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Análisis

La Generalitat instala la cultura en la inestabilidad permanente

El departamento ha tenido en tres años tres consellers, tres secretarias autonómicas, tres directores generales, tres responsables de patrimonio y varios relevos al frente del IVC, el Consorci y el IVAM

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira.

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, y el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira. / Manuel Bruque

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Voro Contreras

Voro Contreras

València

La dimisión de Álvaro López-Jamar como director general del Institut Valencià de Cultura ha vuelto a dejar al gran organismo cultural de la Generalitat en situación de interinidad. Su salida, a petición propia y en pleno clima de desgaste por las críticas acumuladas desde distintos sectores profesionales, es el último episodio de una legislatura en la que la cultura valenciana se ha acostumbrado a trabajar con organigramas provisionales, cambios de criterio, direcciones recién llegadas y la sensación de que la administración vive más pendiente de recomponerse que de planificar. La conselleria ha anunciado la convocatoria de un nuevo concurso público para sustituir a López-Jamar, pero, por ahora, será el también recién nombrado director general de Cultura, Ignacio Prieto, quien asuma las competencias del IVC.

El dato resume un problema que va más allá del IVC. En apenas tres años han pasado por el área de cultura de la Generalitat tres consellers, tres secretarias autonómicas, tres directores generales de Cultura, tres responsables de Patrimonio, dos directores del IVC, dos adjuntos de Artes Escénicas, tres de Música y tres de Cinematografía. A esa cadena hay que añadir el cambio de dirección en dos de las principales instituciones culturales de la Generalitat, el IVAM y el Consorci de Museus, ambas con nuevos responsables en esta legislatura. Frente a ese movimiento casi permanente, solo el Palau de les Arts -donde se encarrila la continuidad de Jesús Iglesias- y el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, con Gemma Contreras al frente, mantienen una línea de continuidad previa al cambio político. También sigue Pablo González Tornel en el Museo de Bellas Artes de València, de titularidad estatal pero gestión autonómica.

Carlos Mazón, Vicente Barrera y Susana Camarero, en la barrera.

Carlos Mazón, Vicente Barrera y Susana Camarero, en la barrera. / Francisco Calabuig

Alternancia y denuncias

Una parte de esa sacudida puede explicarse por la alternancia política. Tras las elecciones autonómicas de 2023, el PP llegó al Consell con Vox como socio y el área de Cultura quedó en manos de Vicente Barrera. El relevo de Compromís por un partido de ultraderecha hacía previsible que no hubiera confianza política en cargos nombrados durante la etapa anterior, incluso cuando habían accedido mediante concursos públicos. Así ocurrió con Abel Guarinos en el IVC, Roberto García en Artes Escénicas, Francesc Felipe en Cinematografía o Marga Landete en Música. Eran ceses que respondían, al menos en parte, a una lógica de sustitución de equipos y de redefinición ideológica de la política cultural. Eso sí, el nuevo gobierno tardó más de medio año en ejecutarlos.

Pero esa explicación no basta para entender la magnitud de lo ocurrido. En el caso del director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, la Generalitat justificó su destitución en noviembre de 2023 por supuestas irregularidades y mala praxis, pero una sentencia declaró después improcedente su despido. La decisión, por tanto, quedó judicialmente debilitada y reforzó la lectura de quienes vieron en aquel relevo una operación política contra un modelo de gestión cultural profesionalizada. Pérez-Pont fue sustituido un mes después por el aún gerente del Consorci y del Centre del Carme, Nicolás Bugeda.

En el IVAM, la salida de Nuria Enguita tuvo otra naturaleza: no fue cesada por Vox, pero sí dimitió después de que la propia conselleria la denunciara por la donación de unos terrenos. Las diligencias fueron archivadas apenas un mes después, pero el daño institucional ya estaba hecho. Blanca de la Torre fue elegida posteriormente por concurso público, abriendo una nueva etapa en el museo que ha incluido también un relevo en la dirección adjunta, que hasta el pasado noviembre ocupaba Sonia Martínez y ahora ostenta Kristine Guzmán.

Concentración contra la destitución de Perez Pont en el Centre del Carme el pasado mes de noviembre.

Concentración contra la destitución de Perez Pont en el Centre del Carme el pasado mes de noviembre. / Miguel Ángel Montesinos

Y la inestabilidad sigue

También hay relevos que responden a crisis políticas ajenas a la gestión cultural. Barrera no abandonó la Conselleria por una evaluación de su política cultural, sino por la ruptura de Vox con el PP en los gobiernos autonómicos a cuenta de la política migratoria. Su salida en julio de 2024 arrastró a su equipo de confianza: Paula Añó en la Secretaría Autonómica, Sergio Arlandis en la Dirección General de Cultura y Pilar Tébaren Patrimonio. La llegada de José Antonio Rovira, ya en un gobierno del PP en solitario, supuso otro reajuste, aunque Tébar fue recuperada como secretaria autonómica. Más tarde, la dimisión de Carlos Mazón y la llegada en diciembre de 2025 de Juanfran Pérez-Llorca abrieron una nueva remodelación: Rovira pasó a Hacienda, Carmen Ortí asumió Educación y Cultura , Marta Alonso ascendió a secretaria autonómica y Blanca Camarena ocupó Patrimonio.

El problema es que, superada la fase de relevo político, la inestabilidad ha seguido. Miquel Nadal, nombrado por Rovira como director general de Cultura y mantenido por Ortí, dejó el cargo el pasado mayo para dirigir en la diputación la Institució Alfons el Magnànim. Su sustituto, Ignacio Prieto, procede de la subdirección de Gestión del IVC y ha sido concejal del PP, pero llega al cargo sin una trayectoria cultural comparable a la de otros responsables del área. La Dirección General de Cultura, que debería marcar estrategia, coordinación y prioridades, vuelve así a cambiar de manos en medio de la legislatura y todavía asume más competencias al haberle delegado la dirección interina del IVC.

Álvaro López-Jamar, Pílar Tébar y María José Mora.

Álvaro López-Jamar, Pílar Tébar y María José Mora. / L-EMV

Las consecuencias

El IVC concentra buena parte del síntoma. La destitución de Abel Guarinos en febrero de 2024 abrió una nueva etapa que debía estabilizarse con López-Jamar, nombrado dos meses después. Sin embargo, su mandato se ha cerrado poco más de dos años después y tras un periodo de fuerte contestación sectorial. Antes, en septiembre de 2024, la conselleria ya había destituido a Joan Cerveró y María Fuster como directores adjuntos de Música y Audiovisuales apenas cinco meses después de su nombramiento. Sus sustitutos, Beatriu Traver y Luis Gosálbez, sí han continuado, al igual que María José Mora en Artes Escénicas. Pero el mensaje para el sector fue claro: ni siquiera los procesos recién cerrados garantizaban estabilidad mínima.

Las consecuencias de ese vaivén no son solo nominales. En cultura, los tiempos administrativos rara vez coinciden con los tiempos de la creación. Una ayuda que se retrasa, una programación que se rediseña tarde o una dirección artística que llega pocos meses antes de un festival afectan a compañías, productoras, músicos, cineastas, galerías y profesionales autónomos. Cinema Jove ofrece un ejemplo elocuente: la edición de 2025 tuvo que salir adelante con un contrato de corta duración para su anterior director, Carlos Madrid, y su sustituta, María Albiñana, no fue designada hasta febrero de 2026, apenas unos meses antes de la edición de junio. Puede que la institución funcione, pero lo hace con márgenes cada vez más estrechos.

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