Estaba cantado. El concurso público para nombrar director del MuVIM ha terminado en el juzgado. Tras una primera paralización por la composición del tribunal, y después que la Diputación de València aceptara que un subordinado pudiera estar en la Comisión de Valoración de un superior, el proceso ha terminado en el juzgado de lo contencioso-administrativo.
El ex director del MuVIM y candidato al puesto, Joan Gregori, presentó la semana pasada el recurso judicial, según admiten a Levante-EMV desde la corporación provincial. El escrito presentado al juzgado pide la paralización del proceso en base a la posible imparcialidad del tribunal por la subordinación entre funcionarios. Y también porque la ley establece que los puestos de trabajo vacantes que son cubiertos por los funcionarios deben ser provistos en convocatoria pública por concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas de todas las Administraciones.
Hoy están convocados los dos aspirantes a dirigir el MuVIM para presentar la memoria de su proyecto. El presidente de la Comisión de Valoración tiene la potestad para suspender la entrevista y esperar que el juez decida si paraliza el proceso. También puede seguir adelante con el concurso, aunque si el juzgado anula el procedimiento de nada servirán todos los pasos dados hasta la fecha.
Un mes de polémica
Todo comenzó hace un mes, cuando el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) reveló que Amador Griñó -actual jefe de exposiciones- figuraba en la Comisión de Valoración para evaluar la candidatura de Rafael Company a la dirección del museo, y que el director del MuVIM era a su vez vocal del tribunal que adjudicaría el puesto de coordinador de exposiciones del centro provincial, la plaza a la que aspira Griñó.
Días después de salir a la luz el suceso, la diputación se vio obligada a paralizar el procedimiento tras la presentación de un escrito de recusación por parte de Gregori. La argumentación del exdirector del MuVIM, a la que tuvo acceso Levante-EMV, se fundamentaba en los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015. Según esta legislación, el personal de las Administraciones que participan en un proceso de selección deben abstenerse cuando tienen un «interés personal» o «tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales» de cualquier tipo y circunstancia.
Los recusados argumentaron después que su subordinación no iba a afectar en el proceso de elección. Así, Griñó explicó que «no existe ninguna relación manifiesta de amistad con el Sr. Company superior a la que tengo con el Sr. Gregori, ambos conocidos y compañeros en y por el trabajo». Además aseguró que «las relaciones de trabajo en el seno de la Diputación de València -tanto en calidad de compañeros como de subordinados con dependencia jerárquica- que ha mantenido los últimos años con Company y Gregori no me impiden de ninguna manera, actuar con objetividad y neutralidad en el proceso selectivo». El presidente de la diputación, Toni Gaspar, desestimó finalmente la recusación, por lo que el proceso volvía a activarse. Sin embargo, el recurso judicial presentado por Gregori pone en peligro nuevamente el proceso.
