El Festival de les Arts levanta el escenario y abre una incógnita: sonar bajo, incumplir o arriesgarse a una cancelación

El Festival de les Arts ha empezado el montaje de su escenario principal en el lago junto al museo de la Ciutat de les Arts i les Ciències mientras los técnicos municipales revisan el estudio acústico entregado por la promotora y remitido por Cacsa, que debe acreditar que la música no vulnerará la ordenanza municipal.

El inicio del montaje no confirma por sí solo que el festival vaya a celebrarse los próximos 5 y 6 de junio, pero sí despeja una de las principales dudas de las miles de personas que han comprado sus abonos: la organización mantiene su apuesta por la ubicación habitual. Otros eventos afectados por la sentencia del ruido han optado por marcharse, como Bigsound, Love the 90’s o I Love Reggaeton.

¿Cuándo llega la autorización?

La confirmación definitiva podría apurarse hasta los días previos. La autorización de uso del espacio corresponde a Cacsa, sociedad pública dependiente de la Generalitat y gestora de la Ciutat de les Arts, un complejo cuyas actividades están declaradas de interés general. Ese régimen singular explica que sea Cacsa quien ceda u autorice la ocupación del recinto, pero no elimina las competencias municipales de control, inspección y disciplina acústica, reforzadas por la sentencia que condena al ayuntamiento por no haber evitado la vulneración de derechos de los vecinos.

La alcaldesa, María José Catalá, recordó este jueves que los organizadores cuentan con contrato suscrito con Cacsa para ocupar el espacio, pero subrayó que el consistorio sigue revisando el estudio acústico y el resto de documentación técnica. Ese examen es clave porque un evento de estas características debe acreditar que cumple las condiciones exigidas para espectáculos temporales con instalaciones desmontables: proyecto o memoria técnica, planes de evacuación y emergencia, instalación eléctrica, seguro de responsabilidad civil, control de aforo y medidas específicas contra el ruido. Además, la OCA, un organismo externo de control o certificación que inspecciona escenarios, torres, vallados, instalaciones eléctricas o dispositivos de seguridad, no podrá emitir un informe favorable o desfavorable hasta que esos elementos estén montados.

Si el 5 de junio Cacsa mantiene la autorización de uso del recinto y los informes técnicos no detectan incumplimientos que impidan la apertura, el Festival de les Arts podría empezar con normalidad. Aun así, la celebración quedaría condicionada al cumplimiento efectivo de la normativa acústica durante los conciertos. La sentencia dictada en marzo ordena al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para impedir que se repita la vulneración de derechos fundamentales de los vecinos.

El Festival de les Arts inicia montaje en la Ciutat de les Arts y Ciències de València

Ver galería

Los tres posibles escenarios

A partir de ahí se abren varios escenarios. El primero es que el festival funcione con los límites sonoros fijados por la documentación técnica y que las mediciones acrediten que no se superan los niveles permitidos en las viviendas cercanas. Ese sería el único supuesto pacífico: el evento se celebraría en su ubicación habitual y el Ayuntamiento podría defender que ha cumplido el mandato judicial mediante controles preventivos y vigilancia durante las actuaciones.

El segundo escenario es que el festival arranque con el sonido limitado desde los escenarios, pero que aun así se superen los niveles de inmisión sonora en las viviendas próximas. Ese es el punto crítico, porque la ordenanza no solo atiende al volumen emitido desde el recinto, sino también al ruido que llega a los domicilios. Un informe acústico de Cacsa ya advertía en 2021 de la dificultad de compatibilizar un concierto multitudinario en ese entorno con los límites residenciales.

El tercer escenario es que, una vez iniciado el festival, la música supere los límites de emisión o las condiciones impuestas. Preguntado por Levante-EMV, el Ayuntamiento no quiso adelantar qué medidas adoptaría en ese caso. Fuentes consultadas señalan que podría requerir la reducción inmediata del volumen, ordenar el cese de la emisión sonora, levantar acta de infracción y abrir expediente sancionador. Si el incumplimiento fuera grave o persistente, también podría suspender el espectáculo o impedir la segunda jornada.

Cualquier actuación de ese tipo tendría una enorme complejidad operativa por la presencia de miles de personas. La interrupción de un concierto no implica necesariamente el desalojo inmediato del festival, pero sí exigiría coordinar a la organización, los servicios de seguridad y las fuerzas policiales. Otra posibilidad sería permitir que concluyera la primera jornada y no autorizar la segunda, aunque esa opción sería jurídicamente delicada especialmente para el ayuntamiento si las mediciones ya hubieran acreditado una nueva vulneración del derecho al descanso.

La promotora, por su parte, se enfrentaría en caso de incumplimiento a un expediente sancionador, con multas de hasta 60.000 euros, suspensión o prohibición de la actividad, clausura temporal e incluso inhabilitación para organizar espectáculos en los supuestos más graves.

¿Qué pasa con las entradas?

También se abriría el debate sobre la devolución de las entradas. Las condiciones generales del Festival de les Arts prevén el reembolso íntegro si se produce una cancelación total antes del inicio o una modificación sustancial. Si la suspensión o interrupción llega una vez comenzado por causas que no sean de fuerza mayor, la devolución sería parcial y proporcional al grado de ejecución del evento. En cambio, si la cancelación o modificación se produce después de haber empezado y por causas de fuerza mayor no imputables a la promotora, las condiciones establecen que no se devolverá el importe de las entradas.

Que una eventual suspensión la ordene la administración no convierte automáticamente ese supuesto en fuerza mayor. La promotora podría alegarlo al tratarse de una decisión administrativa externa, pero esa interpretación sería discutible si la medida deriva del incumplimiento de los límites acústicos o de la falta de garantías suficientes para cumplir la ordenanza.

Francisco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, coincide en que la situación de incertidumbre genera una grave indefensión para el usuario y teme que el festival se convierta en un nuevo Diversity, aquel festival que también se iba a celebrar en Cacsa y que se canceló en junio de 2022. Aunque los consumidores obtuvieron sentencias favorables, no pudieron recuperar su dinero debido a la insolvencia o la entrada en concurso de acreedores de la promotora.

No obstante, Rodríguez cuestiona que se pueda recurrir a la "fuerza mayor" para evitar los reembolsos si la cancelación deriva de problemas acústicos conocidos de antemano. "Ya sabían todo esto mucho antes porque era parte del procedimiento judicial".

Suscríbete para seguir leyendo