Rovira se lleva a Hacienda la gestión de los archivos administrativos que hasta ahora gestionaba Cultura

El nuevo Decreto-ley 14/2025, de simplificación administrativa, aprobado por el Consell del PP, supone un reordenamiento del sistema archivístico y de bibliotecas valenciano, parte del cual pasa a estar bajo el control de la conselleria de Hacienda y no, como hasta ahora, de la de Cultura. Un cambio que, según ha denunciado Compromís, convertirá la “memoria colectiva” en “un mero expediente administrativo”.

Con este decreto, la Generalitat separa de forma expresa dos ámbitos que hasta ahora dependían íntegramente de Cultura: los archivos históricos y patrimonino documental, que siguen bajo la tutela de esta conselleria, y los archivos administrativos y gestión documental, que pasan a depender del área que ahora gestiona el conseller José Antonio Rovira, quien precisamente fue hasta hace unos meses titular de Cultura. Esto supone que los documentos generados por la Administración -expedientes, series documentales, archivos intermedios, documentación electrónica- dejan de gestionarse desde una lógica cultural y pasan a integrarse plenamente en el ámbito administrativo y económico.

Las razones del cambio

El propio decreto justifica el traslado de los archivos administrativos a Hacienda partiendo de la idea de que estos archivos no son una institución cultural, sino una herramienta interna de la gestión pública. El texto sostiene que los archivos deben responder a las necesidades informativas de la Administración, facilitar la rapidez en la toma de decisiones y garantizar una conexión permanente entre las unidades que producen los documentos y los órganos que los gestionan.

Además, el texto argumenta que el modelo anterior, con Cultura gestionando todo el sistema archivístico, no se adapta a las exigencias actuales de una Administración digitalizada, compleja y sometida a crecientes obligaciones de control, eficiencia y simplificación. Hacienda se presenta como el “órgano natural” para asumir estas funciones porque ya ejerce competencias transversales en organización administrativa, procedimientos, gestión económica, tecnologías corporativas y racionalización de recursos.

Eficiencia y coste

Desde el punto de vista jurídico, el decreto no elimina la conservación del patrimonio documental, pero sí desplaza el centro de gravedad de las decisiones hacia criterios administrativos, de eficiencia y coste. De este traslado funcional de competencias, con capacidad normativa y decisoria, Compromís ha criticado especialmente la decisión de situar la Junta Calificadora de Documentos Administrativos en el ámbito de Hacienda.

Este órgano es clave en cualquier sistema archivístico ya que es quien emite los dictámenes vinculantes sobre las tablas de valoración documental. Así pues, será Hacienda y no Cultura quién decida qué documentos se conservan de forma permanente, cuáles se eliminan y cuándo un documento deja de tener valor administrativo y pasa a histórico.

Para Compromís, este cambio no es neutro. Tal como ha señalado su portavoz de Cultura en Les Corts, Verónica Ruiz, “es la primera vez que la decisión sobre la conservación de documentos públicos deja de estar en manos de Cultura. Quien controla el presupuesto pasa a decidir qué recordamos y qué se olvida”.

Compromís también sostiene que este cambio implica además que la memoria administrativa deja de ser considerada patrimonio cultural -es decir, un derecho cultural y ciudadano- para pasar a tratarse como un simple recurso interno de gestión. Según Ruiz, el decreto no refuerza el acceso público a los archivos, no mejora la participación ciudadana, no incorpora una perspectiva de derechos culturales ni de memoria democrática, y se ampara exclusivamente en la “simplificación administrativa”.

Hacienda interviene en las bibliotecas

Desde esta óptica, el riesgo, según Compromís, no estaría tanto en una censura directa, sino en la priorización sistemática de criterios económicos, de espacio o de rapidez frente a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. “Gobernar no puede ser borrar”, ha advertido Ruiz,

En el caso de las bibliotecas, el decreto no realiza un traspaso tan claro como en los archivos administrativos, pero sí introduce una novedad relevante: la tutela, inspección y coordinación de bibliotecas pasa a corresponder a las consellerias competentes “en particular a las de Hacienda y Cultura, en el ámbito de sus respectivas atribuciones”.

De esta forma, Cultura sigue siendo la conselleria responsable de la política bibliotecaria, los servicios, las colecciones y la función cultural. Sin embargo, Compromís alerta de que esta redacción del decreto ley abre la puerta a una intervención creciente de Hacienda en aspectos que hasta ahora eran exclusivamente culturales: inspección, tutela, edificios, conservación y condiciones de funcionamiento. Para Ruiz, esto supone “una invasión competencial y un riesgo de mercantilización del patrimonio bibliográfico”.

Suscríbete para seguir leyendo