Marina Castaño -viuda de Camilo José Cela- y los otros tres acusados por malversación de caudales públicos en una causa que investiga un posible caso de corrupción en la fundación que lleva el nombre del escritor defendieron ayer, en la primera sesión del juicio, que sus respectivas actuaciones han respetado la legalidad vigente y negaron con ello tal desfalco.
Es tal y como, en un mensaje coincidente, se han referido a los distintos trámites relativos al despido del ex director gerente de la entidad, Tomás Cavanna, quien percibió una indemnización de 150.000 euros por el cese de su actividad al frente de la misma, un pago que el Ministerio Fiscal considera irregular y efectuado para que los acusados se lucrasen de forma indebida.
Por este motivo, solicita el Ministerio Público penas de prisión de cuatro años y medio y ocho de inhabilitación tanto para el propio Tomás Cavanna, como para la viuda del Nobel gallego y expresidenta de la Fundación, Marina Castaño; junto con el expatrono y exconselleiro en los gobiernos de Fraga, Dositeo Rodríguez, y su hija Covadonga Rodríguez, actual subdirectora de esta institución.
En su declaración en el juicio Castaño -que sufrió una aparatosa caída tras abandonar los juzgados rehusando hacer declaraciones- defendió que su único propósito fue «sanear» la institución antes de cederla a dominio público, ya que tras el despido de Cavanna pasó a ser gestionada por la Xunta de Galicia.
Asimismo, sostuvo que obró siguiendo el deseo expreso de su marido de que la fundación permaneciese en Galicia, lo que motivó que, después de que no llegaran a cuajar otras propuestas, tuviese que cederla al Ejecutivo autonómico para asegurar su viabilidad ante las dificultades económicas severas que afrontaba.
La viuda de Camilo José Cela solo respondió a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, al igual que el resto de acusados, y en ellas evitó precisar cuestiones relativas a fechas y cifras, dado que -según dijo- no las recuerda por haber pasado demasiado tiempo.
