Katia Fach Gómez, jurista: «La Dama d’Elx no es el Partenón, pero su regreso tampoco sería un disparate»

Detrás de muchas de las obras más admiradas en museos como el Louvre, el Museo Británico o el Metropolitan de Nueva York se esconde un pasado incómodo. Piezas emblemáticas como los mármoles del Partenón, el busto de Nefertiti o los bronces de Benín fueron arrancadas de sus lugares de origen en contextos de guerra, colonialismo o extrema desigualdad, y hoy siguen siendo objeto de reclamaciones. En Arte secuestrado, la jurista Katia Fach Gómez analiza junto a Catherine Titi estos desplazamientos desde una perspectiva jurídica, política y ética. Tras este trabajo, admite que su forma de entrar en un museo ha cambiado de manera significativa.

Reconoce que escribir el libro ha sido “un camino largo” y también “un proceso de abrir los ojos a determinadas cuestiones”. Aunque seguirá visitando museos porque se considera una usuaria habitual de la cultura, confiesa que ahora lo hace con “una mirada más crítica”. Ya no contempla las piezas desde la ingenuidad con la que lo hacía en su infancia, cuando aceptaba sin cuestionar el relato oficial que se le ofrecía. “No se te ocurría pensar que había otra cara que quizá no aparecía en las cartelas”, explica, subrayando la necesidad de revisar el discurso tradicional de las instituciones culturales.

Una de las ideas más incómodas que atraviesa su investigación es que muchas piezas se obtuvieron conforme a los usos y costumbres de su tiempo. Sin embargo, la jurista matiza que no siempre se trataba de leyes en sentido estricto. “Yo matizaría: no tanto conforme a leyes, sino a los usos y costumbres de la época”, señala. En el contexto colonial, si las potencias europeas consideraban legítimo conquistar territorios, ese proceso incluía también arrasar templos, centros religiosos y palacios para apropiarse de los objetos que albergaban. “En ese pack entraba también llevarse las piezas que había en ellos”, resume.

Los grandes museos suelen defender que custodian el patrimonio de la humanidad y que permiten una lectura comparada de las culturas, pero Fach Gómez considera que este discurso empieza a resquebrajarse. “Cada vez hay más gente que percibe grietas en ese argumento”, afirma. No le parece razonable que instituciones con enormes cantidades de obras almacenadas, muchas sin catalogar ni exponer, se nieguen a cualquier restitución y continúen adquiriendo más piezas. A su juicio, la sociedad reclama revisar este planteamiento, sobre todo en el caso de obras icónicas como Nefertiti, los mármoles del Partenón o los bronces de Benín.

En relación con el Partenón, descarta que una devolución parcial pueda resultar satisfactoria. Cree que Grecia no quedaría conforme con una restitución incompleta y recuerda que su coautora ha demostrado que “no hubo autorización válida para llevarse esas piezas”. Frente a las propuestas de préstamos o intercambios, sostiene que “la única opción moral es la devolución total”. Fach Gómez añade que su compañera está convencida de que los mármoles regresarán a Atenas y cree que “nosotras mismas lo veremos”. La gran incógnita es cuándo, aunque expresa su deseo de que, una vez restituidos, “no volvieran a moverse”.

Uno de los temores recurrentes es que una devolución siente un precedente peligroso y provoque una avalancha de reclamaciones. Sin embargo, la jurista considera este escenario “un poco distópico”. Parte de la base de valorar el trabajo de los museos y de asumir que “la mayoría de las piezas tienen un título legítimo”. En su libro se centran únicamente en casos muy concretos, aquellos en los que el desplazamiento presenta dudas claras desde el punto de vista histórico, jurídico y ético.

Para Fach Gómez, no se puede establecer una regla general sobre la restitución, ya que cada caso es distinto. “Hay que estudiar el contexto histórico, cómo se produjo el desplazamiento y también la realidad política actual”, señala. En su opinión, para que se produzca una devolución debe darse una conjunción de factores jurídicos, políticos y morales. Las restituciones voluntarias recientes, como las de los bronces de Benín o las piezas devueltas por Países Bajos a Indonesia, demuestran que “el factor moral es clave”.

En España, este debate suele polarizarse, algo que la jurista lamenta. Considera que en otros países europeos el análisis ha sido más sosegado y profundo, como en Bélgica, donde se ha revisado críticamente el relato colonial de sus museos. “Se hace un flaco favor al patrimonio si reducimos el debate a blanco o negro”, advierte. Además, subraya que es falso que la restitución sea solo una cuestión ideológica, ya que gobiernos de distinto signo han mantenido posturas similares en casos como el de Sigena.

Al abordar la situación de la Dama d’Elx, que desde hace décadas se exhibe en el Museo Arqueológico de Madrid pese a las reclamaciones para que vuelva, aunque sea temporalmente, a la ciudad en la que fue encontrada, introduce importantes matices. Desde el punto de vista jurídico, no la considera comparable al Partenón, ya que la escultura regresó a España en 1941 mediante un intercambio y fue el régimen franquista el que decidió su ubicación en Madrid. “No procede de un expolio local”, aclara. Sin embargo, como ciudadana, no se opone a su regreso a Elx. De hecho, asegura que su regreso "tampoco sería un disparate» y asegura que “no me parecería mal ver la vitrina vacía en el Museo Arqueológico con una explicación de por qué ha retornado a su lugar de origen”.

Más problemático resulta el caso del retablo del Centenar de la Ploma, conservado en Londres desde finales del siglo XIX, que considera un ejemplo claro de “autoexpolio”. Se trata de ventas realizadas en contextos de enorme desigualdad y pobreza, en los que existía una fuerte asimetría de información. “Muchas piezas salieron así de España”, recuerda, y añade que hoy ese tipo de operaciones “no serían legales”. Por ello, defiende la necesidad de investigar a fondo cómo se produjo la salida del retablo.

Respecto a la legitimidad de las administraciones valencianas para reclamar una obra de este tipo, Fach Gómez admite que se trata de una cuestión más política que jurídica. Existen precedentes de reclamaciones formales, como la de Colombia por el Tesoro Quimbaya, que España ha rechazado por considerar válido el título de adquisición. En último término, concluye, “muchas decisiones se toman por oportunidad política”, lo que evidencia hasta qué punto el patrimonio cultural se encuentra en la intersección entre el derecho, la ética y la diplomacia.

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