La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) lamentó ayer la absolución del juez Miguel Florit por requisar los móviles de dos periodistas que cubrían la información sobre el caso Cursach y rastrear sus llamadas, ya que puede sentar precedente contra el secreto profesional.
Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares reconoce en la sentencia que las resoluciones del magistrado fueron «injustas», cree que no incurrieron en un delito de prevaricación, algo que «no entiende» la FAPE, según señaló en un comunicado.
La sentencia considera probado que el magistrado dictó cuatro resoluciones injustas en las que se acordó la incorporación al proceso de los datos de tráfico y la incautación de los teléfonos de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, sin ponderar debidamente el derecho de los informadores a preservar la confidencialidad de sus fuentes.
La FAPE alertó de que este fallo sienta «un precedente peligroso» que podría ser aprovechado para «imponer límites al derecho constitucional de los periodistas al secreto profesional, uno de los pilares del libre ejercicio del periodismo».
Sin él, «muchos de los escándalos de corrupción que se han sucedido en nuestro país en los últimos años quedarían impunes», recalcó.
La sentencia razona que la ausencia de una ley que desarrolle el secreto profesional de los periodistas obliga al juez a una ponderación con otros principios concurrentes, en este caso, el interés del Estado en perseguir la revelación de secretos, ha recordado la FAPE, que cree que ello «no impide que ese derecho constitucional deba ser respetado y que no se deba castigar a quien lo vulnere». La FAPE anunció que reclamará a los grupos parlamentarios el desarrollo de la ley que regule el secreto profesional, siguiendo las pautas de nuestro Código Deontológico. El cual establece que el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informantes a permanecer en el anonimato si así lo solicitan, con dos excepciones: que la fuente haya falseado de manera consciente la información o cuando el revelar las fuentes sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas.
La Unió de Periodistes Valencians otorgó el pasado año su Premi Llibertat d'Expressió a los periodistas que sufrieron la incautación de sus móviles. El galardón pretendía «visibilizar un flagrante ataque a la profesión y recordar que el secreto profesional es un derecho de los y las periodistas que nos ampara ante los requerimientos de terceros, y que ampara también a la fuente que nos suministra la información», reivindicó el colectivo profesional valenciano.
A partir de su ejemplo, el galardón quiere reconocer la tarea de los periodistas que no pueden informar libremente en sus países, «que son perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por las autoridades a las cuales critican en sus artículos».
