Los comités de empresa de Levante-EMV y Superdeporte condenan la acción judicial ordenada por un juez de Palma contra un periodista de Diario de Mallorca -integrado en el grupo Prensa Ibérica, editor también de las dos cabeceras valencianas- y una redactora de Europa Press, a quienes se confiscaron los teléfonos móviles con la intención de averiguar sus fuentes informativas en un escándalo de corrupción. A juicio de los trabajadores de los dos medios valencianos, la actuación instigada por el juez Miguel Florit con la aquiescencia del fiscal Miguel Ángel Subirán, supone un ataque sin precedentes a la libertad de información consagrada en el artículo 20 de la Constitución, que recoge asimismo el derecho al secreto profesional.
Para los profesionales de Levante-EMV y Superdeporte resulta especialmente preocupante el consentimiento tácito con la medida de la fiscal general del Estado. Y esperan que la acción judicial emprendida por la empresa editora y la agencia de noticias contra esa intromisión en el derecho a una prensa libre restituya las garantías que deben proteger el ejercicio de la libertad de expresión. No solo de acuerdo con lo estipulado en la carta magna española, sino también con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que salvaguarda el derecho del informador a mantener en secreto sus fuentes.
Esta garantía -recuerdan los comités de empresa de las dos cabeceras de Prensa Ibérica en València y Castelló- es pieza básica a la hora de ejercer una de las labores fundamentales del periodismo: el control de la acción de los poderes públicos. Atacar el secreto de las fuentes es poner en riesgo el acceso a quienes pueden aportar a los medios de comunicación información imprescindible para cumplir con aquello que George Orwell definió como la clave del ejercicio periodístico: «Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás es relaciones públicas».
Además, los comités de Levante-EMV y Superdeporte suscriben el manifiesto promovido por la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) para exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional. «El registro policial y la incautación judicial de ordenadores, móviles y documentación a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca para identificar una fuente de informaciones en un caso de corrupción suponen un grave atentado contra la libertad de prensa», denuncia el manifiesto. Y los firmantes reclaman «el respeto a un periodismo libre, pilar básico en una democracia, y piden a la Fiscalía General del Estado que retire su apoyo a estas actuaciones coercitivas hacia los periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción».
Ayer, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, consideró en declaraciones a la agencia Efe que la incautación de material a periodistas del caso Cursach es el «remate» a un 2018 que ha resultado un mal año para la profesión en materia de libertad de expresión. La actuación judicial en Mallorca supone, para el presidente de la FAPE, una «gravísima vulneración del derecho de los periodistas al secreto profesional» que «no cuenta con precedentes» en España. «Los jueces tienen que reflexionar sobre estas medidas limitadoras de la libertad de expresión y tienen que entender que no se pueden vulnerar los derechos que afectan al libre ejercicio del periodismo», advirtió.
