra la corrupción política, levantar un cordón sanitario y distanciarse de toda posible mancha.

Desde esta perspectiva, la postura actual del PPCV sobre Císcar elude ambigüedades: «Los delitos por los que se le acusa parecen ser incompatibles con un desarrollo digno de su labor», sostiene al ser preguntado por este diario.

Con todo, el PP no puede expulsar a la exdirectora del IVAM del Consell de Cultura. La decisión es de ella. Por ahora, no ha dado indicios de que piense hacerlo: acudió la semana pasada al pleno de la institución, el primero después de su imputación judicial.

La ley del CVC „de 1985„ solo contempla la imposibilidad de permanecer en la institución en el caso de condena firme.

Los tiempos son distintos. La línea roja política contra la corrupción se ha fijado en la imputación judicial (el término preciso ahora es el de investigación).

Por ello, algunos miembros del CVC se han puesto a redactar con urgencia un código ético interno que, además de establecer una serie de normas de comportamiento, prevea que los consejeros en condición de investigados judicialmente se abstengan de participar en la actividad del organismo. Además de Císcar, se encuentra en esa situación el exdirector de Castelló Cultural, Vicent Farnós, imputado en Gürtel.

El objetivo es una tramitación exprés de este compromiso ético. Su aprobación podría incluirse en el pleno de febrero. Si se retrasa, algunos consejeros no descartan otras vías.

La situación de Císcar en el CVC es así más incómoda cada día. Los consejeros designados por la oposición quieren que se aparte, ni siquiera cuenta con el apoyo explícito de los nombrados por el PP y el propio partido pide ahora que abandone.

Y no le queda ni el reconocimiento como directora honoraria del IVAM: ya no volverá a figurar así en los catálogos.

El despido de Gil Lázaro y «la autocracia de opereta con chófer»

El productor Roberto Lisart, que denunció desde el sindicato CC OO la falta de titulación exigida de la exdirectora de Teatres de la Generalitat Inmaculada Gil Lázaro, celebró ayer la decisión de la Conselleria de Cultura de extinguir su relación laboral porque convirtió el organismo en «una autocracia de opereta con chófer». Como Levante-EMV publicó ayer, la entidad pública CulturArts dio el pasado martes de baja a Gil Lázaro mediante burofax al concluir, según diversos informes „la decisión se ha retrasado por ello más de siete meses„, que no había acreditado la titulación necesaria para ocupar la plaza de coordinadora del Centre Coreogràfic (el conocido puerto número 85) que tenía reservada desde 2001 y a la que solicitó regresar en junio de 2015, tras las últimas elecciones autonómicas. Cultura le ha dado de plazo hasta hoy para vaciar su camerino en el Principal.

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