Docenas de periodistas se concentraron ayer ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para defender el secreto profesional de la prensa, tal y como consagra la Constitución, y en solidaridad con los redactores de Diario de Mallorca -perteneciente al grupo Prensa Ibérica, editor también de Levante-EMV- y Europa Press, cuyos teléfonos móviles y otro material periodístico fueron incautados por orden judicial la semana pasada. Ante la sede del alto tribunal, los profesionales desplegaron una pancarta con el lema «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información», además de otras cartelerías más pequeñas con las que reivindicaron el derecho al secreto de las fuentes periodísticas. Durante la concentración, se leyó un comunicado en defensa del Derecho a la Información.
Participaron en la concentración el presidente de Prensa Ibérica, empresa editora de este diario, Javier Moll, la vicepresidenta, Arantza Sarasola, y el presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, junto a varias decenas de periodistas y miembros de asociaciones profesionales del sector como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) o la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), entre otras.
Los concentrados protestaron en contra de la orden dictada por el juez de Instrucción número 6 de Palma, Miquel Florit, de incautación de los teléfonos móviles del redactor de Diario de Mallorca José Francisco Mestre, y de la periodista Blanca Pou, la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press en Mallorca y el registro de ambas redacciones dentro del marco de una investigación relacionada con el denominado caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística relacionada con el caso.
Javier Moll, presidente también de la Asociación de Medios de Información, manifestó a la puerta del Tribunal Supremo que «estamos aquí para apoyar el trabajo de los periodistas, para que puedan realizar su labor sin el sobresalto de los tristes acontecimientos que hemos vivido en Mallorca los últimos días. Es una muestra de solidaridad con los periodistas y su trabajo».
El presidente de Prensa Ibérica continuó afirmando que con esta acción judicial «se ataca el secreto del periodista de proteger sus fuentes, lo que constituye una manera de cercenar la posibilidad de informar de una manera libre y eficiente para los receptores de esa información, que somos todos». Cuando una fuente tiene la posibilidad de ser desvelada «deja de ser fuente y no vuelve a contar nada con lo que se pierde la posibilidad de informar a los lectores. Por eso es un derecho que está protegido por la Constitución. Es algo vital, no una simple cuestión de solidaridad corporativa. Es algo mucho más profundo porque afecta a la Democracia en su esencia más sensible», reflexionó Javier Moll.
La actuación del juez Florit «nos sorprendió porque es algo que no nos había sucedido nunca. Estamos conmemorando los 40 años de la Constitución y en este tiempo hemos vivido cosas muy llamativas como el 23F. Puede parecer, por un lado, que este tema no tenga demasiada importancia, pero haciendo un poco de esfuerzo mental podríamos ver las consecuencias que puede tener para toda la profesión, no sólo para nosotros y Europa Press. No se puede dejar pasar», concluyó el presidente de Prensa Ibérica.
El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, compartió argumentos con Javier Moll al señalar que «para nosotros es un acontecimiento extraordinariamente grave, no sólo por lo que supone sino por las personas que estaban en nuestras redacciones y cómo fueron atropelladas por parte de la policía, algo absolutamente impresentable. La forma como se quitó el teléfono móvil y como arrancaron literalmente los ordenadores de las mesas lo consideramos absolutamente inaceptable».
Más condenas
En Barcelona los profesionales de la información también se movilizaron. La concentración tuvo lugar frente al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, donde los periodistas portaron carteles con el mismo lema, tendencia en redes sociales. También hubo concentraciones en Cataluña, Alicante y València -entre ellas la de los trabajadores de Levante-EMV- por la misma causa. Además, los trabajadores de eldiario.es pararon al mediodía, y así continuaba ayer la oleada de protestas.
Por otro lado, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) mostró su preocupación por las actuaciones judiciales que afectan a diferentes periodistas en Balears. AUC señaló en un comunicado que «cualquier medida que se adopte en este terreno debe ser proporcionada y comprensiva con el papel de los medios de comunicación para garantizar el derecho constitucional a recibir información veraz».
