La Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, no se mueve de donde estaba. No hará la tasación de trece obras compradas por Consuelo Císcar en su etapa de directora del IVAM, como el juzgado de instrucción 21 de Valencia le pedía desde hace meses. Así lo ha aprobado el organismo estatal en una reunión celebrada esta amñana, han informado fuentes del departamento de Íñigo Méndez de Vigo.
La Junta de Calificación de Bienes fundamenta su decisión en las conclusiones de un informe de la Abogacía del Estado que hoy tenía sobre la mesa. El argumento legal es doble: ni es una institución competente para tasar obras ya compradas ni puede hacerlo con bienes adquiridos por otra administración que no sea la estatal. Ni siquiera vale el hecho de que la Comunitat Valenciana no disponga de un organismo similar.
La Junta de Calificación ha rechazado que no intente colaborar con la justicia y ha invitado a la juez Nuria Soler, encargada del llamado caso IVAM, a buscar a un perito judicial experto en arte.
La magistrada intenta una valoración independiente de trece obras -siete de Gerardo Rueda, o atribuidas a él, y otras seis de distintos artistas sobre las que los tasadores del IVAM ya hicieron una evaluación- con el fin de aclarar si existió sobrecoste en estas adquisiciones. Los expertos que valoran las donaciones al museo concluyeron hace un año, en el informe de Intervención de la Generalitat, que podría haberse pagado hasta un 1.500 % más del valor real en algunas de las obras.
