Catalá redobla la presión a los promotores y pide a la Generalitat que se encargue de la medición del sonido

Casi cuatro semanas después de la polémica sentencia que fuerza a los conciertos, festivales y discotecas de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) a cambiar su escenario por las molestias al descanso a los vecinos, sigue sin haber una salida clara y pactada entre las administraciones y los promotores que solucionen el futuro de tres festivales que han vendido 80.000 abonos. El Ayuntamiento de València, a través de su alcaldesa María José Catalá, se mantiene firme en la idea de que el descanso vecinal es prioritario y, por tanto, la sentencia debe cumplirse a rajatabla. Para ello ha instado a la Generalitat -de quien depende Cacsa- a acatarla y a realizar las mediciones acústicas necesarias a través de su Policía Autonómica en caso de que los promotores quieran mantener la localización. La única manera será cumpliendo con los 85 decibelios marcados en la normativa municipal.

"Cumplir desde ya"

"La sentencia debe cumplirse desde ya y no se va a poder celebrar nada que supere la ordenanza. Además, en el contexto de Cacsa, será la policía autonómica quien controle la contaminación acústica que se esté produciendo en ese momento, y nosotros como ayuntamiento estaremos pendientes", ha dicho la alcaldesa.

Además, ha asegurado que hay alternativas en la ubicación de estos festivales y le consta que se están valorando, como ya han hecho los de FAR València al trasladar el concierto de Jean-Michel Jarre a la Marina Nord, una circunstancia que es factible porque el aforo no es tan grande como el del Festival de Les Arts o el Big Sound. La alcaldesa espera que pronto "haya tranquilidad para los que han comprado las entradas de estos eventos", que tienen unas circunstancias "difíciles" para que se celebren en el centro de la ciudad.

La excepcionalidad de las Fallas

No sucede así con las Fallas o la Feria de Julio, como la misma alcaldesa ha reconocido, porque en estos casos está prevista otorgar una "excepcionalidad" a la normativa de contaminación acústica municipal.

El PSPV pide modificar la norma

Por su lado, los socialistas en la oposición han exigido una ordenanza específica que regule los conciertos al aire libre en València, que sea capaz de conciliar el derecho a la cultura con el derecho al descanso del vecindario. La concejala Maite Ibáñez ha denunciado "el abandono del gobierno de Català al sector musical" y ha anunciado que el jueves por la tarde se reunirá con las empresas promotoras afectadas por la sentencia.

Preguntada por esta propuesta, Catalá ha descartado redactar una ordenanza nueva porque la actual ya ha sido convenientemente modificada para regular horarios y circunstancias especiales. Además, ha vuelto a recordar que la sentencia hace referencia a eventos que no los gestiona el ayuntamiento, sino la Generalitat, por lo que no tienen mando en plaza para actuar, más allá de ofrecer la coordinación de la Policía Local.

El museo de Nino Bravo, más cerca

La alcaldesa también se ha referido a los trámites para que València acoja el museo de Nino Bravo, siguiendo con la voluntad de la familia del cantante. Català ha asegurado que se han producido diversas reuniones donde les has trasladado varias propuestas que el consistorio está estudiando, y ha ratificado la voluntad del consistorio "de acoger el legado de este referente musical".

Será en los próximos meses cuando se pueda avanzar en esta materia y conocer la ubicación que se ha pensado para trasladar el archivo desde Aielo de Malferit a València.

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