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La libre designación: un mal menor

La libre designación: 
un mal menor

La libre designación: un mal menor

A propósito de recientes sucesos y conflictos en los concursos públicos en el ámbito cultural debe uno preguntarse si éstos son realmente necesarios. Sin la suficiente reflexión, nuestros representantes políticos que ocupan las instituciones públicas determinaron que los concursos públicos constituyen el sistema adecuado para la elección de cargos directivos en las administraciones y organismos, muy particularmente en los culturales. Por lo general tal decisión no es, en definitiva, sino propaganda política y una forma de autoimponerse la medalla de riguroso comportamiento democrático, eficacia, transparencia, así como acatamiento a ese enunciado puramente retórico del «código de buenas prácticas».

Lo cierto es que esos procedimientos se suelen llevar mal con las lógicas del poder. Éstas exigen lealtades incondicionales e incluso afinidades ideológicas o políticas, ya que las instituciones culturales también son la cara visible del gobierno que las ampara, las financia y, por ende, deben desarrollar su política cultural, si es que la tienen.

Con todo, llegado el momento se hace oficial una convocatoria pública, se redactan unas bases - en una operación de corta-pega con ambigüedades y opacidades calculadas que permitan la elección de un candidato, por lo general ya elegido de antemano- y por último se designa un tribunal que no plantee muchos problemas. Así, aun teniendo en su mano elegir y nombrar al futuro cargo se escudan en ese código de buenas prácticas sacudiéndose toda responsabilidad en la elección del mismo y descargándola sobre la comisión evaluadora, haciendo a sus miembros cómplices o rehenes del mismo con la mordaza de la confidencialidad. Y, sin embargo, todo acaba sabiéndose.

El procedimiento, teóricamente discreto y confidencial, resulta muchas veces disuasorio para profesionales de prestigio que temen que al postularse el fracaso en su intento empañe su carrera. Por otra parte, y por muchos estatutos amparen el ejercicio de su función, constituye una falacia pensar que las instituciones que va a gestionar el candidato elegido sea independiente del poder político que lo nombró.

Hace unos días la concejala Tello, como quien hacía una concesión a no se sabe quién o qué, declaraba (Levante-EMV 4/10/2020) que «puede nombrar a quien quiera sin necesidad de concurso». En efecto, creo que, si la ley no se lo impide, eso es lo que debía haber hecho desde el principio. Hubiera sido más valiente dar la cara y asumir sus responsabilidades. De esta manera hubiera evitado trabajo, conflictos y frustraciones e incluso desprestigio a los cándidos candidatos.

La honestidad y el sentido democrático no han calado del todo en muchos de nuestros representantes políticos. Éstos no están moralmente preparados para la transparencia que predican y, una gran parte de ellos considera recíprocamente sus errores y trapos sucios con condescendencia. Dadas estas cosas considero que ahorrarse las pantomimas y proceder a la elección directa de sus cargos constituiría un mal menor.

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