Europa Press y Diario de Mallorca y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre presentaron ayer un escrito de alegaciones a la solicitud, por parte del fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, de archivar la querella contra el juez del caso Cursach, Miquel Florit.
La querella se presentó después de que Florit ordenara la incautación de los móviles de los dos redactores en el marco de una pieza por presunta revelación de secretos, abierta para determinar el origen de informaciones periodísticas publicadas sobre la macrocausa de corrupción.
En este escrito de alegaciones, presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), la representación de los periodistas descarta que la anulación del auto -diez días después por el propio juez Florit- implique que no haya existido prevaricación, argumentando que «el delito de prevaricación judicial se comete por el mero hecho de dictar sentencia o resolución injusta a sabiendas y queda consumado por el mero dictado de la sentencia o resolución, con independencia de que la misma se ejecute o no» o que sea «dejada sin efecto». Además, también alega que la entrada por parte de la Policía en las oficinas de Europa Press sí llegó a producirse y que el material fue efectivamente incautado, además de que los documentos en papel intervenidos «no fueron precintados» y por tanto «han estado a la vista de las personas que los tuvieran en su poder».
En las alegaciones, los medios calificaron de «sorprendente» que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento en un momento «inicial» de la instrucción, ya que no se opuso a la admisión a trámite de la querella y desde entonces no se ha tomado declaración a los implicados ni se ha resuelto sobre ninguna prueba.
Además, los periodistas contestaron a la Fiscalía que en este caso «aparecen otros hechos constitutivos de infracción criminal relacionados con los descritos en la querella», por los oficios librados a distintas compañías telefónicas para que entregaran los datos de los teléfonos de los periodistas.
