El Tribunal de Recursos desbloquea la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones para exponer los Sorolla en 2027

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha rechazado el recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) contra los pliegos del concurso público para la redacción del proyecto y la dirección de obra que había paralizado la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones de València, un contrato valorado en casi 1,94 millones de euros cuyo objetivo es la exposición en la antigua sede de Correos de más de 200 pinturas de Joaquín Sorolla propiedad de la Hispanic Society of America.

El recurso fue presentado en octubre de 2025 y, a consecuencia del mismo, el TARCR suspendió cautelarmente la licitación de la redacción del proyecto. Esto había obligado a la Generalitat a trasladar de forma provisional al Museo de la Ciudad el plan para exponer en València los Sorolla de la Hispanic. A este contrato solo se habían presentado dos candidatos, ambos en UTE: ERRE Arquitectura y Green Geometries Architects.

Antes de la suspensión cautelar, el objetivo tanto del gobierno autonómico como de la propietaria de las pinturas era que las obras con un coste de unos 17 millones de euros para transformar el Palacio de Comunicaciones en un centro expositivo se iniciasen a principios de este año, con el objetivo de que los Sorolla se mostrasen allí a principios de 2027 o incluso a finales de 2026.

Objetivo: 2027

Según anunció la semana en este periódico el director de la institución norteamericana, Guilleume Kientz, el objetivo es que las primeras pinturas se muestren en este emplazamiento antes de verano, pero que la exposición completa se realice ya en 2027 en el Palacio de Comunicaciones por un periodo de al menos ocho años.

El recurso del COACV cuestionaba varios aspectos clave de la licitación convocada por la Generalitat, entre ellos los criterios de adjudicación, los plazos de ejecución, los requisitos de solvencia, el sistema de honorarios y el procedimiento elegido, solicitando que el contrato se adjudicara mediante un concurso de proyectos con jurado y no por procedimiento abierto.

Fue la propia Generalitat la que defendió en su día la conveniencia de agilizar al máximo las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Correos y, por ello, incluyó en el contrato una cláusula que valora la mejora del plazo de redacción de la documentación técnica mediante la reducción de los plazos parciales, "sin que ello implique una merma en la calidad, el contenido o los entregables exigidos en los pliegos".

Sin embargo, el COACV sostenía que los plazos fijados en la licitación era insuficientes e irracionales dada la complejidad del proyecto. "No se tiene en cuenta que la antigua sede de Correos es un elemento patrimonial importante en la ciudad y que el Palacio de las Comunicaciones es un elemento llamado a perdurar en el tiempo -justificaban las fuentes del CACV-. Lo primero que hay que hacer un analisis de patologías y deficiencias, y solo con eso ya consumes los plazos que han dado para el proyecto".

No afectan a los profesionales

El Tribunal, sin embargo, no ha entrado a valorar el fondo de las reclamaciones y ha inadmitido el recurso por falta de legitimación activa, al considerar que el Colegio profesional no ha demostrado que las cláusulas impugnadas afecten de forma directa y específica a los intereses colectivos de los arquitectos.

Así, la resolución sostiene que muchas de las cuestiones planteadas por el COACV se refieren a aspectos de “mera legalidad ordinaria”, que afectan por igual a todos los posibles licitadores y no exclusivamente a los arquitectos como colectivo profesional.

En concreto, el Tribunal considera que los criterios de adjudicación, incluido el peso otorgado al plazo de entrega y a la calidad arquitectónica, no vulneran los derechos profesionales de los arquitectos. También que los plazos fijados para redactar la documentación técnica no impiden ni limitan de manera objetiva la participación del colectivo.

Además, el TACRC sostiene que los requisitos de solvencia técnica responden a la discrecionalidad técnica de la administración y no discriminan a los profesionales representados por el Colegio de Arquitectos, y señala que el sistema de honorarios y la inclusión de determinados gastos no suponen un perjuicio específico para la profesión.

Levanta la suspensión cautelar

Por último, la resolución recoge que la elección del procedimiento abierto frente al concurso de proyectos con jurado tampoco restringe la participación de los arquitectos. Según el Tribunal, para que un colegio profesional esté legitimado para recurrir, debe existir un impacto claro y directo sobre los intereses profesionales del colectivo, lo que no ocurre en este caso.

Como consecuencia de la inadmisión del recurso, el Tribunal levanta la suspensión cautelar que había paralizado parcialmente el procedimiento desde noviembre de 2025. De este modo, la licitación puede continuar su tramitación con normalidad. La resolución agota la vía administrativa, aunque el Colegio de Arquitectos todavía puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses.

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