La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) ha recomendado expulsar a la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) de su seno durante un año tras la ausencia de cambios en su gestión, según confirmó ayer el organismo internacional.

Con vistas a la reunión de la asamblea general, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo, su dirección se pronuncia a favor de una «potencial expulsión de la SGAE» . La organización, que engloba a las entidades gestoras de los derechos de autor, inició en diciembre un proceso sancionador contra la sociedad española por no cumplir con los reglamentos internacionales.

«Se dejó claro desde el principio que si había progresos suficientes, la situación podría cambiar», insisten desde la institución, en referencia a la adopción inmediata de las medidas que le fueron recomendadas por los expertos o a una intervención del Gobierno.

El pasado marzo, Cultura pidió a la Audiencia Nacional, que investiga el fraude por el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión -«la rueda»-, que intervenga la SGAE, presidida por Pilar Jurado desde el 27 de febrero, cuando sustituyó en el cargo a José Ángel Hevia. Jurado ha considerado que dicha intervención sería un fracaso y dijo que se estaban tomando medidas para paliar los errores. «Tenemos en cuenta los compromisos y esfuerzos de la nueva gestora y presidenta de la SGAE para abordar los problemas y estaremos preparados para asistirlos en una solución tan pronto como sea posible», apuntó ayer la sociedad internacional, que se mostró dispuesta a ayudar al Gobierno si la Justicia ordena la intervención.

Ya en marzo de 2018, la CISAC retiró a la SGAE de su consejo de forma preventiva para evitar un potencial conflicto de intereses durante la investigación de sus prácticas de conducta y gestión -denunciadas por la Confederación Internacional de Editores de Música (IMCP)-, que suscitaban «serias preocupaciones». Las quejas se refieren al supuesto favoritismo hacia algunos de sus miembros y el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión.