València, capital cultural 'low cost'
Sea una apuesta o ausencia de un plan, Valencia 'regala' a los visitantes la entrada a los principales contenedores culturales, a diferencia de otras ciudades que también optan por la tasa turística

Dos turistas en una exposición de la Fundación Bancaja. / Eduardo Ripoll
En 2025, el Centre del Carme Cultura Contemporània ha alcanzado una cifra histórica: 371.845 visitas, un 31,5 % más que el año anterior y el mejor registro desde su apertura como centro de arte contemporáneo. Antes de acabar el año ya había superado todas las marcas de la última década. El dato, celebrado por las instituciones, es aún más significativo si se observa el origen del público: el 35 % de los visitantes son extranjeros. Una proporción que confirma una tendencia sostenida y que se repite en otros grandes espacios.
Así, el Museo de Bellas Artes de València, considerado por muchos como la segunda pinacoteca de España por volumen y calidad de fondos, recibió en 2025 casi 251.000 visitantes, un 5 % más que el año anterior. De ellos, el 59 % procedía del extranjero, especialmente de países como Italia, Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania u Holanda. Es decir, más de la mitad del público que recorre gratuitamente una de las grandes colecciones de arte del país no reside en la Comunitat Valenciana. Y algo similar ha ocurrido con el IVAM, uno de los principales museos de arte contemporáneo en España, que en 2025 superó los 200.000 visitantes de los cuales casi la mitad eran extranjeros.

Visitantes en el Museo de Bellas Artes de València. / Eduardo Ripoll
Destino turístico y cultural
Estos tres ejemplos sirven para contextualizar una realidad cada vez más visible: València se ha consolidado como destino turístico y cultural internacional, pero lo ha hecho manteniendo un modelo de acceso gratuito a su patrimonio (caso del Centre del Carme y el Bellas Artes) o de precios muy reducidos (como el IVAM) que contrasta de forma notable con el de otras grandes ciudades españolas. Un modelo que seguramente favorece la accesibilidad y la democratización cultural, pero que también abre un debate incómodo sobre sostenibilidad, financiación y valor simbólico de la cultura.
Tal como señala el geógrafo y asesor cultural Vicent Molins, el problema no reside únicamente en los precios, sino en la lógica que los sustenta. “Esta ciudad se tiene que plantear por qué buena parte de sus instituciones culturales tienen precio cero o súper reducido. ¿Es una política de estímulo cultural o una forma de estirar las cifras?”, se pregunta.
Molins advierte de un patrón común en muchas ciudades españolas: medir el éxito cultural en términos cuantitativos. “Igual que medimos el éxito urbano por la cantidad de gente que entra por nuestros aeropuertos -una actitud del todo negligente-, tendemos a medir el éxito cultural por cuánta gente entra en nuestros equipamientos”. En su opinión, esta lógica está profundamente condicionada por el solapamiento entre cultura y turismo.
Desde una óptica complementaria, el arquitecto y urbanista Chema Segovia, colaborador de Econcult (Unidad de Investigación en Economía de la Cultura y el Turismo) de la Universitat de València, coincide en que la discusión no puede reducirse a una cuestión tarifaria. Sin embargo, introduce un matiz relevante: incluso en el caso de una eventual subida de precios, el impacto económico sería limitado. “En infraestructuras culturales de gran escala, el margen para corregir su dependencia estructural de la financiación pública a través de la taquilla es estrecho”, señala. El coste de mantener estos equipamientos es tan elevado que, a su juicio, el efecto recaudatorio de una subida tendría más peso simbólico que capacidad real de sostenerlos.
Segovia comparte el diagnóstico sobre los límites de esa lógica cuantitativa, pero alerta de otro posible efecto colateral: convertir los grandes equipamientos culturales en instrumentos de captación económica puede desplazar su sentido principal. “Las políticas de precios deberían priorizar criterios de inclusión, participación cultural, creación de vínculos y comunidad”, apunta, subrayando que el acceso económico no es el principal factor que explica quién participa y quién no en la vida cultural.

Cola para acceder al Museo de Cerámica en el Palau de Dos Aigües. / Eduardo Ripoll
Una ciudad transformada
Lo cierto es que la València de hoy -también la cultural- no puede entenderse sin su transformación turística. En 2024 la ciudad registró más de 6 millones de pernoctaciones y cerca de 2,42 millones de viajeros. Italia se situó como principal mercado emisor, seguida de Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. El aeropuerto alcanzó las 104 conexiones, 86 de ellas internacionales, y dejó atrás definitivamente la imagen de aeródromo periférico dependiente del tráfico nacional.
Este crecimiento no ha sido improvisado y en él sin duda ha tenido mucho que ver la oferta cultural que la ciudad ofrece a sus visitantes. València cuenta con cuatro reconocimientos de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco -Lonja de la Seda, Tribunal de las Aguas, Dieta Mediterránea y Fallas-, una red de 37 museos y centros culturales, 22 teatros, dos grandes auditorios públicos, rutas patrimoniales consolidadas y una oferta artística que, en términos cuantitativos y cualitativos, rivaliza con ciudades de mayor tamaño.
Sin embargo, la política de precios culturales parece no haberse actualizado al mismo ritmo que la ciudad. La cuestión es si esto es una apuesta cultural o, precisamente, responde a una desidia institucional, a la ausencia de un plan; si es un política de promoción dirigida a los nativos o si es una renuncia a poner en valor económico el patrimonio de una ciudad que se ha convertida en un polo efervescente europeo.
Mientras otros destinos -nacionales e internacionales- han ido ajustando tarifas conforme aumentaba la presión turística, València mantiene -e incluso refuerza- una imagen de cultura accesible, barata o directamente gratuita. Sin duda beneficia a los valencianos que quieren disfrutar de exposiciones, conciertos y representaciones teatrales, pero desaprovecha el potencial turístico de la ciudad aunque sea para mantener y mejorar sus infraestructuras culturales.
La contradicción es evidente. “Si muchas instalaciones culturales atraen turismo con constancia, negar el beneficio económico de esas visitas es discutir la máxima de que el turismo riega de beneficios nuestro entorno. Es la misma premisa que lleva a rechazar la tasa turística”, señala Molins. Para el experto, esos ingresos podrían revertir directamente en los propios equipamientos, reforzando su programación y su impacto social.
Efectivamente, en ese vector irrumpe el debate (permanentemente aplazado) de la tasa turística. Solo la ciudad de Barcelona ha recaudado 332 millones desde que este gravamen entró en vigor, en 2012. Solo con los ingresos del último año, va a climatizar 30 colegios. Italia podría situarse cerca de los 1.200 millones en 2025. Lejos de revertirla, los destinos que la implementaron están elevando los importes. En València, sin embargo, cada intento de introducir un gravamen al visitante que revierta en mejores servicios de transporte o limpieza se ha embarrado con prejuicios ideológicos.
Segovia introduce aquí una cautela adicional: subir precios no cambiaría sustancialmente los públicos, pero sí podría alterar la percepción social de estos espacios. “En los grandes equipamientos culturales, lo que determina que alguien vaya o no vaya no es tanto el coste de la entrada como factores culturales, sociales o educativos”, explica. En ese sentido, una subida podría aumentar la sensación de distancia respecto a instituciones que ya se perciben como ajenas por parte de algunos sectores de la ciudadanía.

Visitantes en el Centre del Carme. / L-EMV
La comparativa que revela la anomalía
La comparación entre València y otras grandes ciudades españolas resulta elocuente. Entrar al Museo de Bellas Artes de València (de titularidad estatal pero de gestión autonómica) no cuesta nada. Tampoco visitar el Centre del Carme (Generalitat). El IVAM, también autonómico, mantiene una entrada general de 5 euros, con abundantes descuentos y franjas gratuitas. El MuVIM, de la diputación, también es gratuito, como el reputado l’Etno, posiblemente el mejor museo de España sobre cultura popular. La casa Museo Benlliure y el Museo de la Ciudad, ambos del ayuntamiento, son apenas dos euros, y el de Cerámica, de titularidad estatal, tres.
Los precios de estos museos públicos contrastan con el Centro de Arte Hortensia Herrero, de iniciativa privada, con una entrada general de 12 euros, lo que no ha evitado un éxito rotundo. Y el acceso general a las exposiciones de la Fundación Bancaja cuesta 9 euros. Pero no solo los museos privados presentan precios equiparables a los de otras ciudades españolas. Las entradas del Museu de les Ciències y de L’Hemifèric, de titularidad autonómica, rondan los 7 euros, lo que no evitó que ambos sumaran en 2023 las 1,5 millones de visitas, de las cuales el 46 % correspondían a turistas extranjeros.
En Madrid, la situación es radicalmente distinta. El Museo del Prado cobra 15 euros por su entrada general; el Reina Sofía, 12; el Thyssen-Bornemisza -gestionado por una fundación que a su vez es regida por un patronato bajo control estatal-, hasta 14 euros según modalidad. Barcelona no se queda atrás: el MNAC ronda los 12 euros. Bilbao ha construido su imagen cultural alrededor del Guggenheim, cuya entrada general es también de 12 euros. Málaga, convertida en polo museístico del sur, sitúa el Museo Picasso entre los 12 y 13 euros.
Molins reconoce que los precios reducidos como los que se aplican en la ciudad de València pueden tener sentido en contextos concretos. “Podría ser pertinente al salir de la pandemia, como un electroshock para reconectar con el público. Pero mantenerlos indefinidamente suena a esos locales que aún conservan cartelería del covid”.
Segovia coincide en que las políticas coyunturales no deberían cronificarse y advierte de otro posible efecto: reforzar jerarquías culturales ya existentes. “Una política centrada en unas pocas grandes infraestructuras puede concentrar aún más la atención, el atractivo y la importancia simbólica”, señala. Frente a ello, defiende reconocer y reforzar la diversidad de la infraestructura cultural valenciana, también cuando se actúa desde ámbitos aparentemente externos a la política cultural, como la política turística.
En otras ciudades europeas, explica Molins, se están ensayando fórmulas más audaces: precios diferenciados para turistas y residentes, abonos locales o sistemas de contribución voluntaria. Pero en València, sin embargo, el debate apenas ha comenzado. Hay una excepción que no se ha trasladado al conjunto del sistema cultural: la Catedral, que mantiene tarifas muy reducidas para los residentes (un euro) mientras cobra 10 euros al visitante general.

Exposición en el IVAM. / Mikel Ponce
El valor simbólico
Esta diferencia entre València y otras ciudades sobre el valor que le da a su cultura no es solo económica, sino simbólica. Mientras en otras ciudades el acceso al patrimonio artístico se concibe como un servicio cultural con un valor económico explícito, en València la gratuidad se ha convertido en norma y no en excepción.
“De fondo podemos estar sedimentando la idea de que la cultura cae del cielo, que no tiene coste y que, por tanto, su valor puede relativizarse”, advierte Molins sobre la certeza de que, más allá de renunciar a una vía de financiación para la cultura y el patrimonio cultural valenciano a través del turismo, existe un riesgo menos tangible pero igual de relevante: la percepción social del valor cultural.
Segovia señala en que el precio, por sí solo, no resolverá ese problema de reconocimiento y podría incluso generar un efecto paradójico. “Las prácticas culturales que se verían afectadas por una subida de precios ya están ampliamente valoradas, incluso por quienes no participan en ellas”, explica. Subir precios, añade, no corregiría esa falta de reconocimiento, pero sí podría añadir una capa de distinción y superioridad simbólica a espacios que ya gozan de prestigio.
València ha vivido en los últimos años momentos que podían haber redefinido su relato cultural, como la Capitalidad Mundial del Diseño. Sin embargo, el modelo dominante parece orientarse hacia la aglomeración más que hacia la consolidación de un proyecto cultural con ambición cualitativa.
“La cultura no debería ser una herramienta para atraer más visitantes, sino un medio de cohesión y evolución para la sociedad local”, insiste Molins. El dilema no es menor: mantener la accesibilidad sin caer en la devaluación, aprovechar el tirón turístico sin subordinar la cultura a la lógica del volumen.
El patrón se repite en la música
El patrón de los museos se repite, aunque con matices, en el ámbito musical. El Palau de la Música, de propiedad municipal, ofrece conciertos por entre 9 y 19,50 euros, precios notablemente inferiores a los de auditorios equivalentes en Madrid o Barcelona. Incluso los abonos -que pueden superar los 1.000 euros en la categoría A- resultan más asequibles que los de otras grandes instituciones. En el Palau de les Arts, de titularidad autonómica, las cifras se elevan en el caso de la ópera, con entradas que van de los 87 a los 183 euros en estrenos, pero siguen siendo moderadas si se comparan con el Teatro Real, donde una ópera puede alcanzar los 487 euros, o con el Liceu, que en determinadas producciones supera los 300 euros por localidad.
Como ocurría en los museos con el caso del Centro de Arte Hortensia Herrero, el contraste es menos evidente para los espacios privados. Por ejemplo, ver a Anuel AA en el Roig Arena el pasado noviembre costaba en torno a 69 euros; en el Palau Sant Jordi propiedad del Ayuntamiento de Barcelona o en el Movistar Arena cuya titularidad pertenece a la Comunidad de Madrid, el precio iba de los 65 a los 75 euros.
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