De los 130 decibelios en Viveros a los 45 en Les Arts: la evolución judicial ante el ruido de los festivales en València
Una sentencia de 2008 desestimó la denuncia de un vecino por el ruido de los conciertos de la Feria de Julio, pero la nueva decisión judicial prioriza el respeto a los límites sonoros en el interior de los domicilios
Concierto de la Feria de Julio en los jardines de Viveros. / Germán Caballero
La reciente decisión judicial que obliga al Ayuntamiento de València a adoptar medidas frente al ruido de los festivales en el entorno de la Ciutat de les Arts ha reabierto el debate sobre la tolerancia sonora en la ciudad.
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 insta al consistorio a que actúe tras constatar que viviendas próximas a la Ciutat de les Arts registran niveles de hasta 80 decibelios (dBA) durante la celebración de eventos musicales en este recinto entre los meses de mayo a julio. Según recoge el fallo, estos niveles superan ampliamente los límites tolerables fijados por la normativa municipal, que establece máximos de 45 dBA nocturnos y 55 dBA diurnos para el interior de viviendas.
Esta ordenanza entró en vigor en mayo de 2023, días antes de las elecciones que desembocaron en el cambio de gobierno de Compromís-PSPV a PP-Vox, y endurece los límites de sonido para los conciertos al aire libre celebrados en València. Así lo demuestra otra sentencia dictada en 2008 que, en este caso, rechazaba la denuncia de un vecino por las molestias que le provocaban los concierto de la Feria de Julio en Viveros.
Situación especial
En aquel caso, el tribunal desestimó el recurso presentado por un vecino que solicitaba la reubicación de los conciertos pese a que las mediciones periciales reflejaban niveles sonoros de entre 56 y 85 dBA en el exterior de su vivienda en torno a las 23.20 horas.
El tribunal consideró entonces que, aunque los niveles generales de ruido permitidos se habían superado, debía aplicarse la regulación prevista para “situaciones especiales”, como eventos festivos o manifestaciones populares. En esos casos, la ordenanza municipal permitía niveles de hasta 130 dBA, un umbral que, según la sentencia, no se había alcanzado.
El fallo reconocía que el ruido había ocasionado “molestias evidentes”, especialmente para personas con problemas de salud, pero concluía que no se había producido una infracción normativa al mantenerse los niveles dentro de los límites permitidos para actos extraordinarios. Además, el tribunal entendía que celebraciones cíclicas como la Feria de Julio debían considerarse dentro de estos supuestos especiales, aunque se repitieran cada año.
De la permisividad festiva a la protección residencial
La comparación entre ambas resoluciones evidencia un cambio significativo en el enfoque judicial y social frente al impacto acústico de los eventos musicales.
Mientras que en 2008 el eje del debate giraba en torno a si se alcanzaba el límite máximo excepcional de 130 dBA, en la situación actual el foco se sitúa en el impacto real sobre las viviendas y el respeto a los niveles máximos permitidos en su interior, incluso cuando se trata de eventos musicales autorizados.
La normativa municipal vigente fija un límite máximo de 90 dBA para los conciertos, un nivel que promotores y artistas consideran ya ajustado para el desarrollo de actuaciones musicales. De hecho, a quienes apuntan en el sector que con ese umbral es inviable organizar conciertos "audibles" en recintos para 20.000 espectadores como puede ser la audiencia del Festival de les Artes, el BigSound o el Love the 90's.
Sin embargo, las mediciones actuales en viviendas cercanas a la Ciutat de les Arts -en torno a 80 dBA- sitúan el problema no solo en el volumen del escenario, sino en la transmisión acústica hasta el interior de los domicilios.
Un debate que vuelve al centro de la agenda urbana
El contraste entre ambos escenarios refleja también la transformación del modelo urbano y del ocio musical en València en las últimas décadas, con festivales cada vez más multitudinarios y tecnológicamente complejos.
En la sentencia relativa a Viveros, el tribunal ya apuntaba que la Feria de Julio había evolucionado notablemente desde sus orígenes, con cambios tanto en los contenidos como en los medios acústicos empleados. Sin embargo, entendía que esa evolución no impedía considerar estos eventos como parte de la tradición festiva de la ciudad.
Hoy, el debate se desplaza hacia el equilibrio entre la actividad cultural y el derecho al descanso de los residentes, un conflicto que vuelve a situar a los festivales musicales en el centro de la discusión pública y jurídica en València.
"El juez nos pide revocar una autorización que no existe"
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se pronunció ayer de nuevo sobre la reciente sentencia judicial referente a la contaminación acústica sufrida por los vecinos debido a los espectáculos celebrados en el entorno de la Ciutat de les Arts. Pese a que el Ayuntamiento ya ha comenzado los trámites para dar cumplimiento al fallo, la primera edil cuestionó parte de los fundamentos de la resolución judicial, afirmando que "el juez nos pide una revocación de una autorización que no existe".
Catalá confirmó que el equipo de gobierno no descarta presentar un recurso no tanto por estar en desacuerdo con la sentencia o la indemnización que el consistorio ha de pagar a los vecinos, sino por esta supuesta incongruencia en el fallo. Según ha explicado la alcaldesa, el motivo de esta posible acción legal no sería el fondo del asunto -la protección de los derechos de los vecinos-, sino el hecho de que el Ayuntamiento de València no es quien otorga las autorizaciones para estos eventos.
"Nosotros no firmamos los contratos con los promotores en Cacsa y no damos ninguna autorización", recordó Catalá, insistiendo en que el consistorio se encuentra en la tesitura de tener que revocar un permiso que nunca llegó a emitir. No obstante, declaró que la interposición de dicho recurso no suspendería los efectos de la sentencia, la cual debe ejecutarse de forma inmediata al tratarse de una vulneración de derechos fundamentales.
En respuesta al mandato judicial, el Ayuntamiento ya ha remitido una resolución a Cacsa instando a la entidad a que inicie conversaciones con los promotores de los festivales para buscar alternativas y posibles reubicaciones de los eventos previstos. La Generalitat, por su parte, se ha limitado a mostrar su rechazo a los eventos que no cumplan con el "límite de contaminación acústica que establece el Ayuntamiento de València". Es decir, no prohíbe los festivales en Les Arts, pero la condiciona a una normativa difícil de cumplir.
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