La Audiencia provincial de València tenía previsto empezar el próximo lunes 4 de noviembre el juicio contra Helga Schmidt por el caso Palau, la investigación que acabó con su detención y afloró un rosario de irregularidades relacionadas con la gestión económica del Palau de les Arts Reina Sofía de València. Pero tras el fallecimiento, sus cuentas pendientes con la Justicia quedarán canceladas.
No obstante, su muerte no exime de la presunta responsabilidad penal del resto de acusados en esta causa, por lo que el juicio se celebrará contra ellos a partir del 4 de noviembre, explicaron ayer fuentes judiciales.
El Palau de les Arts Reina Sofía de València hoy no sería lo que es sin las aportaciones artísticas de la exintendente. Pero aquella operación policial desarrollada en enero de 2015, que también salpicó a ilustres apellidos valencianos, la apartó del teatro que ella había levantado desde el año 2005.
El juicio debería de haber empezado en enero de este año, pero la Sala acordó suspenderlo por el cambio de abogado de la exintendente, quien también falleció recientemente. Schmidt ya no se desplazó entonces hasta València por los problemas derivados de su enfermedad.
Su fallecimiento a pocas semanas de que se celebre el juicio implica que se extinga su responsabilidad penal en la causa, tal y como recoge el artículo 130 del Código Penal, y ahora sus actuales abogados deberán aportar el oportuno certificado de defunción. La Audiencia activará el mismo procedimiento que siguió el Tribunal Supremo (TS) tras el fallecimiento de la exalcaldesa de València, Rita Barberá.
Así, la muerte de Schmidt provocará que la Justicia no pueda realizar ningún reproche penal contra su gestión. También se extinguirán las medidas de seguridad que se decretaron en el marco de estas diligencias.
Todos los problemas judiciales de Helga Schmidt empezaron con una empresa privada cuyo nombre se asemejaba al del Palau, Patrocini de les Arts SA, pero que nada tenía que ver con la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción y el juzgado la enviaron a juicio por cobrar comisiones a través de esta compañía. Se enfrentaba a siete años y medio de prisión.
Schmidt siempre negó los hechos públicamente, pero en el juzgado se acogió a su derecho de no declarar. El juicio era la ocasión que tenía para explicar qué sucedió y, sobre todo, quién le indicó que su nombre figurara en una empresa privada a la que subcontrató la búsqueda de patrocinios.
Un informe interno de la Generalitat elaborado en 2013 a petición de la exconsellera de Educación y Cultura María José Català, en la actualidad portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, es el origen de este procedimiento.
La investigación concluyó que Helga Schmidt creó una empresa privada junto a un grupo de empresarios valencianos tras dejar sin contenido el departamento de Patrocinio de Les Arts. El objetivo pasaba por subcontratar la gestión de las aportaciones de grandes compañía y mejorar su eficiencia.
Pero la Intervención detectó el presunto fraude y certificó que la empresa ligada a la exintendente habría cobrado desde 2008 hasta 2013 comisiones, de entre un 10% y un 30%, por buscar patrocinadores. Más de 500.000 euros por un servicio que hasta 2008 lo realizaron los empleados del Palau. En ese mismo periodo la Fundación acumuló un déficit de 27 millones.
El análisis de los interventores fue determinante en la instrucción del caso y en la apertura de juicio oral. Además, generó una catarsis entre distintos sectores del PP que cuestionaron la decisión del Consell de Alberto Fabra.
