La Generalitat investiga también el nombramiento en el Institut Valencià de Cultura de un exalto cargo del PP

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades tiene abierto un procedimiento de revisión de oficio de dos nombramientos en plazas públicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) que logró un exalto cargo del PP, y contempla la presunta nulidad de las actuaciones. Se trata de Marcial Díaz Garrigues, que fue director general de FP entre 2013 y 2015, durante el periodo de Alberto Fabra.

El expediente está abierto desde el pasado mes de marzo, según una resolución firmada por el subsecretario de la conselleria y a la que ha tenido acceso este diario. En ella se decide “incoar el procedimiento de revisión de oficio” de los dos nombramientos: un proceso por el que se cubrió una plaza como personal laboral fijo en una jefatura de sección; y otro, apenas unos días después, en que asciende a la subdirección general por un proceso de cobertura interna. Según la resolución, el acceso a los puestos del IVC se habría producido “sin cumplir los requisitos para ello”. El expediente todavía no está resuelto, tras las alegaciones presentadas por Díaz.

Crisis en el IVC

Esta nueva polémica coincide con la crisis abierta en el seno del IVC. Como ha contado este diario, la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Hernández Mora, renunció la pasada semana a participar en el proceso para obtener una plaza fija de técnica de gestión cultural en el mismo organismo que dirige. Su candidatura había provocado críticas de partidos políticos y empresas del sector, que cuestionaban que una alta responsable del IVC optara a un puesto estable dentro de la institución por el posible conflicto ético y la apariencia de trato de favor. Mora sostiene que su participación era legal y no existía incompatibilidad, pero se retira para evitar que la polémica perjudique al organismo. También denuncia haber sufrido ataques personales y asegura que continuará en su cargo.

El posible conflicto de intereses de la directora de Artes Escénicas se hizo público la misma semana en la que la conselleria de Cultura sacaba a concurso el puesto de dirección del IVC, que permanece vacante desde junio. El anterior director, Álvaro López-Jamar presentó su dimisión alegando “cansancio físico y mental” tras algo más de dos años al frente del organismo y en un momento de creciente tensión con distintos sectores culturales, especialmente las artes escénicas y el audiovisual, que en los últimos meses habían elevado el tono de sus críticas contra la gestión del IVC.

Procesos en duda en 2023

Volviendo al proceso de Díaz Garrigues, los nombramientos en revisión se produjeron a finales de 2023, ya con el actual Consell del PP y Vox (este último llevaba Cultura) pero en un momento en que el Institut Valencià de Cultura lo dirigía aún Abel Guarinos, cargo heredado del Botànic.

En concreto, la Inspección General de Servicios de la Generalitat emitió un informe el 1 de abril de 2025 tras sendas denuncias. Hubo un primer procedimiento de revisión de oficio, pero caducó y se ha reiniciado. La Inspección concluye que la convocatoria de la plaza de jefe de sección administrativa tiene causa de nulidad porque se abrió a funcionarios de otras administraciones públicas, vulnerando lo que establecía para ese plaza en la relación de puestos de trabajo.

Días después de esa adjudicación se abrió otro proceso para la cobertura interna de la Subdirección General de Gestión. Según la Inspección, el puesto tampoco estaba abierto a otras administraciones, y para participar en el proceso internamente “se exigía que los participantes tuvieran la condición de personal laboral fijo de la entidad”, es decir, su previa integración, y el señalado era “ajeno”.

La Abogacía de la Generalitat fue consultada y se remitió a la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (Cive) del convenio colectivo. Esta aportó nuevos argumentos. Concluye que una persona con contrato laboral fijo en otra administración no puede acceder por concurso de méritos a un puesto de la Generalitat o un organismo, institución o empresa pública dependiente. Debe hacerlo mediante concurso-oposición u oposición libre. Con ese informe, la Abogacía de la Generalitat concluye también que hay que iniciar procedimiento de revisión de oficio.

La Inspección General de Servicios añade otros defectos en los dos procesos: como el breve plazo de presentación de solicitudes, la ausencia de convocatoria en el DOGV, o una denominación del proceso que podría generar confusión.

Gerencia de bomberos

Cabe señalar que la plaza de origen de este exalto cargo es la de técnico de administración-agente de empleo y desarrollo local en la Mancomunidad de la Hoya de Buñol-Chiva, un puesto de personal laboral fijo (A1) al que accedió por oposición en 2011, según su currículum.

Estos movimientos dentro del IVC, cuestionados ahora, se produjeron a finales de 2023. Pero el exdirector general del Consell saltó un año después, en noviembre de 2024, al consorcio provincial de bomberos como gerente en un proceso desvinculado de esta investigación.

Pendiente de resolver

Fuentes próximas a Díaz achacan la revisión de los nombramientos a una discrepancia de interpretación: “Se trata de un procedimiento administrativo derivado de una convocatoria cuyas bases establecían expresamente que el proceso se convocaba mediante concurso abierto a personal de otras administraciones públicas. No obstante, en la ficha del puesto en la RPT constaba que no estaba abierto”.

Según la diputación, el conflicto se centra “exclusivamente en la movilidad interadministrativa”, es decir, en la posibilidad de que personal de otra administración pudiera participar, sin que se cuestione si cumplía los requisitos, señalan.

El asunto genera dudas. De hecho, se acaba de convocar para septiembre una nueva reunión de la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio del II Convenio Colectivo (CIVE) para aclarar el criterio y la interpretación sobre la movilidad de funcionarios entre administraciones en casos como este.

Recuerdan desde el entorno de Díaz que presentó alegaciones y que no hay resolución que haya declarado nulo el nombramiento. Sigue manteniendo, por tanto, la titularidad de aquella plaza cuestionada y la reserva.

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