El jefe de gabinete de la Generalitat envió a Sagunt un informe que situaba por error el festival en el Ciutat de València

La cancelación del festival Blackworks, que debía celebrarse este fin de semana en el Port de Sagunt, ha dejado sin música electrónica a más de 8.000 personas que ya habían comprado su entrada, pero también ha abierto una crisis política dentro de la Generalitat. José Francisco Pérez Rodríguez, hasta ahora jefe de gabinete de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, presentó este jueves su dimisión después de que Levante-EMV desvelara que el pasado martes remitió al Ayuntamiento de Sagunt documentación técnica del evento “en nombre de la Generalitat Valenciana” para intentar desbloquear una cita que carecía de los permisos necesarios y cuyo montaje acababa de ser paralizado por la Policía Local.

El festival Blackworks Open Air estaba anunciado para los días 11 y 12 de julio en el entorno del Horno Alto número 2 y la Nau de la antigua siderurgia del Port de Sagunt. La promotora había vendido ya más de 8.000 entradas y había presentado el enclave como uno de los grandes atractivos del evento, una producción de estética industrial vinculada al hard techno. Sin embargo, el certamen no contaba ni con la licencia municipal de actividades del Ayuntamiento de Sagunt ni con autorización autonómica para ocupar la explanada protegida junto a la Nau, cuya titularidad corresponde a la Generalitat.

La crisis se acelera

La crisis se aceleró el martes 7 de julio. Apenas unas horas después de que este periódico publicara que el montaje del festival había comenzado pese a la falta de permisos, la Policía Local de Sagunt ordenó paralizar los trabajos en el recinto. Más de una veintena de operarios se encontraban ya instalando estructuras junto al Horno Alto cuando los agentes frenaron el montaje al constatar que la organización no disponía de la preceptiva licencia municipal para una actividad de estas características. Tras la publicación de esa noticia, según ha podido comprobar Levante-EMV, José Francisco Pérez Rodríguez presentó una instancia ante el consistorio en la que aseguraba actuar “en nombre de la Generalitat Valenciana” y adjuntaba un informe técnico relativo al montaje del festival.

La actuación del jefe de gabinete resulta especialmente llamativa porque tanto la conselleria de Servicios Sociales como Presidencia de la Generalitat negaban ese mismo día cualquier implicación del Consell en la organización del evento. Lo hicieron pese a que el nombre de la conselleria que dirige Albalat y el logotipo de la Generalitat aparecían inicialmente en la cartelería promocional de Blackworks. La promotora aseguró entonces a este periódico que la inclusión del departamento autonómico como patrocinador era fruto de un “error de diseño”. Casualidad o no, ahora se ha conocido que el principal responsable del gabinete de esa misma conselleria intentó desbloquear la celebración del festival remitiendo documentación al Ayuntamiento de Sagunt en nombre de la administración autonómica.

El informe técnico registrado en el consistorio entró el martes 7 de julio, el mismo día de la paralización policial del montaje, aunque figura fechado el viernes 3 de julio. La instancia fue presentada y firmada por Pérez Rodríguez, que actuó formalmente en nombre de la Generalitat. Sin embargo, en la documentación adjunta queda claro que el titular del evento era BW Music S. L., la promotora madrileña vinculada a la marca Blackworks, conocida por sus eventos de música techno y hard techno. Además, en la descripción y ubicación del proyecto incluida en el informe no aparece el entorno de la Nau de Sagunt, sino el estadio Ciutat de València, aparentemente por error.

Llegaba tarde

La intervención de Pérez Rodríguez difícilmente habría evitado la cancelación del festival, al menos desde el punto de vista administrativo. El Ayuntamiento de Sagunt ya había advertido de que la organización debía haber presentado con un mes de antelación la declaración responsable necesaria para instalar estructuras eventuales, portátiles o desmontables. Ese plazo era ya imposible de cumplir la misma semana de celebración del evento. Hasta entonces, según el consistorio, solo constaban dos instancias generales en las que la empresa había solicitado la reserva de espacio público. Al tratarse de un bien de titularidad autonómica, el ayuntamiento redirigió a los organizadores a la Generalitat, pero no llegó a tramitarse la licencia municipal de actividades.

A la falta de autorización municipal se sumaba otro obstáculo decisivo: la conselleria de Cultura ya había denegado el uso de la explanada. Según la Generalitat, el Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural rechazó el pasado 4 de mayo la solicitud presentada a finales de abril por los organizadores para celebrar el festival y ocupar temporalmente el espacio colindante a la Nau. El departamento autonómico justificó esa negativa en el criterio general de no autorizar actos privados de particulares en este tipo de espacios patrimoniales.

Tras la publicación de la intervención del jefe de gabinete de Servicios Sociales, la Generalitat emitió ayer un comunicado en el que reiteró que “en ningún caso” había promovido ni participado “de modo alguno” en la organización del evento. El Consell recordó además que había denegado la ocupación del espacio a través de Cultura y sostuvo que el logotipo de la Conselleria de Servicios Sociales fue utilizado por la empresa sin autorización. En ese mismo comunicado, Presidencia informó de que José Francisco Pérez Rodríguez había presentado su dimisión y cesado a petición propia. También señaló que se está investigando lo ocurrido “para tomar, en su caso, las decisiones oportunas”.

¿Por qué se implicó?

Lo que la Generalitat no ha aclarado por ahora es si, además de dimitir, Pérez Rodríguez ha ofrecido alguna explicación sobre qué relación tenía con el festival o con sus promotores, la empresa madrileña BW Music S. L. y la valenciana La Productiva Eventos S. L. Tampoco ha explicado por qué un responsable de la conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia intervino en la tramitación de un festival de hard techno ni por qué utilizó el nombre de la Generalitat para presentar documentación ante el Ayuntamiento de Sagunt si, como sostiene el Consell, la administración autonómica no participaba en el evento.

José Francisco Pérez Rodríguez se incorporó en abril de 2024 a la Generalitat como asesor de gabinete en la entonces Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Susana Camarero. Tras la remodelación del Consell impulsada por Juanfran Pérez Llorca, pasó a ejercer funciones de jefe de gabinete de Albalat. Procedente de Murcia, donde fue alcalde pedáneo de Era Alta, había trabajado también como asesor en el Ayuntamiento de Majadahonda y era próximo al ex secretario general del PP Teodoro García Egea.

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