Incertidumbre sobre los festivales en la Ciutat de les Arts de València: qué pasa con tus entradas

El fallo que obliga al Ayuntamiento de València a actuar frente al ruido generado por los eventos musicales en la Ciutat de les Arts i les Ciències ha abierto un escenario de incertidumbre que va mucho más allá del pulso entre administración, promotores y vecinos. En juego están también los derechos de miles de consumidores que ya han comprado entradas para festivales y conciertos previstos allí en los meses de junio y julio y que ahora podrían verse alterados o incluso cancelados.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8, que reconoce las molestias acústicas denunciadas por los residentes y obliga al consistorio a tomar medidas -incluida la posible revocación de autorizaciones o la reubicación de los eventos- afecta de lleno a citas multitudinarias como el Festival de les Arts, el BigSound, Love the 90’s o el concierto de Jean-Michel Jarre. Todos ellos han vendido ya un alto porcentaje de sus abonos, lo que sitúa a miles de asistentes en una posición delicada ante posibles cambios de última hora.

El Festival de les Arts prepara el montaje de los escenarios

Interlocución con la promotora

Desde el punto de vista legal, la primera clave es clara: la relación contractual del consumidor es directamente con la empresa organizadora del evento. Así lo explica Francisco Rodríguez Baixauli, abogado y secretario de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, quien subraya que, en caso de cancelación, “a quien tiene que reclamar el consumidor es a la promotora, que es con quien ha adquirido la entrada”. Es decir, independientemente de que el origen del problema esté en una resolución judicial que señala a la administración, el interlocutor inmediato para el afectado será siempre la empresa organizadora.

Sin embargo, el abanico de escenarios posibles es amplio y no todos implican necesariamente la devolución automática del dinero. Una de las opciones si finalmente el ayuntamiento opta por cumplir la sentencia sin paralizar los eventos, es la reubicación de los festivales en otros espacios de la ciudad. En ese caso, podrían producirse modificaciones en fechas, aforos o incluso en el cartel de artistas. “El consumidor adquiere la entrada en gran medida por los artistas que van a actuar. Si hay cambios sustanciales, debería poder resolver el contrato y recuperar el importe”, señala Baixauli.

También podría darse una reducción del aforo si no se encuentra un espacio alternativo con capacidad suficiente para albergar a las cerca de 20.000 personas que suelen congregar estos festivales, aunque fuentes del sector advierten de que actualmente no existe en València un espacio con capacidad y disponibilidad suficiente para acoger macroeventos de estas características en las fechas previstas. Por otra parte, reubicar estos festivales con un aforo reducido abre otro frente de conflicto: cómo decidir qué asistentes mantienen su entrada y cuáles quedan fuera. “No es una cuestión sencilla. El consumidor que ha comprado tiene una expectativa legítima de acceso al evento”, advierte el jurista.

El peor de los escenarios

El peor de los escenarios, no obstante, es el de la cancelación sin alternativa viable. En ese caso, la promotora estaría obligada a devolver el importe de las entradas, pero la experiencia reciente invita a la cautela. El precedente del Diversity Festival -que se iba a celebrar en julio de 2022 también en la Ciutat de les Arts- es especialmente ilustrativo. Tras su cancelación por parte del promotor apenas unos días antes de su celebración y el posterior concurso de acreedores, los afectados apenas recuperaron entre un 7 % y un 12 % del dinero abonado. “Cuando la empresa no tiene recursos suficientes y desaparece o entra en concurso, el gran perjudicado es el consumidor”, lamenta Baixauli.

Este riesgo no es menor si se tiene en cuenta que las promotoras suelen realizar importantes inversiones previas en contratación de artistas, infraestructuras o alquiler de espacios. Si esas inversiones ya se han ejecutado y el evento no puede celebrarse, la liquidez para afrontar devoluciones masivas puede ser insuficiente. A ello se suma que en un procedimiento concursal los consumidores compiten con otros acreedores, como proveedores o promotores, lo que reduce aún más sus posibilidades de recuperar el dinero.

Entradas, aviones, hoteles...

Más complejo todavía es el caso de los gastos asociados, como reservas de hoteles o desplazamientos. Aquí, las opciones de reclamación se reducen considerablemente. “Es difícil exigir responsabilidades a la promotora por estos costes adicionales, porque puede alegar causa de fuerza mayor”, explica el presidente de la Unió de Consumidors. Tampoco resulta sencillo dirigir la reclamación contra la administración -el Ayuntamiento por no haber garantizado que se cumpliera la normativa o la Generalitat y CACSA como responsable de conceder las autorizaciones-, salvo que se pueda acreditar un perjuicio claro y directo.

El papel del Ayuntamiento, precisamente, será determinante en la evolución de los acontecimientos. El consistorio puede recurrir la sentencia, aceptarla y negociar con los vecinos o, en el escenario más drástico, cancelar las autorizaciones ya concedidas. En paralelo, se ha anunciado la creación de una mesa de diálogo con la Generalitat, CACSA y los promotores para buscar soluciones. “Lo ideal es que todas las partes se sienten y encuentren alternativas que eviten perjuicios, especialmente para el consumidor, que es quien menos culpa tiene”, insiste Baixauli.

Calma, pero rapidez

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los asistentes, muchos de ellos procedentes de fuera de la ciudad y con viajes ya planificados. Desde las asociaciones de consumidores se pide calma, pero también rapidez en la toma de decisiones. “Es fundamental dar certezas cuanto antes para evitar una situación de preocupación generalizada”, apuntan.

La crisis reabre además un debate de fondo sobre la seguridad jurídica en el sector de los festivales. Desde la Unió de Consumidors recuerdan que situaciones similares ya se han producido en el pasado y reclaman mecanismos que garanticen el dinero de los usuarios, como ocurre en otros ámbitos. “No puede ser que el consumidor adelante el dinero y, si algo falla, se quede sin nada. Ya pasó con la vivienda y se reguló con avales. Aquí habría que plantear algo similar”, concluye Baixauli.

Suscríbete para seguir leyendo