La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que emita un dictamen en el que señale si el derecho a conocer la verdad y a que se conozca la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho al olvido. Esta asociación ha hecho esta petición después de conocerse que la Universidad de Alicante decidió suprimir de textos históricos publicados en internet el nombre del secretario judicial de uno de los consejos militares que condenaron al poeta Miguel Hernández.
«Ante el caso de censura ejercido por esta universidad con respecto a la retirada del nombre de un miembro del tribunal militar que juzgó ilegalmente al poeta Miguel Hernández», la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado a la AEPD un dictamen.
El objetivo es que se pronuncie sobre «si el derecho a conocer la verdad y a que se conozca la verdad que tienen las víctimas de la dictadura franquista choca con el derecho al olvido o no tiene límites a la hora de generar conocimiento acerca de violaciones de derechos humanos, como dictan diversas resoluciones de la ONU».
El presidente de la asociación, Emilio Silva, apinó ayer que este es «un caso claro de censura, ya que el derecho a la verdad prevalece por encima de la protección de datos de quiénes formaron parte de un régimen sostenido sobre la violencia, la persecución física, social y penal por causas ideológicas».La asociación indica que este borrado, consecuencia de una reclamación de derecho al olvido de un descendiente, «choca con el derecho de las víctimas de la dictadura a conocer y a dar a conocer la verdad de lo ocurrido con las violaciones de derechos humanos».
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU han reconocido en diversas ocasiones la verdad como un derecho que asiste a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en dictaduras, recuerda esta asociación. Según dijo ayer el rector de la entidad académica, Manuel Palomar, la resolución final llegará en «los próximos días».
