Una juez declara improcedente el despido del exdirector del Centre del Carme

El juzgado de lo Social número 2 de València ha declarado el despido improcedente del exdirector del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, por parte de la Generalitat.

Pérez Pont reclamaba que se considerase improcdente su despido en noviembre de 2023, cuando el conseller de Cultura era Vicente Barrera (Vox) y la secretaria autonómica que impulsó la decisión, Paula Añó. El fallo estima en parte la demanada interpuesta por Pérez Pont tras su despido, condenando al Consorci de Museus al abono de la indemnización por importe de 26.919,45 euros o la readmisión, previo acuerdo de las partes.

Supuestas irregularidades

La conselleria de Cultura defendió ante el juez que el del exrresponsable del Centre del Carme fue un despido disciplinario por irregularidades cometidas durante el tiempo que fue director gerente del Consorci de Museus, tal como indicaron varios informes de la Intervención de la Generalitat.

En estos informes ya se especifica que es el gerente del Consorci quien tiene las responsabilidades en la gestión de la entidad y que, por lo tanto, no se trata de un empleado más que no toma decisiones, sino un alto cargo.

Durante el juicio, la letrada del Consorci defendió la pertinencia del despido en que Pérez Pont incumplió la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del órgano que tutelaba. El fallo considera que esta imputación no está acreditada, que no se ajusta a los hechos realmente acontecido y que en todo caso no ha causado perjuicio económico, por lo que no puede erigirse en causa de despido.

El fallo también rechaza que Pérez Pont cometiese "dejación de funciones" al no renovar los estatutos del organismo o que comprometiera recursos públicos, humanos y materiales en la celebración de un master en el Centre del Carme, tal como también señalaba el Consorci para justificar su despido.

Confusión entre una obra de arte y restos de albañilería

La defensa del organismo cultural de la Generalitat responsabilizó además a Pérez Pont de dejación de funciones y causación de daños por 1,7 millones de euros por la mala conservación de la Colección de Arte de la Generalitat Valenciana depositada en los almacenes de la Generalitat en Riba-Roja.

El fallo, sin embargo, recuerda que ese almacén no es responsabilidad del Consorci que gestionaba Pérez Pont, sino de la Generalitat, y considera que la carta que sostiene esta acusación "carece de toda precisión en la identificación de las obras dañadas que puedan mínimamente justificar el importe de los daños".

El fallo recoge que además que, tal como señaló una de las testigos, entre las "muchas incorrecciones" que contiene esta carta se incluye el reproche de que "junto con las obras había restos de trabajo de albañilería, cuando lo cierto es que tales elementos formaban parte del 'atrezzo' de una obra".

Por estas y otras razones, la titular del juzgado de los Social número 2 de València considera que "no existe incumplimiento contractual" por parte de Pérez Pont "que respalde el despido operado, por lo que debe declararse improcedente". La indemnización de 26.919 euros que establece el fallo corresponde a la de 20 días de salario por año de servicio y hasta un máximo de 12 mensualidades.

Ausencia de medios

La defensa de Pérez Pont alegó durante el juicio celebrado el pasado 25 de marzo que el exdirector del Consorci Provincial llevó a cabo la mejor gestión posible de la entidad cultural pese a una ausencia de medios que él mismo reclamó en varias ocasiones al consejo general de la entidad. Un consorcio que, tal como recordó el letrado, está formado por representantes de la Generalitat, las tres diputaciones y los ayuntamientos de València, Castelló y Alicante.

El letrado de Pérez Pont señaló que cuando la conselleria de Cultura sacó a concurso el puesto de director gerente del CMCV no buscaba a un gestor sino a un experto en cultura, y subrayó que por estos méritos fue elegido por unanimidad de todos los miembros del consejo. También recordó que cinco años después, cuando se le renovó el contrato, Pérez Pont también fue elegido por unanimidad de los miembros del consejo, incluido los representantes del ayuntamiento y la diputación de Alicante, ambos del PP.

El letrado recordó ante el juez que en ninguna de las reuniones del consejo Pérez Pont recibió críticas a su gestión. En cambio, según señaló también, su cliente sí reclamó en varias ocasiones una mayor dotación de medios cualificados para la gestión económica y de personal de la entidad. En este caso, y según señalaba el abogado del exdirector del Carme, Cultura estableció que estos medios debían proceder de los órganos colegiados pero solo la Generalitat aportó personal, por lo que ha insistido en que su gestión fue la correcta con los medios de los que disponía.

La respuesta de Conselleria

Desde la Conselleria anunciaron que, desde la Administración Valenciana, se respetan las sentencias judiciales, pero que esta va a ser analizada por los servicios jurídicos del Consorcio de Museos para estudiar las medidas a adoptar y elevarlas al Consejo General para la toma de postura al respecto como órgano colegiado.

Suscríbete para seguir leyendo