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Solidaridad desde la trinchera

La pandemia del coronavirus ha supuesto la entrada de nuevos perfiles en la exclusión social - Las atenciones se han triplicado y las entidades sociales aseguran que el reto se debe centrar en garantizar empleo y vivienda

Solidaridad desde la trinchera

Solidaridad desde la trinchera

En teoría deben ser un «extra» en el sistema, un refuerzo, un plus a la atención. Sin embargo, en la práctica, las entidades sociales son la base de la asistencia a los más vulnerables. Las organizaciones sin ánimo de lucro deberían ampliar la ayuda institucional a los más vulnerables, pero la realidad es que son ellos quienes «tapan» los agujeros de un sistema que hace aguas y no llega a los mínimos que debe garantizar el Estado de Bienestar. Sin las entidades sociales, sin su compromiso, sin sus presupuestos, sin sus recursos, sin sus voluntarios y sin sus atenciones, la cobertura a quienes más lo necesitan sería bien diferente. Sin ellas, miles de familias habrían vivido la pandemia sin techo, sin comida, sin atención educativa, sin medicamentos, sin apoyo. Sin nada.

La crisis sanitaria provocada por la covid-19 puso de manifiesto la importancia del trabajo que realizan las entidades sociales, quienes transformaron su metodología de trabajo de un día para otro, se adaptaron con rapidez a las nuevas necesidades y comprobaron, de primera mano, cómo se ha generado una nueva bolsa de pobreza en una «sociedad insegura» que no había conseguido recuperarse de la crisis económica de 2008 cuando llegó una pandemia mundial que obligó a confinarse y mostró, negro sobre blanco, el problema de la vivienda en este país y la supervivencia diaria de miles de familias que malviven en trabajos precarios sin posibilidad de ahorro.

El agujero es ya tan enorme que las entidades sociales no son capaces de taparlo y lanzan la voz de alarma porque la pandemia no ha finalizado, porque las atenciones se han triplicado porque han entrado nuevos perfiles en la pobreza y porque, además, la experiencia les dice que cuando una crisis económica llama a la puerta, los recortes empiezan por el área social. «Y eso no puede pasar ahora, no nos lo podemos permitir. Ni un recorte en lo social». Ese es el primer mensaje que lanzan.

Levante-EMV entrevista a representantes de siete organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con personas empobrecidas, con migrantes, con menores, con mujeres que trabajan en el sector hogar cuidados y con mujeres prostituidas, con personas en exclusión social ante un desahucio y con quien mantiene proyectos de cooperación internacional para mostrar cual es la radiografía de la solidaridad en tiempos de pandemia. Cruz Roja afirma que la movilización de recursos humanos y materiales llevadas a cabo en esta pandemia «es la mayor realizada en los 156 años de historia» de la entidad. La organización desarrolla su actividad bajo la protección del Gobierno y no ha tenido un momento de descanso. «Todas las previsiones iniciales que se realizaron en marzo para los dos primeros meses de la emergencia se superaron ampliamente. Tanto en lo referente a la amplitud de nuestras intervenciones, como a la respuesta de la sociedad, que una vez mas, mostró su solidaridad. Las solicitudes de incorporación de voluntarios se dispararon, y las donaciones, tanto en bienes y productos como en aportaciones económicas nos permitieron llevar a cabo todos nuestros programas. La solidaridad de las personas, y también de las empresas ha sido abrumadora», recalca el presidente de la entidad en la Comunitat Valenciana,Rafael Gandía.

Cáritas es otra gran entidad social estatal, opera bajo el paraguas de la Iglesia y alerta de una «sociedad insegura» que ha dado el paso hacia la exclusión social durante esta pandemia. El presidente de Cáritas en València, Ignacio Grande, pone el foco en la «cronicidad de la pobreza, porque se enquista, se hereda y ahora ya hay nuevos perfiles». Eso sí, asegura que la pandemia ha puesto encima de la mesa «la importancia de lo comunitario» tras recalcar que la valenciana «es una tierra muy generosa y solidaria». «La gran riqueza de Cáritas la encontramos en las cáritas parroquiales (430 en la diócesis de València) y las personas voluntarias han sido muy creativas para adaptarse a las nuevas necesidades», afirma Ignacio Grande, quien rechaza recorte alguno ya que «el impacto de esta crisis es superior al de 2008» por lo que, en un futuro próximo «hay que abordar los dos grandes factores que son el emplo y la vivienda».

Quien sabe de vivienda y de los problemas que ha acarreado el coronavirus es la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), desde donde aseguran que una pandemia como la actual debe implicar «un cambio en las políticas de vivienda». Por ello, desde la PAH exigen un nuevo decreto que suponga «terminar con todo tipo de desahucios al menos hasta el 31 del diciembre de 2021, como mínimo, cuando no exista alternativa habitacional. Si se trata de viviendas alquiladas a particulares deben ser las administraciones quienes asuman esa responsabilidad para compensar a los pequeños propietarios porque lo que no es de recibo es que en medio de una pandemia como la actual se tire a la calle a personas que no pueden pagar sus hipotecas o sus alquileres, o quienes realizan okupaciones de buena fe porque no saben donde meterse».

Si abordamos la infancia, Save The Children lo tiene claro: «Los niños y niñas no han sido los más infectados, pero sí los mas afectados por la crisis social». «Tuvimos que cambiar toda la intervención de casi 900 menores en la Comunitat Valenciana. Tras la primera semana del confinamiento, 6 de cada 10 familias habían visto empeorar su situación económica y ese balance aumentó hasta el 90 % de los casos cuando finalizó. Las familias más vulnerables han sufrido mucho. No es lo mismo un confinamiento en una casa con jardín que en una habitación para 5 personas sin medios tecnológicos para las clases y la nevera vacía», explica el director de Save The Children, Rodrigo Hernández. De cara a un futuro inmediato ante una pandemia que no ha concluido, Hernández recuerda que hay más de 120.000 menores que están en riesgo o viven en exclusión social y aunque «se han creado herramientas -como el Ingreso Mínima Votal o la Renta Valenciana de Inclusión- ahora hay que hacer que sean reales y efectivas para pasar del papel a la práctica».

El Servicio Jesuita Migrante (SJM) trabaja con migrantes, con jóvenes, con familias pero, sobre todo, con mujeres. De la pandemia solo destacan un aspecto positivo: el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). Sin embargo, «hubo que buscarles alojamiento en pleno confinamiento». Lo mismo ocurrió con los jóvenes migrantes que dormían en el Jardín del Turia tras salir del centro de menores y con las múltiples actuaciones que han llevado a cabo durante la pandemia: repartir alimentos, dar clases de castellano... Para comprender el alcance de la pandemia, la coordinadora del área Mujer del SJM, Angélica Zuluaga, da unos simples números. «El primer día del confinamiento nos llamaron 5 personas. Al final, nos llamaban cada día 150», explica, y recalca el problema de quien sufre la discriminación de la triple M: mujer, migrante y madre. «Muchas mujeres perdieron el empleo en hogar y cuidados, y el problema ahora es que todo el empoderamiento conseguido puede desaparecer porque, de nuevo y en plena crisis, parece que el empleador hace un favor y al final son trabajos muy precarios».

También desde la perspectiva de las mujeres habla Médicos del Mundo, entidad que trabaja con mujeres en situación de prostitución, entre otros colectivos vulnerables como las personas sin hogar o migrantes. Sin embargo, lo que diferencia a esta entidad social es la «vigilancia de la salud física, psicosocial y de prevención de las violencias». «Con el confinamiento quedó al descubierto lo invisibilizadas que están las mujeres prostituidas que pasaron de la calle a estar encerradas en pisos y en clubes. Invisibles antes, durante y después. Hemos cubierto necesidades de todo tipo (alojamiento, manutención, ayuda monetaria, de medicamentos...) Para ellas es imposible acceder a las ayudas públicas, sobre todo de forma telemática. Conviven con un estigma social que las acompaña», explica la presidenta de la entidad, Ana María Pérez. Y añade: «Esta pandemia ha visibilizado todas las debilidades de un sistema sanitario fuerte al que ni siquiera toda la población tiene un acceso óptimo, y esto debe cambiar ya».

La pandemia del coronavirus es mundial. Por ello, en la Coordinadora Valenciana de ONGD aseguran que, a nivel de cooperación internacional, «se deciden ahora los presupuestos en todas las administraciones y ya hemos visto algunos intentos de intentar recortar en cooperación internacional. Ya nos pasó en la crisis de 2008 y no puede volver a pasar. Invertir solo dentro de nuestras fronteras pensando que nos va a proteger más es una estrategia poco interesante porque este virus no entiende de fronteras, no distingue entre pobreza o riqueza y antes o después nos pasará factura». Así lo asegura la presidenta de la entidad, Lourdes Mirón, tras recalcar que la crisis de la covid-19 aumentará la tasa de pobreza en general y, en especial, de las mujeres. A nivel local, Mirón destaca la existencia de una «bolsa importante de personas que se encuentran fuera de toda estadística por trabajos de economía sumergida en el sector del hogar y los cuidados o en la agricultura». Por ello exige que el trabajo se centre en ellos, porque «cualquier ayuda que se prevea ni les llega ni les va a llegar porque no pueden ni acceder al sistema».

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