27 de julio de 2020
27.07.2020
Levante-emv
Tribuna

Incompetencia y censurA

26.07.2020 | 20:59
Incompetencia y censurA

Tengo ante mi un libro y la maqueta de un libro, un trabajo editorial preparatorio, diagramado, paginado y con artes finales en tres de sus cuatro partes. Uno y otro llevan idéntico título: La creació de la Generalitat Valenciana. L'etapa socialista, 1983-1995. El primero dice ser de la autoría de Benito Sanz. En la maqueta, que recibí en otoño de 2018, los autores eran dos: Javier Paniagua y Benito Sanz. Poco después me llegó el prólogo que se había encargado al periodista Manuel Muñoz, antiguo delegado del diario El País y más tarde redactor jefe de Levante-EMV. El prólogo se convertiría en agrio objeto de discordia, o de pretexto por alguna cuenta pendiente de quien lo vetó o para complacer a alguno de sus amigos. O Javier Paniagua había renunciado a declarar su coautoría o Benito Sanz fue muy rápido al registrar los derechos. El tercero actor en este enredo era el editor, Vicent Flor, director de la Institución Alfons el Magnànim (IAM), entidad que entre otros cometidos se ocupa de las publicaciones de la Diputació de València. Flor, con una impericia asombrosa, aceptó que Paniagua despareciera de la cubierta del libro y del contrato, sin buscar confirmación personal ni preguntarse si podría estar ante una usurpación de propiedad intelectual que se consumaría con la complicidad -activa o pasiva- de una editorial pública.

Al tener noticia de que La creació de la Generalitat Valenciana había sido publicado, se presentaba al público el 26 de junio de 2019, el autor escamoteado se dirigió a Flor y el editor debió comprender entonces el grave error que había cometido. El momento, además, resultaba inoportuno: se habían realizado las nuevas elecciones y estaba pendiente de ser ratificado o removido en un cargo por el que percibía una retribución anual de 70.000 euros, cuando su anterior empleo era el de técnico en el MuVIM. Lo que menos interesaba era una demanda judicial que pusiera en discusión su competencia en el desempeño del cargo. De manera que el editor ofreció al autor que se creía estafado un contrato para que escribiera su interpretación del periodo histórico de 1983 a 1995, y se apresuró a firmarlo.

Javier Paniagua es en reconocido historiador, catedrático acreditado de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales de la UNED, cofundador y codirector de la revista Historia Social. Posee una extensa obra escrita sobre socialismo, anarquismo, la Segunda República y la Transición. Debido a su especialidad, en 2005 le invité a participar en el libro Transició, democracia i autonomía, que Edicions 62 me había propuesto coordinar. Sería el volumen sexto y último de la Història del País Valencià que iniciaron Joan Reglà y Joan Fuster. En el plan editorial diseñé un capítulo que se titularía «La construcció de l'autonomia i l'hegemonia socialista (1982-1995)», y se lo encargué a Javier.

Entregado el original, el editor inició un tortuoso recorrido por alterar el contenido de la obra. El problema ya no era el prólogo ni un jugoso contenido de 285 páginas. El obstáculo era la introducción en la que se explicaba el por qué del libro y lo sucedido con el que debía haber firmado antes. Pero el libro es libro desde el título de cubierta al colofón de cierre, como debiera saber nuestro Gallimard doméstico. Nada tiene de particular en un ensayo que el autor revele su motivación y justifique el consumo de varios metros cúbicos de madera para celulosa y de su tiempo. Para justificar una decisión arbitraria, Flor, con el compromiso de edición adquirido y el contrato firmado, recordó oportunamente que en las ediciones universitarias es frecuente solicitar informes previos a especialistas escogidos por el editor, cuyo nombre será confidencial. Los informes se recaban siempre antes de suscribir el contrato, y nunca cuando la obra es un encargo de la editorial.

De otra parte, resulta que los personajes mencionados eran socialistas en ejercicio en la etapa de la que trata el libro: Benito Sanz ocupó puestos de confianza en la Conselleria de Cultura y en el gabinete de la presidencia de las Corts; Josep Maria Felip fue jefe de gabinete del presidente Lerma (antes de recalar en el PP); Jordi Palafox dirigió la sede valenciana de la UIMP y fue miembro del consejo de administración de Bancaja durante ocho años en representación del PSOE, en 2008 colaboró en el Programa del XI congreso del PSPV, del que fui uno de sus coordinadores. Evitaré referirme a Pedro Ruiz, mención que tanto ha escandalizado a Flor, pues su aparición es circunstancial.

Todo esto sucedía en 1990, mientras concluía la segunda legislatura socialista, cuando todavía Vicent Flor dirigía las Juventudes de Unió Valenciana y, si hemos de creer a los activistas del Grup d'Acció Valencianista (GAV), colaboraba con ellos en acciones callejeras «anticatalanistas» que perturbaron la convivencia democrática. El GAV, antes y después de estas muestras de «kale boroka», en su nombre o con organizaciones pantalla, llevó a cabo atentados violentos en cuadrillas apandilladas que los movimientos contra la intolerancia no han dudado en calificar de ultraderechistas. Afortunadamente, las personas evolucionan. La experiencia del camino de Damasco le abrió las puertas del Bloc Nacionalista Valencià, donde llegó a disputar la secretaría general a Enric Morera. El problema es cuando más tarde se revelan reminiscencias de un carácter intolerante.

Llegado a este punto, y conocida la decisión de Flor, hay que preguntarse por la opinión de la vicepresidenta de la Diputació, de la depende el IAM. Como es sabido, el área de cultura de la corporación provincial -como en la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia- quedó en manos de Compromís dentro de ese reparto a la libanesa que se acordó entre partidos, donde nadie pregunta o se entromete en el territorio del socio-competidor. (En otro momento debemos interrogarnos por la escasa afición de los socialistas por el área de cultura, quizá todos son tan intelectuales que no ven el inconveniente de ceder la parcela a misioneros de la fe). Lo inaplazable es saber si los dirigentes del Bloc, de Iniciativa y de Compromís hacen suya la decisión censora, una vez que la publicación por Levante-EMV de la introducción vetada ha puesto de evidencia que no existen injurias ni difamación de nadie, sino hechos y su interpretación. Y puesto que la presidencia de la Diputació la ostenta un socialista, también parece oportuno un pronunciamiento suyo. Con tantos escalones, la responsabilidad última de la censura, si no se actúa pronto, aparecerá distribuida entre su ejecutor material y los cargos públicos que son sus superiores.

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