La tercera sesión del juicio por las presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía de València mostró el interés de determinados empresarios por facturar con el teatro pese a la desconfianza generada entre el propio equipo directivo de la exintendente Helga Schmidt, fallecida en septiembre.

La sección segunda de la Audiencia provincial de València retomó ayer las sesiones con el interrogatorio, entre otros, del exresponsable de Dramaturgia del Palau de les Arts, Justo Romero, quien declaró por los pagos a la empresa Radcliffe, de Pablo Broseta, que se enfrenta a siete años de prisión. En su escrito de acusación provisional, el ministerio fiscal recoge «un sobrecoste carente de toda justificación, como mínimo por importe de 294.419,65 euros, y pudiendo llegar hasta los 786.971,65 euros».

A preguntas de la Fiscalía, Romero explicó al tribunal que se enteró de la convocatoria del concurso público que acabó ganando la mercantil de Broseta «a posteriori», pues pese a ser «el jefe del departamento de Publicaciones, ese concurso se hizo sin mi consentimiento».

«Era un concurso marciano», declaró Romero. ¿Por qué? Pues al parecer porque en realidad el servicio lo seguía prestando la empresa La Imprenta. Es decir, según este testimonio, Broseta era un mero intermediario que en realidad no tenía capacidad para ejecutar los folletos de las funciones que se representaban en el teatro. «Radcliffe le encargaba trabajos a La Imprenta y quien seguía haciendo el trabajo era La Imprenta». Romero, no obstante, desconocía si el diseño corría cargo de Radcliffe o del propio personal del Palau.

«Ernesto Moreno -exadministrador de la fundación que figura como acusado- me dijo que había sido adjudicado. Le trasladé en una comida que esto era un disparate porque La Imprenta funcionaba estupendamente, hacía un servicio formidable, era todo un disparate», desveló Justo Romero.

El exresponsable de Dramaturgia aseguró que Moreno le trasladó lo siguiente: «No te preocupes que se seguirá trabajando como con La Imprenta». «No supe nunca las condiciones, no entré en si había sobrecostes o no, lo veía tan feo que no quería entrar en ese tema. Había un incremento de precios inequívoco, no sé lo que se facturaba, yo debería saberlo pero decliné esa responsabilidad por la indignación», subrayó Romero.

Además, el exresponsable de Dramaturgia detalló que tenía entendido que la empresa de Broseta no tenía capacidad ni estructura para ejecutar estos trabajos. «Es como si me adjudican la fabricación de chorizos en Sagunt y no tengo fábrica», explicó. «Helga decía no lo pago y la intendente no lo firmaba. Llegó un momento en el que no se abonaba ningún importe a Radcliffe y no tenía el programa de la obra que se iba a representar», lo que generó tensión entre el equipo directivo del Palau de les Arts.

La declaración de Romero estuvo precedida de la de Vicente Garrido, expresidente de Consell Jurídic Consultiu (CJC) y miembro del consejo de administración de Patrocini de les Arts SA, la empresa creada para captar patrocinios a cambio de una comisión.

«Esa sociedad se constituyó para captar patrocinadores, era una época de crisis, habían bajado los patrocinios y era para que la ópera de València tuviera gran calidad». Garrido, quien por esas fechas dirigía el máximo órgano consultivo de la Generalitat, explicó a la sala que «no tenía relación con el mundo del patrocinio» pero que, en noviembre de 2007, le llamó Schmidt para concretar una cita en el hotel Astoria de València junto al abogado José Antonio Noguera Puchol.

«Me hablaron del proyecto, una sociedad para captar patrocinios, que había en otros teatros en el mundo que contaban con este tipo de sociedades y tuvimos una conversación en la que me plantearon si se tenían que convocar un concurso», dijo Garrido.

«Preparé una nota de cortesía en la que yo concluía que no había que sacar a concurso» porque a su juicio «era un contrato de servicios». Garrido puntualizó que, pese a su cargo en el CJC y su trayectoria como reconocido jurista, elaboró esas notas a título individual y sin que constara el sello de la institución. A la pregunta de si se planteó en algún momento que Helga Schmidt pudiera figurar como consejera de una sociedad a la que adjudicaba contratos, Garrido respondió que no, pues sugirió que era compatible.