Nuevo frente abierto entre València y la Generalitat por el ruido de los conciertos tras una actuación de Chayanne

Nuevo frente abierto entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat a cuenta del ruido de los grandes conciertos. El consistorio ha ordenado el archivo de unas actuaciones abiertas por las molestias acústicas derivadas del concierto de Chayanne celebrado el pasado año en la Plaza de Toros y ha acordado remitir el expediente a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, al entender que es la administración autonómica la competente para tramitarlo.

La resolución, firmada por la tercera teniente de alcalde de Recursos Humanos y Acción Vecinal, Julia Climent, deja sin efecto la incoación del procedimiento sancionador que el propio Ayuntamiento había dictado el pasado 11 de junio contra la mercantil promotora del evento por una denuncia de contaminación acústica levantada por la Policía Local. Los hechos se remontan al 22 de mayo de 2025, a las 23.30 horas, durante el concierto del artista puertorriqueño celebrado en el coso de la calle Xàtiva.

El expediente municipal sostiene ahora que, por la tipología del espectáculo público, la autorización corresponde a la Generalitat, de acuerdo con la Ley 14/2010 de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Y añade que la Ley valenciana de protección contra la contaminación acústica atribuye la competencia sancionadora al órgano autonómico cuando el instrumento de intervención administrativa que habilita la actividad sea también competencia autonómica. Por ello, el ayuntamiento concluye que no puede continuar con el procedimiento y ordena remitir a la conselleria tanto el acta-denuncia de la Policía Local como el informe de sonometría anexo.

Hace más de un año

La decisión se produce cuando ya ha pasado un año de aquel concierto, pero apenas unas semanas después del choque institucional generado por la cancelación del Festival de les Arts, convertido ya en el principal precedente del nuevo escenario abierto por las quejas vecinales contra los eventos musicales de gran formato. En aquel caso, el conflicto estalló tras una sentencia dictada en marzo que condenó al Ayuntamiento de València por no haber protegido de forma eficaz los derechos de los vecinos afectados durante años por los ruidos de festivales, conciertos y otras actividades de ocio en el entorno de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

A partir de ahí, el ayuntamiento defendió que una cosa era la obligación de controlar el cumplimiento de la normativa acústica y otra la autorización de los festivales en un recinto gestionado por CACSA, empresa pública dependiente de la Generalitat. La alcaldesa, María José Catalá, lo expresó de forma tajante tras la cancelación de Les Arts: “Nosotros no firmamos con los promotores la programación de Les Arts. Les Arts es una gestión de CACSA, que es una gestión de la Generalitat. Nosotros no autorizamos y, por tanto, no revocamos ni tampoco firmamos con los promotores”.

La Generalitat, por su parte, trató de situar la suspensión en el terreno del cumplimiento administrativo. El president Juanfran Pérez Llorca afirmó que CACSA recibió aquel sábado “un requerimiento por parte del Ayuntamiento de València que pedía la suspensión inmediata” del festival. “Nosotros hemos cumplido una orden”, recalcó entonces, defendiendo que la sociedad pública se había limitado a “respetar las resoluciones judiciales y respetar la ley”.

Un recinto de la diputación

El expediente de Chayanne traslada ahora ese debate a otro escenario sensible: la plaza de toros. No se trata de la Ciutat de les Arts ni de un recinto gestionado por CACSA, pero el fondo vuelve a ser el mismo: quién autoriza, quién controla, quién sanciona y qué administración debe responder ante las molestias vecinales. El Ayuntamiento, que fue señalado judicialmente en el caso de la Ciutat de les Arts por su falta de actuación eficaz frente al ruido, marca ahora distancia en el caso del coso taurino y apunta directamente a la Generalitat como órgano competente para tramitar la denuncia.

Además, en este caso podría aparecer una tercera administración en el tablero: la Diputación de València. La institución provincial es la propietaria de la plaza de toros y la que explota el recinto como espacio para espectáculos, aunque este año la programación musical es mucho más reducida que en ejercicios anteriores. Esa condición añade complejidad a un conflicto que ya no se limita a la relación entre el Ayuntamiento y la Generalitat, sino que afecta al modelo de uso de algunos de los grandes espacios urbanos de la ciudad.

En pleno debate

El caso llega, además, en pleno debate sobre el futuro de los grandes conciertos al aire libre en València. La sentencia que dio la razón a los vecinos de la Ciutat de les Arts ha cambiado las reglas de juego. Los límites acústicos, antes gestionados con mayor flexibilidad, han pasado a condicionar la viabilidad de festivales y grandes conciertos. Les Arts quedó herido tras su cancelación. Bigsound se trasladó a Torrent y ha demostrado que una salida puede estar fuera de la capital. Love the 90s e I Love Reggaeton probaron la alternativa del estadio Ciutat de València, con resultado desigual. La Marina Nord ofrece aforos más limitados. La Marina Sur está condicionada por obras y usos. La plaza de toros tiene restricciones de programación y un difícil encaje urbano. Y la ZAL del puerto, señalada por algunos promotores como posible solución a largo plazo, no cuenta con apoyo político.

En ese mapa incierto, la plaza de toros aparecía como uno de los pocos recintos céntricos capaces de acoger conciertos de gran formato. Pero su ubicación, rodeada de viviendas y en pleno corazón urbano, también la convierte en un espacio vulnerable a las quejas vecinales y a los límites de ruido.

Mientras tanto, el calendario musical valenciano se estrecha. Los conciertos de Viveros tendrán que demostrar que no todo el directo al aire libre está amenazado si se mantiene en formatos de 5.000 o 10.000 espectadores. Pero los grandes eventos, los que necesitan aforos muy superiores y una potencia sonora difícil de compatibilizar con zonas residenciales, siguen sin una ubicación clara dentro de la capital.

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