El polémico concurso restringido de la Diputación de València para elegir a los directores del MuVIM y del Museo de Etnología se ha paralizado. Hoy estaba previsto que los aspirantes para cubrir las plazas, los actuales directores Rafael Company y Francesc Tamarit, y Joan Gregori que optaba a ambas, defendieran su propuesta ante la Comisión de Valoración.
Un tribunal donde figura como vocal Amador Griñó, subordinado de Company en el centro provincial como coordinador de exposiciones, por eso Joan Gregori, que fue el antecesor de Rafa Company al frente del MuVIM pero también estuvo en Etnografía, presentó el miércoles un escrito de recusación que fue aceptado ayer y paralizó el proceso.
La argumentación de la recusación de Gregori, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se fundamenta en los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015. Según esta legislación, el personal de las Administraciones que participan en un proceso de selección deben abstenerse cuando tienen un «interés personal» o «tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales» de cualquier tipo y circunstancia.
Como Griñó no se ha abstenido de participar en el tribunal, según establece la normativa actual, Gregori ha presentado el escrito de recusación con una argumentación tan ajustada a la legislación que los servicios jurídicos de la Diputación no han tenido más remedio que paralizar el proceso de selección.
Tres días para contestar
La corporación provincial tiene tres días hábiles para evaluar la recusación. Durante ese tiempo, los servicios afectados deberán emitir un informe sobre el recusado Amador Griñó y su vinculación con Rafael Company. Unas comprobaciones que dejan evidente la subordinación de uno de los vocales del tribunal que debe valorar la idoneidad del futuro director del MuVIM.
El procedimiento de selección podrá continuar si la Diputación deja fuera del tribunal a Griñó, aunque quedaría probada la contaminación inicial del proceso, así como el desconocimiento de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. En el caso que la resolución sea contraria a la recusación, Gregori podría interponer un recurso contencioso-administrativo.
El balance de damnificados políticos en la Diputación por incumplir el Código de Buenas Prácticas para la Cultura Valenciana del Pacto del Botànic es largo. Empieza por el diputado de Cultura, Xavier Rius (Compromís), que designó directamente a Company y Tamarit nada más ocupar el cargo y ahora les ha preparado un tribunal a la medida; sigue por el diputado de Personal, José Ruiz (PSPV), por firmar la convocatoria y la Comisión de Valoración; continua por la vicepresidenta Maria Josep Amigó (Compromís), que apadrinó públicamente a Company y Tamarit hace tres años; y termina en la responsabilidad del presidente Toni Gaspar (PSPV).
