La Generalitat blinda la operación Sorolla de la Hispanic con una garantía de 300 millones

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 presentado el pasado 29 de mayo incorpora una disposición adicional que autoriza al Consell a asumir garantías de hasta 300 millones de euros para bienes o colecciones culturales vinculados a un mismo programa expositivo. Aunque el texto no menciona de forma expresa la llegada a València de la colección de Joaquín Sorolla de la Hispanic Society de Nueva York, fuentes del gobierno valenciano confirman que la medida se ha diseñado para dar cobertura a una de las piezas más sensibles de la operación: la protección de obras de altísimo valor durante su transporte, depósito y exhibición.

La disposición adicional décima novena del proyecto presupuestario fija que, durante el ejercicio 2026, el importe total acumulado de los compromisos otorgados por la Generalitat respecto de bienes o colecciones arrendados por la propia administración no podrá superar los 500 millones de euros. Dentro de ese límite global, el texto establece una teórica segunda barrera: los compromisos específicos para bienes o colecciones destinados a su exhibición, depósito o integración en un mismo programa expositivo no podrán exceder los 300 millones de euros. Además, la garantía máxima por una sola obra queda limitada a 60 millones. Aun así, y según figura también en la disposición, el Consell puede elevar excepcionalmente esos topes por razones de extraordinario interés cultural, patrimonial o museístico.

Paraguas financiero

En la práctica, la norma crea un paraguas financiero para que la Generalitat pueda responder por eventuales incidencias sobre bienes culturales que no son de su propiedad, pero que se exhiben bajo su responsabilidad. No es una partida de gasto directo ni una transferencia inmediata, sino de un compromiso público de cobertura ante posibles daños, pérdidas o siniestros sobre obras arrendadas. Es, por tanto, una especie de garantía institucional imprescindible para operaciones museísticas de gran valor económico y patrimonial, como la llegada de la colección Sorolla de la Hispanic.

La conexión con el proyecto de la Hispanic resulta evidente si se atiende al recorrido normativo de los últimos meses. El Consell ya modificó la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para permitir que la Generalitat pueda arrendar colecciones de bienes muebles sin necesidad de comprarlas. Esa reforma fue presentada como una medida de “extraordinaria y urgente necesidad” para dar cobertura legal al arrendamiento de las más de 220 obras de Sorolla mediante contrato privado y canon anual.

El acuerdo marco firmado con la Hispanic contempla el pago de un canon de 1,15 millones de euros anuales, sujeto a incrementos, por un mínimo de 221 pinturas durante cuatro años prorrogables otros cuatro. La estimación total de la operación puede alcanzar los 15 millones de euros, a lo que hay que añadir otros costes asociados como transporte, seguros, museografía, conservación y seguridad. La nueva disposición presupuestaria completa ahora ese armazón: si el decreto-ley abrió la puerta al alquiler de la colección, los presupuestos fijan la capacidad de garantía para cubrir su llegada y permanencia en València.

Garantía para el Museo de la Ciudad

El texto presupuestario también resulta relevante por otro detalle. La disposición permite que la exhibición, depósito o destino museístico de las colecciones arrendadas se produzca no solo en museos o espacios de la Generalitat, sino también en instituciones de otras administraciones públicas o en entidades públicas o privadas ubicadas en territorio valenciano. Esa redacción encaja con la solución provisional elegida para la colección Sorolla mientras se desbloquea la futura sede prevista en el Palacio de las Comunicaciones: el Museo de la Ciudad, propiedad del Ayuntamiento de València.

Tal como ha adelantado Levante-EMV, la previsión con la que trabaja la Generalitat es que las obras lleguen a València en octubre y que los trabajos de adecuación, montaje y diseño museográfico en el edificio municipal permitan abrir la exposición al público la última semana de noviembre. Antes deberán cerrarse contratos como el transporte aéreo de las piezas, cuyo coste se sitúa en torno a los 400.000 euros, así como la museografía, encargada a Francisco Bocanegra.

Lo que inicialmente se planteaba como una transición corta en el Museo de la Ciudad, de unos seis meses, se alargará al menos tres años por los problemas que arrastra la rehabilitación del antiguo edificio de Correos. La mesa de contratación de la Generalitat ha propuesto excluir a la UTE encabezada por ERRE Arquitectura, que había quedado como adjudicataria del contrato para redactar el proyecto y dirigir las obras de rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones. Al no quedar ninguna otra licitadora admitida, la mesa plantea declarar desierta la licitación, una opción que obliga a preparar un nuevo procedimiento para continuar con el proyecto, cuyo presupuesto estimado de obras asciende a 17,3 millones de euros.

Consecuencias del bloqueo

El bloqueo tiene consecuencias directas. Sin proyecto técnico ni dirección de obra adjudicados, la transformación del Palacio de las Comunicaciones vuelve a la casilla de salida. Primero fue el recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, que paralizó cautelarmente la licitación hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo rechazó. Ahora, superado aquel obstáculo, la exclusión de la única oferta que seguía viva vuelve a comprometer el calendario. La Generalitat tendrá que licitar de nuevo y eso empuja todavía más lejos la apertura de la sede definitiva.

En ese contexto, la garantía de hasta 300 millones incluida en los presupuestos adquiere una importancia mayor. No solo blinda el traslado inicial de la colección desde Nueva York, sino también su larga estancia en el Museo de la Ciudad, que se convertirá de facto en el primer museo Sorolla de la operación Hispanic. La provisionalidad deja de ser un paréntesis y pasa a ser el escenario real del proyecto durante al menos tres años, mientras se redacta de nuevo el proyecto del Palacio, se adjudican las obras y se ejecuta una rehabilitación compleja.

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