Los vecinos amenazaron al Ayuntamiento y la Generalitat con acciones penales si se celebraba el Festival de Les Arts

La cancelación del Festival de les Arts en su segunda jornada podría no haber cerrado el conflicto entre las administraciones, los promotores y una comunidad de vecinos desde que en marzo se dictara la sentencia que obligaba a garantizar el descanso vecinal. Cuatro días antes de la celebración del festival, la comunidad amenazó al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana, responsable de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con acciones judiciales, incluso penales, en el caso de que llegara a celebrarse el evento, como finalmente acabó ocurriendo.

El escrito, firmado el lunes por el bufete de abogados contratado por vecinos de la avenida Profesor López Piñero, daba 48 horas para cancelar el festival. Concretamente, para acordar "las medidas precisas para que no se realicen dichas actividades contaminantes, ya que su ubicación actual es incompatible con el uso residencial del área de que se trata, uso que es preferente". Sin embargo, las administraciones no solo no frenaron el festival en el plazo dado por los vecino sino que este llegó a celebrarse el viernes incumpliendo las limitaciones de ruido para acabar siendo cancelado al día siguiente. Por ello, se desconoce si finalmente los representados por el despacho jurídico han materializado su amenaza.

El requerimiento se definía como un "último intento", según reza el documento al que ha teniddo acceso Levante-EMV, pero en realidad se trataba de una advertencia tanto a los responsables municiapales como autonómicos para que no alegaran más tarde "desconocimiento" de los posibles delitos en los que se habría incurrido. "No existe duda del conocimiento por parte de los requeridos del perjuicio que ocasiona la inactividad y la tolerancia de las actividades contaminantes", expresaba el escrito, que apuntaba hasta a seis delitos "dada la reiteración de la actividad denunciada" y "el caso omiso a las resoluciones judiciales y a requerimientos previos": el de desobediencia grave a la autoridad, el delito contra el medio ambiente, la prevaricación ambiental, deltios de lesiones y coacciones y el de omisión de impedir otros delitos.

El escrito insistía en que el espectáculo no tenía "título municipal habilitante" y que no se había tenido en cuenta como interesados a los vecinos ni se había dado trámite de audiencia en ningún procedimiento municipal de autorización, lo que suponía la "indefensión" de la comunidad vecinal y, por tanto, a juicio de los abogados, "solo" procedía "ordenar la suspensión de los espectáculos públicos" de los días 5 y 6 de junio. Además, el bufete recordaba la sentencia de marzo, basada en datos periciales que habían acreditado que eventos como el Big Sound Festival y conciertos, así como la discoteca Umbracle, habían generado niveles de ruido inaceptables de hasta 80 decibelios, superando "con creces los umbrales máximos permitidos (45 dBA nocturnos)", y recordaba que la competencia en el control de ruido es del Ayuntamiento.

Finalmente, el evento se llegó a celebrar el viernes con todos sus conciertos. Aunque el volumen de las primeras actuaciones estuvo muy contenido, lo que provocó las sonoras quejas del público, al final de la noche el ruido aumentó y, según los técnicos municipales, llegó a superar en 25 decibelios el máximo permitido. Así, la Ciudad de las Artes y las Ciencias obligó al a suspensión el sábado por haber incumplido el contrato que tenía con los promotores y donde figuraba que la vulneración de las limitaciones de ruido comportaría la cancelación del evento.

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