El juez ordena la devolución de los móviles que requisó a dos periodistas

Los dos medios, que se han querellado ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez por su «ataque letal» al secreto periodístico y a la libertad de información, han exigido en un escrito al juzgado de Instrucción número 12 de Palma que la entrega se acompañe con un informe sobre «la realización o no de cualquier apertura, inspección, examen, registro, copia o manipulación» de los dispositivos.

Kiko Mestre, redactor de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, recibieron el pasado lunes sendas llamadas telefónicas del juzgado en las que se les comunicó que podían acudir a recoger sus teléfonos móviles. La defensa de los dos periodistas solicita que la resolución «se notifique en debida forma» y citando a los dos informadores «con señalamiento de día y hora para la devolución» del material requisado.

Asimismo, el escrito requiere al juzgado para que informe «sobre el lugar o lugares donde han estado depositados los objetos» y sobre «las personas que hayan tenido acceso a los mismos».

Y concluye solicitando que, en caso de que los dispositivos se hubieran abierto, «se informe por escrito de qué datos han sido extraídos, copiados y/o examinados, y el lugar de almacenamiento de los mismos». El pasado 19 de diciembre, ocho días después de la polémica actuación judicial, la Fiscalía Anticorrupción hizo pública una nota de prensa en la que admitió que la requisa de los móviles no era necesaria porque las fuentes que buscaban «ya eran conocidas por otras vías de investigación». El organismo, que avaló la incautación, aseguró que el objetivo era «el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito». Informó de que los dispositivos seguían «bajo custodia judicial» y negó que, hasta ese momento, los teléfonos y ordenadores hubiesen sido examinados. En caso de ser necesario hacerlo, puntualizó la Fiscalía, «se practicaría poniéndolo previamente en conocimiento de las personas afectadas».

Solo cinco días después llegó la llamada del juzgado a Mestre y Pou comunicándoles que se les devolvería el material incautado. Aquel ataque generó una enorme indignación entre periodistas y medios de comunicación de todo el Estado, que se solidarizaron de forma masiva con los dos informadores afectados.

Periodistas «El daño ya está hecho, no debe repetirse»

La Asociación de Periodistas de Balears (APIB), Ángeles Durán, consideró que la iniciativa del juez Florit de ordenar la devolución de los móviles «demuestra que la decisión judicial fue un error». Durán expresó a Europa Press su deseo de que «esta rectificación fortalezca al periodismo», aunque matizó que 2el daño ya está hecho» y «nunca debería haberse producido».

El Sindicat de Periodistes de Balears (SPIB) expresó su «satisfacción» por la próxima devolución del material requisado. «Esperamos que una situación así no se repita y lamentamos de nuevo la intolerable vulneración de los derechos básicos de los periodistas», añadió el SPIB. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) califica de «un primer paso positivo» la orden dada por el juez Florit y respalda la solicitud de los informadores de que se les comunique qué datos han sido extraídos.