En los meses de marzo, abril y mayo, la prioridad era conseguir material de protección para sanitarios y respiradores y pruebas del nuevo coronavirus para los miles de enfermos. Ahora, tras meses de desescalada -no de la pandemia pero sí de las fuertes restricciones-, la atención se ha desplazado y una pregunta retumba en cada rincón de un planeta ansioso por volver a su ritmo precovid: ¿Cuándo habrá una vacuna? La necesidad, insiste la ciencia, no debe precipitar el proceso. Pero hay otra duda que prosigue a la anterior y que, a diferencia de la primera, tiene diferentes aproximaciones: ¿A quién dar prioridad llegado el momento de iniciar la vacunación?
Las grandes potencias no tardaron en adentrarse en una feroz carrera por desarrollar el ansiado -y lucrativo- remedio, cada una por su cuenta. Pese a las promesas de cooperación internacional, hasta la fecha hay 143 proyectos diferentes en fase preclínica y 37 en la clínica. Seis de estos últimos han alcanzado la fase 3. En ese punto se encuentra una de las más prometedoras, la diseñada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, protagonista esta semana al haber tenido que pausar su investigación al hallar una «enfermedad potencialmente inexplicable» en uno de los voluntarios.
Además de la recompensa económica de dar con el antídoto, el factor político se erige en otro elemento vital de este proceso. EE UU, China, Rusia, la Unión Europea...todas las grandes potencias se han embarcado en esta pugna, sabedoras de la reestructuración geopolítica que propiciará y la posición de dominio que espera a quien la alumbre, sin olvidar el importante golpe de efecto a nivel electoral que supondría para sus líderes. El presidente de EE UU, Donald Trump, es uno de los que más presión está ejerciendo para lograr la vacuna antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, pero también el ruso, Vladimir Putin y China están pujando con fuerza. Incluso aquí en España esta semana se ha especulado con fechas desde el Gobierno. Lo hicieron tanto Pedro Sánchez como el ministro Salvador Illa, que hablaron de diciembre.
Fue apenas unas horas antes de que la realidad golpeara sus previsiones y Oxford y AstraZeneca detuvieran sus ensayos. «Quien pone fechas no sabe de virus». Es la cita que utiliza el catedrático de Salud Pública en la Universidad de Alicante, Carlos Álvarez-Dardet, parafraseando a uno de sus colegas. «No es un retraso sino una garantía de seguridad», remarca. Además, la comunidad científica está convencida de que esas afirmaciones lanzadas desde el poder político pueden minar la confianza de la población una vez llegado el momento de afrontar la fase de vacunación, en una coyuntura en la que los movimientos negacionistas y conspiranoicos están al alza: da la sensación de que prima el cuándo al cómo. Una muestra es el pacto firmado esta semana por las nueve principales farmacéuticas mundiales para no ceder ante las presiones para fabricar la vacuna.
Hagamos, en cualquier caso, un ejercicio de optimismo y situémonos en un escenario en el que la ciencia ha alumbrado un remedio seguro y efectivo pero que a buen seguro no podrá cubrir a toda la población. La premura dará entonces paso a la reflexión: ¿A quién se debe dar prioridad? Los expertos consultados coinciden: primero los colectivos vulnerables y a continuación los trabajadores esenciales. Sobre estos últimos, Álvarez-Dardet recuerda: «Aquí hablamos de personal de limpieza, de servicios públicos de transporte, de agricultores y empleados de supermercados...los sanitarios no son los únicos imprescindibles». Por su parte, el epidemiólogo especialista en medicina preventiva y Salud Pública e investigador en la Fundación de Investigación Sanitaria Biomédica de la Comunitat (Fisabio), Salvador Peiró, secunda esta tesis que ya ha sido perfilada también por el Gobierno de España. «Es un criterio muy razonable», comenta al respecto antes de destacar que en cualquier caso «la vacuna aún está lejos», por lo que admite que «las palabras de Sánchez e Illa me sorprendieron, son propias de Trump». Peiró resalta además la buena situación de la Sanidad española para acometer esta criba gracias a su «amplia experiencia en procesos de vacunación» y a «un sistema más informatizado incluso que en EE UU» que permite acceder al historial clínico de cada paciente.
En las últimas semanas, sin embargo, han surgido propuestas alternativas a este tipo de reparto, basado en una previa distribución equitativa entre países de las dosis, como propone la OMS. Una veintena de expertos ha desarrollado el Modelo de Prioridad Justa, que defiende primar la reducción de las «muertes prematuras», la disminución del impacto social y económico en los países más afectados y dar más viales a los territorios con una mayor transmisión. «Tiene aspectos muy razonables pero es una quimera, los países no van a entregar sus dosis a otros», lamenta Peiró. Álvarez-Dardet pone el foco en esas «muertes prematuras» de las que habla la propuesta -que apunta a dar prioridad a los decesos de personas con más esperanza de vida, que suelen encontrarse en países más pobres- y apunta que «toda muerte por una infección es prematura», por lo que pide dar prioridad a la tercera edad, «que ya lleva muchos meses de aislamiento».
Sobre detener los contagios en las zonas más afectadas, Peiró considera «muy sensato» «eliminar los reservorios más grandes», pero matiza que «además de transmisión, los países tienen economía». Es decir, que primarán su mejoría particular a la global.
