La negativa del ayuntamiento a los conciertos en Les Arts abre un pulso con promotores y Generalitat

La sentencia que obliga al Ayuntamiento de València a hacer cumplir la normativa acústica por el ruido que provocan los festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències ha puesto frente a frente al consistorio y la Generalitat por la responsabilidad de las molestias y la obligación de buscar alternativas a estos eventos.

La Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) recibió ayer la resolución MG-293 del consistorio que "ordena el cese inmediato y la prohibición de cualquier actividad que se desarrolle en el recinto que suponga el incumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica". Los servicios jurídicos de la Ciutat de les Arts i les Ciències han analizado dicha resolución "y van a solicitar unas aclaraciones al Ayuntamiento de València", según ha explicado el ente autonómico que gestiona este espacio y que concede los permisos para la celebración de los festivales.

Fuentes cercanas a la negociación destacan la determinación del consistorio en impedir que finalmente el espacio del cauce nuevo del río acoja conciertos, pese a que es la Generalitat la que ha de conceder las licencias como propietaria del recinto.

Malestar entre los promotores

De hecho, y según las mismas fuentes, entre los promotores hay malestar por la falta de interlocutores del ayuntamiento con los que negociar una solución a la situación creada por la sentencia y consideran que el consistorio tratará de impedir que eventos como el Festival de les Arts -que ayer seguía anunciando la celebración de la edición de 2026 en su ubicación habitual-, el BigSound o el Love the 90s se celebren aunque se cumpla la normativa y se consiga no molestar a los vecinos.

La situación se produce tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 que obliga al Ayuntamiento de València a adoptar medidas para evitar que el ruido de los festivales celebrados en la Ciutat de les Arts i les Ciències vulnere los derechos fundamentales de los vecinos. El fallo establece que el consistorio deberá garantizar el cumplimiento de la normativa acústica, lo que podría implicar la reubicación de eventos o la revocación de autorizaciones, además del pago de 3.000 euros a cada uno de los 46 demandantes.

Cese inmediato

En ejecución de esta resolución, el Ayuntamiento remitió este mismo martes a la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) una orden que insta al cese inmediato de cualquier actividad que incumpla la normativa de contaminación acústica. Desde el consistorio, la alcaldesa María José Catalá insistió ayer en que la voluntad municipal es que se cumpla la ordenanza y que no se autoricen eventos que superen los límites establecidos, al tiempo que ha defendido la necesidad de buscar ubicaciones alternativas que no generen molestias en zonas residenciales.

Esta situación ha abierto un nuevo foco de tensión entre el Ayuntamiento y la Generalitat, administraciones que parecen mantener posiciones distintas sobre las posibles soluciones. Mientras el consistorio recuerda que es Cacsa —dependiente del gobierno autonómico— la entidad que firma los contratos con los promotores y concede los permisos de uso del recinto, desde la Generalitat se han solicitado aclaraciones sobre el alcance de la orden municipal y se ha defendido que en los últimos años ya se han adoptado medidas para reducir el impacto acústico, como la disminución del número de eventos, la reducción de horarios y la eliminación de conciertos que finalizaban de madrugada.

En paralelo, la Generalitat, a través de Cacsa, ha iniciado contactos con los promotores para analizar posibles soluciones que permitan compatibilizar la actividad cultural con el descanso vecinal. En los últimos días se han mantenido reuniones entre ambas partes para estudiar alternativas como la reducción del volumen, la instalación de pantallas acústicas u otras medidas correctoras, aunque fuentes del sector reconocen la dificultad técnica de cumplir los límites establecidos por la ordenanza en un espacio abierto y con conciertos dirigidos a miles de personas.

Impacto económico

El posible veto o limitación de los festivales en este recinto también abre interrogantes sobre el impacto económico que tendría su traslado o cancelación. Los grandes eventos musicales programados en la Ciutat de les Arts congregan a decenas de miles de asistentes y generan actividad en sectores como la hostelería, el turismo o el transporte, además de empleo directo e indirecto vinculado a la producción de los espectáculos.

A esta complejidad se suma la dificultad de encontrar en la ciudad espacios alternativos capaces de acoger eventos de gran formato. Festivales como los que se celebran habitualmente en la Ciutat de les Arts reúnen a cerca de 20.000 espectadores por jornada, lo que exige recintos con amplias superficies, accesos adecuados, capacidad logística y suficiente distancia respecto a zonas residenciales, unas condiciones que no resultan fáciles de reproducir en otros puntos del término municipal.

Mientras tanto, los vecinos que promovieron la demanda han reiterado que su objetivo es que la sentencia se ejecute en su integridad y han mostrado su rechazo a soluciones parciales como la reducción de horarios o decibelios, defendiendo que la única medida eficaz pasa por trasladar los festivales fuera del entorno residencial. Además, han advertido de que solicitarán la ejecución provisional del fallo si fuera necesario para garantizar que las medidas se adopten de forma inmediata.

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