Los promotores de los festivales exigen una reunión urgente con Catalá y Cacsa para dar una solución a los 80.000 abonos

Cuatro entidades promotoras de los principales festivales que se celebran en València se han reunido esta mañana para ir todos a una y exigir al ayuntamiento que dirige María José Catalá y a la Ciutat de les Arts i les Ciències una solución consensuada que dé respuesta a las 80.000 personas que han comprado entradas para sus eventos.

Promfest, MúsicaProCV, PROFest y Fotur, en representación de sus asociaciones y de los promotores afectados por la sentencia contra el ruido promovida por vecinos del entorno de Cacsa, piden esa solución conjunta tras dos semanas de polémica y posiciones enfrentadas: por un lado, el Ayuntamiento de València decidido a no apelar la resolución judicial y hacer cumplir con lo dictado y, por otra, los festivales dispuestos a seguir celebrándose en el mismo lugar pero cumpliendo con los baremos acústicos.

En este último punto se centra la reflexión que hacen los promotores. Subrayan que tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el consistorio a Cacsa no impiden, por sí mismas, celebrar estos encuentros festivos, sino que plantean que su desarrollo deba estar ajustado a la legislación vigente: que el sonido en origen se sitúe entre 85 y 90 decibelios pero que cuando el ruido llegue a las zonas internas de los edificios residenciales no supere los 45 decibelios nocturnos. Es decir, tienen que reducirse a la mitad.

Así que el planteamiento de las entidades es ajustarse a esa normativa que, a priori y de conseguirlo, no boicotearía la celebración de estos festivales. Además, explican que no han recibido ninguna notificación por parte de Cacsa que prohíba hacerlos si se garantiza el cumplimiento, si bien los servicios jurídicos de la institución se encuentran estudiando a fondo la sentencia a fin de encontrar una salida beneficiosa para todos los agentes implicados y, sobre todo, el público que ya ha adquirido cualquiera de estas entradas.

Ese es, pese a todo, el mayor problema en estos momentos. Las cuatro empresas promotoras aseguran que hay 80.000 personas que han adquirido un abono para los tres festivales que iban a celebrarse en este enclave: Les Arts, Bigsound y Love the 90's. Los usuarios de l'Umbracle y Mya también se verán afectados porque la empresa concesionaria de las fiestas en esta discoteca y terraza ya han cancelado algunos eventos y se encuentran valorando cómo proceder en las próximas semanas.

Por ahora, los festivales siguen programados y vendiendo entradas con normalidad "con el objetivo de trasladar tranquilidad a los compradores de entradas mientras no exista una instrucción formal en el sentido contrario", señalan en un comunicado.

Esa incertidumbre no deja de generar inquietud en esos 80.000 compradores de entradas, pero también a los 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a estos eventos y a los propios promotores, "que continúan sin ser recibidos por las administraciones implicadas pese a la dimensión económica, laboral, turística y cultural del problema". Esa compraventa de entradas se traduce en otra cifra no menos astronómica: los 40 millones de impacto económico que estos tres encuentros festivos aportan a la ciudad.

40 millones de impacto para València

Según trasladan las entidades firmantes, esos 40 millones de euros directos al Cap i Casal están en juego, además de 2 millones de euros de recaudación para Cacsa y miles de puestos de trabajo asociados a la celebración de estos grandes festivales. A su juicio, esta situación pone además en entredicho la marca proyectada por el ayuntamiento como “Valencia Music City”, así como el modelo de turismo musical y de festivales que la Generalitat viene presentando como una referencia en España.

Las asociaciones subrayan además que no está en juego únicamente la celebración de unos eventos concretos, sino también una parte relevante del ecosistema de actividades musicales y culturales que contribuye a la identidad, la proyección exterior y la capacidad de atracción de València. Con la virtual cancelación de estos tres festivales y el cierre parcial de l'Umbracle, una decena de locales de ocio de València ven peligrar también su actividad normal en terrazas al vulnerar los mismos principios fundamentales que defiende esta sentencia.

Además, las entidades firmantes defienden que la actividad empresarial e industrial que generan durante meses moviliza a artistas, técnicos, proveedores y empresas auxiliares, reforzando a València como una ciudad capaz de acoger grandes propuestas musicales y diferenciándose de otras ciudades de España. "Por eso, prolongar esta indefinición supone dañar no solo la economía vinculada al sector, sino la credibilidad cultural de la ciudad", señalan

Reunión no solo conjunta, también "inmediata"

Ante esta situación, Promfest, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR insisten en la necesidad de que todas las partes implicadas se sienten de manera inmediata para encontrar una solución conjunta que permita dar certidumbre al sector, proteger el empleo, preservar la actividad económica asociada a los festivales, defender su dimensión cultural e industrial y evitar un mayor deterioro de la imagen de València como destino musical y cultural. Lamentan que la reunión prevista con el consistorio para el pasado 7 de abril fuera cancelada días antes por el ayuntamiento, según se les comunicó, por problemas de agenda.

Para las citadas asociaciones, “resulta incomprensible que, con más de 80.000 asistentes afectados, 8.000 trabajadores pendientes y decenas de millones de euros en juego, las administraciones sigan sin sentarse con el sector para buscar una solución seria, conjunta e inmediata”.

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