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Trabajadores con hambre

Dos repartidores guardan cola para el reparto que realiza el Banco 
de Alimentos de València junto a las bolsas isotérmicas con las 
que trabajan. josé manuel lópez

Dos repartidores guardan cola para el reparto que realiza el Banco de Alimentos de València junto a las bolsas isotérmicas con las que trabajan. josé manuel lópez

La crisis económica trajo una pobreza hace una década que se ha cronificado por la precarización del empleo. El resultado es una nueva clase social: los trabajadores pobres. Han de elegir a pesar de tener trabajo: pagar la vivienda o llenar la nevera. Por eso, los repartos de comida suman ahora a «trabajadores pobres».

Su trabajo consiste en repartir comida, pero su sueldo no les permite comprar la suya. Así que hacen cola en el reparto que realiza el Banco de Alimentos de València en Mestalla, en semanas alternas. Identificarlos en la cola como «trabajadores pobres» es sencillo, sobre todo si se tiene en cuenta que acuden al reparto con las bolsas isotérmicas de Glovo y Uber Eats, una especie de segunda piel de la que es su única fuente de ingresos. Pagan para poder trabajar. Así que cumplen a rajatabla con una cuota de autónomo que ronda los 70 euros al mes. Recalcan que cumplen con la declaración de la renta y que pagan impuestos. Son hermanos y se reparten la faena. A la semana ganan unos 150 euros, en el mejor de los casos. Sin embargo, los 600 euros que pueden llegar a ingresar al mes se esfuman con rapidez en una casa cuyo alquiler cuesta 480 euros -y donde viven cinco adultos, una niña de 4 años y un bebé recién nacido- y una cuota de autónomo indispensable para poder trabajar. La resta es sencilla: 50 euros al mes para pagar suministros básicos, alimentación y lo que surja. Así que, como los números no salen, hacen cola en el reparto de alimentos ante un trabajo precario que solo les permite asegurar el techo, la base de cualquier hogar.

El año pasado el 90% de los contratos fue temporal y más de la mitad tuvo una duración igual o inferior a un mes

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Temen represalias de las empresas de reparto para la que trabajan, así que se identifican como dos hermanos venezolanos que llegaron hace 4 años a España huyendo de la violencia. Hasta la pandemia del coronavirus trabajaban en un restaurante. Ahora pedalean en una bicicleta como «riders» al ser «el único trabajo que hemos podido encontrar en pandemia». Y con todo, dan las gracias por «estar vivos». Avanza la cola y les llega el turno. Recogen una bolsa con arroz, leche, pañales, embutido de lata, pasta, lentejas, algunas galletas y pan de molde. Es la primera vez que acuden a un reparto del Banco de Alimentos de València que empezó con 600 personas y que ahora supera las 6.700. «Nos lo dijo un amigo y nos apuntamos a la lista porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. No hay trabajo y el empleo que encuentras... pues eso, que no te permite vivir con dignidad. Hay que elegir, o pagas el alquiler o compras comida. Sabemos que hay gente mucho peor que nosotros, que ni tan siquiera tiene papeles o casa y que están solos. Nosotros estamos juntos y tenemos un techo y permiso de trabajo. Siento vergüenza de estar en esta cola porque somos jóvenes y fuertes para trabajar y no andar pidiendo, pero no nos queda otra opción. Hablamos de comida y aunque tenemos trabajo no podemos comprarla. Por eso estamos aquí, igual que el resto de personas, cada uno con su historia y todos con la agonía de tener vacía la nevera», explican.

Estos dos hermanos forman parte de cifras que se cuentan por miles. Son las cifras de los «trabajadores pobres», una nueva clase social que no ha surgido en la pandemia, sino que nació como consecuencia de la crisis económica de 2008 y se ha consolidado durante más de una década. Hace tres años (2017), el Observatorio sobre Pobreza y Exclusión de la Comunitat Valenciana aseguraba que seis de cada diez parados valencianos eran pobres. Además, alertaban de la figura del «trabajador precario» con cuatro de cada diez trabajadores con contrato temporal en condiciones de pobreza. Ese mismo año, nueve de cada diez contratos eran a tiempo parcial y cerca del 36,8 % de los sueldos no llegaban al salario mínimo interprofesional (SMI). La pandemia provocada por el coronavirus ha disparado estos datos y las entidades sociales llevan meses alertando de que han triplicado las atenciones.

«Siento vergüenza de estar en esta cola porque somos jóvenes y fuertes para trabajar y no andar pidiendo, pero no nos queda otra»

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De hecho, quien contaba con ingresos por un trabajo «informal» -empleadas del hogar sin contrato de por medio, mujeres que cuidan de los más mayores (o pequeños) de la casa, personas que rebuscan en la chatarra o que trabajan por horas pero sin seguridad social ya sea en la obra, en el sector servicios o en el campo, migrantes en situación irregular, personas sin hogar o vendedores ambulantes- está hoy en exclusión social tras meses sin ingresos y sin pagar el alquiler o los suministros, ya que para ellos no ha habido ERTE, ni indemnización, ni ayuda posible, sobre todo si se tiene en cuenta que la gestión se centra en quien ya está en el sistema. Y ellos estaban fuera (trabajos sin contrato, habitaciones de alquiler que no permiten el empadronamiento, personas sin número de cuenta bancaria...) y cada vez se alejan más ante una pobreza que se cronifica.

Ahora, además, tener un contrato de trabajo no te «salva» de hacer cola en el reparto de alimentos, sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado el 90 % de los contratos realizados en la Comunitat Valenciana fue temporal y más de la mitad de los 1,8 millones de contratos nuevos tuvo una duración igual o inferior a un mes.

Quien se quedó sin contrato o sin ingresos en pandemia busca trabajo con urgencia. Como los hermanos venezolanos que hacen cola en el reparto de alimentos. Pero encontrarlo y poder pagar las facturas parece una quimera que les condena al olvido.

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