Los miembros del jurado del Sona la Dipu 2018 - Marta Moreira, Quique Medina, María Carbonell, Kiko Tur y Amàlia Garrigós- han hecho público un comunicado en el que han mostrado su apoyo a las bandas que han participado en el concurso en años anteriores y a los que la diputación adeuda todavía unos 80.000 euros.

«Nos unimos por tanto a la petición de una solución rápida para los músicos afectados, y confiamos en que Sona La Dipu comience a hacer efectivos los pagos en las próximas semanas, tal como se comprometieron a hacer el miércoles en la reunión mantenida con representantes de la plataforma».

Pide el jurado replantear el método de facturación y los plazos de cobro para los grupos, y lamentan que las «rigideces y complejidad de los trámites administrativos» agravan la precariedad de las bandas.

"Los miembros del jurado de la edición de 2018 de Sona La Dipu queremos manifestar nuestro apoyo a los grupos valencianos que todavía no han cobrado sus honorarios por diversas actuaciones musicales organizadas por este departamento de la Diputación de Valencia", recoge el comunicado, en el que anuncian que "por respeto a las bandas participantes de esta edición, el jurado seguirá desarrollando su función con normalidad en las semifinales y la final del concurso de 2018, que se celebrarán el 7, 22 y 28 de septiembre".

"Creemos que esta polémica debería servir ante todo para replantear el método de facturación y los plazos de cobro establecidos actualmente para los grupos de Sona la Dipu. En su condición de "grupos emergentes", estos carecen por lo general de medios económicos para sobrellevar el adelanto de gastos de producción y pagos a Hacienda en concepto de IVA. Las rigideces y la complejidad de los trámites administrativos agravan indirectamente la precariedad con la que ya de por sí han de lidiar los proyectos musicales que dan sus primeros pasos en la industria".