Un balance sin números: el misterio de las entradas de los conciertos de Viveros

El balance oficial que hace el Ayuntamiento de València de las 18 noches de los Conciertos de Viveros es positivo. Sin embargo, no se han ofrecido cifras de asistencia para ninguno de ellos, por lo que no hay datos -públicos- que corroboren esa apreciación. El consistorio asegura que las noches musicales "han reunido a miles de personas" en torno a una programación pensada "para llegar a públicos de todas las edades", pero no ha facilitado las cifras que sostengan su balance positivo.

A preguntas de este diario, la concejalía de Fiestas y Tradiciones pone número a los dos 'sold out' del festival. Tanto en el concierto de Danny Ocean como en el de Ultraligera se vendieron todas las entradas disponibles, que contabilizan en 5.000 cada evento. De las 16 jornadas restantes, el consistorio asegura que no dispone de datos, ni tan siquiera del concierto suspendido de Ana Torroja por el aviso rojo por calor o el de Septeto Acarey, que canceló su interpretación por la baja venta de entradas.

Aluden a las competencias de cada entidad. El consistorio no se encarga de la gestión de las entradas para los conciertos, que delega en las diferentes promotoras que se presentan a los contratos que el ayuntamiento saca para cada evento. Son negociados sin publicidad por razones de exclusividad artistica. Así, las cifras las manejan las empresas privadas adjudicatarias de cada lote de conciertos, por cuantías que van desde los 100.000 euros hasta los 700.000. Sin embargo, son contratos que el consistorio licita con un presupuesto base calculado en función de la recaudación prevista por la venta de entradas, estimando el aforo y el precio de cada localidad. Los ingresos de taquilla corresponden a las promotoras, mientras que el ayuntamiento sostiene que desconoce cuántas entradas se han vendido en la mayoría de los conciertos.

Esa falta de información contrasta con la documentación publicada por el propio Ayuntamiento en la Plataforma de Contratación del Estado. Los expedientes de los conciertos recogen valores estimados de cientos de miles de euros para cada actuación. Sin embargo, los contratos firmados con las empresas representantes de artistas como Valeria Castro, The Jacksons o La Plazuela señalan expresamente que la contratación se realiza "sin coste para la corporación" y que "no procede" pago alguno, sin que la documentación publicada permita conocer quién asume finalmente esos importes ni cuál ha sido el rendimiento económico obtenido por la venta de entradas.

Estas ganancias "a taquilla" no han trascendido, ya que además cada concierto tenía un precio diferente: el de Valeria Castro, por ejemplo, las entradas llegaban a los 46 euros. A diferencia de años anteriores, donde el gobierno de Compromís y PSPV sí facilitaba las entradas vendidas en cada recital, la actual concejalía, gestionada por Vox, no revela estos datos.

Sí se hizo público el coste que asume el Ayuntamiento para la infraestructura y la coordinación del ciclo. La instalación y contratación de medios para llevar a cabo estos conciertos ascendió a 276.326 euros, mientras que las tareas de coordinación fueron 9.377 euros.

Ayer, poco después de que el Ayuntamiento publicara su balance, Compromís organizó una rueda de prensa para denunciar esta opacidad, como ha hecho en las últimas ediciones. Pere Fuset, anterior responsable de esta concejalía, afeó que este año "el gobierno ni tan siquiera se haya atrevido a facilitar las cifras". "Cuando un gobierno esconde los datos es porque sabe que no avalan el relato triunfalista que se intenta vender", dijo.

El Síndic no justifica el secreto comercial

En este sentido, remitió a la resolución dictada el pasado junio por el Síndic de Greuges a raíz de una queja presentada por Compromís por la falta de transparencia en los Conciertos de Viveros. El órgano autonómico concluyó que el ayuntamiento no había facilitado la información solicitada sobre el número de entradas vendidas, los precios y las empresas promotoras de cada concierto, y rechazó el argumento municipal de que esos datos pertenecen exclusivamente a las empresas privadas. El Síndic considera que el consistorio no ha justificado por qué esa información debe considerarse confidencial ni ha acreditado haber adoptado medidas suficientes para obtenerla, por lo que le recomienda facilitar todos esos datos, reiterando una resolución emitida ya en 2024 sobre el mismo asunto.

Esto ya sucedió el año pasado, cuando la concejalía de Fiestas y Tradiciones se vio obligada a publicar los datos que revelaron que en apenas dos ediciones la asistencia de público había caído en un tercio, pasando de los 55.000 asistentes en 2023 a las 38.000 personas en 2025.

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