Un perito, interventor de la Generalitat Valenciana, ratificó ayer que el contrato firmado entre el Palau de les Arts y la sociedad Patrocini debía haberse gestionado por un procedimiento abierto público y advirtió de la falta de expediente de contratación para los festivales de Viva Europa.
El perito ratificó sus informes en el juicio que se sigue en la Audiencia de València por un presunto desfalco en Les Arts contra el que fuera director financiero Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini -empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores-, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en València y administrador de la sociedad Radcliffe -mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones-, Pablo Broseta.
El perito aclaró que se hicieron dos informes del Palau de Les Arts -a instancia de la Conselleria de Educación-, uno en julio de 2013 y otro un año después. Tras el primero, se detectaron una serie de «incidencias», sobre las que no sabían si tenían responsabilidad penal, y se preguntó a la Abogacía de la Generalitat qué pasaba con ello. Desde este organismo le trasladaron que ellos podían actuar con sus propios medios y decidieron elaborar ese segundo informe.
En el informe tenían que comprobar 17 hechos que habían sido denunciados por el extrabajador del Palau Xavier Colinas en su denominado Informe Diógenes. Cuatro de esos 17 hechos «sí tenían consecuencias», dijo, y fueron expuestas en el informe de la Intervención «por su trascendencia económica».
En este sentido, el testigo afirmó que la fundación del Palau se enmarca dentro del sector público instrumental, en el apartado fundacional, y está participada al 100% por la Generalitat. Así, el Consell le inyectaba anualmente una cantidad económica determinada, explicó.
En total, recordó que Patrocini recibió del Palau 508.040 euros tanto por los servicios prestados para la captación de patrocinadores como por la organización de los festivales Viva Europa, concretó.
Señaló que el Palau, en un momento determinado, decidió externalizar los contratos de patrocinio y se firmó un contrato para ello con Patrocini. «Me dijeron que no se había tramitado expediente administrativo», aseveró.
Y preguntado por si era necesaria esa tramitación, dijo que «sí». «Consideramos que sí debería haber habido un procedimiento de contratación abierto, a través de la Ley de Contratos del Sector Público. Este contrato no se puede enmarcar dentro de los servicios financieros», añadió.
«Disparidad» de presupuestos
Por otro lado, en relación con Viva Europa manifestó que se les comunicó que se había utilizado un procedimiento negociado sin publicidad «por características técnicas». Así, corroboró que no existía expediente de contratación.
Respecto a los contratos con Radcliffe, el testigo manifestó que había una «disparidad» de cantidades entre distintos presupuestos, por un lado los de la empresa Radcliffe, y por otro los solicitados para comparar. Preguntado por si vieron indicios de sobrefacturación, señaló que al no tener un pliego de condiciones técnicas para valorar el precio por unidad, no pudieron valorar si había sobrecostes.
