La Abogacía de la Generalitat reclama siete años de cárcel, 24 de inhabilitación y 6.000 euros de multa para la exintendente del Palau de Les Arts de Valencia hasta 2015, Helga Schmidt, según el escrito de acusación presentado en el Caso Palau al que ha tenido acceso Levante-EMV. La misma condena merece, según los letrados del Consell, el ex director financiero del coliseo, Enrique Moreno. Sin embargo, para los tres empresarios investigados en esta causa, la Abogacía de la Generalitat rebaja a dos años y ocho meses de prisión para Joaquín Maldonado, José Antonio Noguera Puchol y Pablo Broseta, como cooperadores necesarios de los delitos que se investigan.

Al igual que ya hizo la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Generalitat también pide al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que abra juicio oral contra los cinco procesados por una presunta malversación de fondos del coliseo y la externalización de servicios del Palau con pago de sobrecostes que implicaron un perjuicio a las arcas públicas a través de Patrocini de les Arts -empresa creada por José Antonio Noguera Puchol junto a Joaquín Maldonado y Helga Schmidt como consejera-- y la firma Radcliffe, administrada por el excónsul de Francia en Valencia, Pablo Broseta.

A Schmidt y Moreno la Abogacía de la Generalitat les atribuye la autoría de prevaricación en concurso medial con malversación de caudales públicos y falsedad documental, agravado por tener la consideración de autoridad o funcionario. Los letrados del Consell también reclaman en calidad de responsabilidad civil que Schmidt y Moreno deberán responder solidariamente con la cantidad de 686.089 euros; por su parte José Antonio Noguera Puchol y Joaquín Maldonado deberán hacer frente a 383.073 euros y Pablo Broseta a otros 303.016 euros.

Al igual que ya hizo la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Generalitat destaca que Patrocini carecía de medios personales y materiales suficientes para la búsqueda de patrocinadores. Y tambiénconsidera que Helga Schmidt vulneró el régimen de incompatibilidades (por ser intendente y contratar con la empresa en la que era consejera), la prohibición para contratar que le vinculaba, el régimen de apoderamientos establecido por la Comisión Ejecutiva del Palau y las cláusulas de su propio contrato de alta dDirección.

También considera que el contrato del Palau con Patrocini de les Arts no tuvo «ningún efecto positivo» al reducirse el número de patrocinadores y el importe económico de las aportaciones al Palau. Sin embargo, el Palau tuvo que pagar 808.225 euros a Patrocini como contraprestación a sus servicios, «una cantidad carente de toda justificación y que genera un evidente perjucio a los fondos públicos».

Respecto a la emisión de óperas en la calle a través de Viva Europa June 24 Th SLU, creada por Patrocini de les Arts, la Abogacía de la Generalitat considera que las sumas abonadas por el Palau a la empresa «carecen de toda justificación» y causaron un perjuicio en 2009 de 248.333 euros; de 21.440 en 2010 y de 70.800 en 2011.

Respecto a Radcliffe, la empresa de Pablo Broseta, la Generalitat señala que se suscribió un contrato para comunicación y publicidad en 2008 aunque el Palau habría pagado un sobrecoste «carente de toda justificación, como mínimo por importe de 294.419 euros y pudiendo llegar hasta los 786.971, sobrecoste no justificado que supone un perjuicio a los fondos públicos».