La Generalitat busca alternativas con los festivales mientras el Ayuntamiento exige ahora cumplir la normativa

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha mantenido esta mañana una reunión con los promotores de los eventos programados en este espacio de la ciudad y cuya continuidad peligra por las molestias que provocan a los vecinos.

Al mismo tiempo que se producía esta reunión, la alcaldesa de València, María José Catalá subrayaba en una comparecencia de prensa que la voluntad del Ayuntamiento es que "se cumpla la ordenanza de contaminación acústica, que no se autoricen en ese espacio actividades que superen los decibelios marcados en esa ordenanza y que se intente trabajar para la reubicación de este tipo de festivales en entornos que no generen molestias para los vecinos que han visto perjudicados sus derechos fundamentales".

Aunque la encargada de otorgar las licencias a los conciertos es la Generalitat, el ayuntamiento es la única institución a la que la sentencia del Contencioso-Administrativo condena por haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad y a la integridad moral y le obliga a adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de los residentes y a pagarles una indemnización

Rebajar el volumen

La primera edil ha remarcado que el consistorio no ha participado en la reunión con los promotores y que no interviene en el contrato entre CACSA y los festivales porque la Ciutat de les Arts tiene "libertad absoluta para firmar este tipo de contratos sin intermediar el Ayuntamiento". Eso sí, el consistorio ha remitido un escrito instando a la Generalitat a que prohiba cualquier actividad en el recinto que incumpla la normativa en materia de contaminación acústica y que, en su caso, busque alternativas para estas actividades.

Cabe recordar que la ordenanza establece que el umbral máximo de decibelios para los conciertos es de 90 dBA y que los umbrales máximos establecidos para transmisiones por vía aérea al ambiente interior domiciliario han de ser 45 dBA nocturnos y 55 dBA diurnos, límite que no se cumplía en el interior de las viviendas de los vecinos de la Ciutat de les Arts. Así pues, para que el ayuntamiento no pudiese vetar los conciertos en este espacio, los promotores tendrían que rebajar el volumen de las actuaciones o tomar otro tipo de medidas que podrían pasar por la instalación de pantallas acústicas, tal como han apuntado profesionales del sector. En caso contrario, sí tendrían que buscar antes del mes de junio ubicaciones alternativas.

Catalá: Les Arts se ha "aventurado"

Fuentes consultadas explican que Cacsa, entidad responsable de los contratos con los festivales, y los empresarios del Festival de les Arts, Love the 90's y BigSound Festival han estado estudiando diferentes alternativas ante la sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de los residentes, entre ellas la posible revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos, además de indemnizar con 3.000 euros a cada uno de los 46 demandantes.

En este encuentro, en el que no ha participado el consistorio, las distintas partes han mostrado su disposición a negociar distintas alternativas, aunque la principal opción para los festivales es mantener la ubicación en la Ciutat de les Arts. De hecho, tal como ha publicado este miércoles Levante-EMV, el Festival de les Arts está informando a las personas que han comprado entradas o abonos para la próxima edición -el 5 y 6 de junio- que está tendrá lugar en su espacio habitual.

A este respecto, la alcaldesa ha señalado que, en su opinión, el Festival de les Arts "se ha aventurado" al ofrecer esta información. "Es importante que CACSA reciba la instrucción de ejecución de la sentencia del Ayuntamiento, que es lo que pasó ayer, y que hable con los promotores en los términos en los que el Ayuntamiento ha fijado la ejecución de una sentencia", ha insistido Catalá

La alcaldesa también ha anunciado que, si bien la sentencia judicial no es firme, aunque se presentara un recurso contra ella no sería "suspensivo", y por tanto la resolución "ya es de obligatorio cumplimiento del ayuntamiento". Por tanto, ha insistido en que la corporación municipal ejecutará la sentencia.

Preguntada por si la voluntad de cumplir la sentencia implica que seguro que el Festival de Les Arts no se celebrará en Cacsa, la primera edil ha insistido en que "hacer cumplir la sentencia es que no se puedan producir espectáculos que superen unos decibelios determinados y todo el mundo sabe que hay actividades que son de determinada contaminación acústica y otras son de otra".

La alcaldesa ha subrayado que "lo importante es llegar a un acuerdo que genere tranquilidad a los vecinos, certeza a los que han comprado sus entradas y una buena experiencia a los que han gastado su dinero en un festival y quieren vivirlo en unas condiciones".

"Daremos una respuesta"

Desde que se hizo público el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han insistido en que trabajan para encontrar soluciones que permitan compatibilizar la actividad cultural con el derecho al descanso vecinal.

La alcaldesa de València, María José Catalá, aseguró el lunes que el consistorio está trabajando para ofrecer una respuesta a las miles de personas que ya han adquirido entradas. “Quien haya comprado su entrada tendrá una solución a esta circunstancia”, afirmó, subrayando que se actuará con “sentido común y sensatez”.

En paralelo, la Generalitat -a través de CACSA, entidad responsable de los contratos con los festivales- ha iniciado contactos con los promotores musicales para analizar posibles alternativas. Fuentes del complejo han confirmado que se mantienen conversaciones tanto con el Ayuntamiento como con las empresas organizadoras con el objetivo de alcanzar una solución “que no decepcione a las miles de personas que han comprado entradas”.

No obstante, ninguna de las administraciones ha concretado todavía en qué consistirá esa solución ni si implicará reubicaciones, limitaciones de aforo o cambios en las condiciones de los eventos previstos entre mayo y julio.

Los vecinos exigen que se cumpla la sentencia

Frente a esta incertidumbre, los vecinos que promovieron la demanda han reiterado que su objetivo es que la resolución judicial se ejecute, independientemente de que el Ayuntamiento decida recurrirla.

La sentencia obliga al consistorio a adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de los residentes, entre ellas la posible revocación de autorizaciones o la reubicación de eventos, además de indemnizar con 3.000 euros a cada uno de los 46 demandantes.

Los residentes han manifestado su intención de solicitar la ejecución provisional del fallo si fuera necesario, con el fin de garantizar que las medidas se adopten de forma inmediata. Según su representación legal, el hecho de que la sentencia afecte a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio implica que un eventual recurso no suspendería su cumplimiento.

Además, los vecinos han reiterado su rechazo a soluciones parciales como la simple reducción de horarios o decibelios, defendiendo que la única medida eficaz es el traslado de los eventos fuera del entorno residencial.

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