Diario de Mallorca -del mismo grupo editorial que Levante-EMV -, Europa Press y los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou ampliaron ayer su querella por la requisa de los móviles de ambos informadores y el registro de sus redacciones, interpuesta el mes pasado contra el juez del caso Cursach, Miquel Florit, al fiscal anticorrupción Juan Carrau, al que consideran inductor de los presuntos delitos. La ampliación de la querella, interpuesta inicialmente por prevaricación judicial, delito contra la inviolabilidad del domicilio y delito contra el secreto profesional de los periodistas, incluye un cuarto hecho presuntamente delictivo: interceptación ilegal de comunicaciones.
La ampliación de los presuntos autores y de los hechos delictivos se hace tras tenerse conocimiento, a través de la sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que investiga la querella desde el 18 de diciembre, de autos dictados por el juez Florit en una pieza separada del caso Cursach por presunta revelación de secretos.
Esas resoluciones, de las que los querellantes solo han tenido acceso a una, aunque, de documentos obrantes en esa causa presumen que existen varias, fueron dictadas antes del polémico auto de Florit de 11 de diciembre pasado, donde ordenó la requisa de los móviles de Mestre y Pou y el registro de sus sedes de trabajo.
En un auto dictado el 28 de noviembre, el instructor del caso Cursach ordenó a una compañía telefónica que facilitase un listado de llamadas de Pou, así como datos de su geoposicionamiento. Con anterioridad el mismo juez también ordenó a otras compañías datos similares de Kiko Mestre y de Pou.
Estos autos suponen, según la ampliación de la querella, un presunto delito de interceptación de las comunicaciones, nuevos hechos prevaricadores y un delito contra el ejercicio del derecho a la información al vulnerar el secreto profesional de los periodistas.
Visto bueno del fiscal
La ampliación de la querella contra Carrau se deriva de sus informes previos al dictado de los polémicos autos por Florit. El fiscal anticorrupción ha sostenido en esos informes que el control de las llamadas de los periodistas, la requisa de sus móviles y otros dispositivos electrónicos y el registro de sus puestos de trabajo no vulneraban el secreto profesional de los informadores.
«Resulta insólita la actuación del fiscal Juan Carrau al solicitar y consentir la investigación de un presunto delito de revelación de secretos mediante la incautación de móviles de periodistas, el registro de sus lugares de trabajo y la interceptación de los datos de tráfico de sus comunicaciones», afirma la ampliación de la querella.
La nueva acusación añade que la propia fiscalía anticorrupción estatal emitió un comunicado el 19 de diciembre donde «realizó una manifestación institucional del todo absurda en el plano jurídico», al justificar la requisa de los móviles en la recogida de los efectos del delito de revelación de secretos, como si las herramientas de trabajo de los informadores fueran «efectos del delito». Esta excusa, «resulta grotesca, a la par que insultante para la profesión» y «queda desmentida» por la finalidad expresada en las resoluciones (presuntamente) prevaricadoras (del juez) y en los escritos previos del fiscal Juan Carrau.
Por otra parte, la Asociación de la Prensa de Alicante, en su Anuario del 2018, calificó ayer la requisa de los teléfonos móviles de los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou, de «el peor golpe que se recuerda al derecho constitucional de los periodistas al secreto profesional».
