Más de 450.000 familias valencianas sufren pobreza energética y se debaten entre caldear la casa o alimentarse mientras reducen sus consumos al mínimo
Llegar a casa y poner la calefacción, ducharse con agua caliente en un baño caldeado, ver la televisión con una mantita que conserve el calor de los pies o hacer los deberes sin necesidad de ponerse el gorro y los guantes son lujos inalcanzable para demasiadas familias. Hablamos de pobreza energética. De familias que reducen al máximo el consumo para evitar los impagos que generarán los cortes de suministro. De personas mayores, enfermas o con discapacidad que pasan frío. De niños y niñas que no entienden bien por qué hace casi el mismo frío fuera que dentro de casa. Por eso, cuando las temperaturas bajan y la humedad invade el hogar de Tersi, su hija de 12 años siempre repite la misma frase: «¡Ya se acabó la alegría en esta casa!». La cría suspira y la madre la tapa con una manta. Su día a día. Noche tras noche.
Tersiana tiene 39 años y cuatro hijos de 18, 12, 9 y 2 años. Viven en un piso social de la EVha (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) por el que pagan 160 euros en el barrio de La Coma (Paterna). La familia sobrevive con los 172 euros que cobra Tersi del subsidio y los 380 euros que percibe por la discapacidad de su tercer hijo (9 años y síndrome de Asperger). El paro se le acaba este mes. Su vivienda parece un oasis en un barrio donde la pobreza es el denominador común. «Yo he trabajado toda la vida, de cocinera y con buen sueldo. Cuando nació mi tercer hijo, con problemas, me vi obligada a reducirme la jornada de 40 a 16 horas semanales. Estaba yo sola y mi pequeño habla, progresa y está bien atendido porque me he dejado al piel en él. Desde entonces no he levantado cabeza, pero soy bastante apañada y buena gestora, porque aquí no se desperdicia nada. Intento que los niños no perciban la pobreza en la que viven, o que no les perjudique», explica.
En esta casa no hay caprichos, pero sí mucho amor. «Eso nadie nos lo puede quitar», apunta la mujer, que llegó a España de pequeña desde República Dominicana y lleva más de 14 años en València. Su último recibo de la luz es de 60 euros, el doble que los meses anteriores y un «descuadre» importante en su mermada cuenta. Y eso que consumen lo mínimo. La mujer debe cuatro meses del recibo del agua, más de 400 euros. «Pero la trabajadora social ha enviado un escrito para que no me corten el suministro», explica.
«Estuvimos una semana sin luz y no vuelvo a pasar por eso», explica Tersi, madre con cuatro hijos a cargo
En dirección opuesta a casa de Tersi, en el barrio de Patraix de València, reside Pepi, una mujer de 64 años que vive con su hijo de 40, en paro. La mujer atiende a Levante-EMVcon fiebre. Tiene varias enfermedades crónicas. Su salud es delicada y su pobreza, evidente. Duerme con el saco de dormir que utilizaba su hijo para ir de acampada cuando era un adolescente, no enciende la calefacción a no ser que ya le duelan las manos o los pies y se mueve por su casa (en propiedad) con una manta atada a modo de capa. Malviven con 261 euros, 211 de la renta valenciana de inclusión (la cuantía es baja porque cuando la tramitó su hijo estaba trabajando) y un extra de 50 euros para los suministros eléctricos, que solo cubre la factura de la luz. El último recibo es de 47 euros. Y aún debe pagar el agua (otros 50 euros) y el gas (unos 15 euros). Su hijo se quedó en paro justo antes del confinamiento pero en Servicios Sociales no les atendieron hasta el mes de octubre. Hoy siguen esperando la adecuación de la renta de inclusión a sus ingresos reales.
Los dos testimonios recogidos en este reportaje evidencian una pobreza energética que crece y afecta al 9,1% de la población (el año anterior fue del 8 %), según datos de Cruz Roja. Eso supone 450.000 familias. La pobreza energética afecta a niños y a mayores y las medidas previstas no consiguen que esas familias vivan con los hogares caldeados, sino que no les corten el suministro por impago. Sin embargo, Save The Children apunta que hay más de 720.000 hogares con niños y niñas en situación de pobreza y que una de cada cinco de estas familias ha sufrido cortes de suministros básicos como consecuencia de la pandemia. A la pregunta de qué harían si les cortaran el suministro eléctrico ni Tersi ni Pepi lo dudan un instante: «Me engancharía a la luz. No se puede vivir sin suministro eléctrico y sin agua. Es básico y es inhumano que ocurra».
Si ninguna de las dos lo ha hecho ya es por miedo a las sanciones, pero no critican a quien lo hace. Empatizan al máximo. A las dos se lo han ofrecido vecinos en situaciones similares y Tersi relata cómo fue su vida la única semana que se quedó sin suministro, cuando se mudó al piso social. «Estuvimos una semana sin luz y no vuelvo a pasar por eso. Alumbrándonos con velas, un frío insoportable y con los críos llorando. Nadie imagina un hogar sin luz y sin agua porque eso no es vida», explica. En Iberdrola, sin embargo, tampoco criminalizan a quien no tiene alternativa y se «engancha» a la red pública. «Los ‘enganches’ de particulares solo supone un 1 % del fraude energético en España que proviene, principalmente, de empresas», explican fuentes de la empresa.
Para intentar paliar los graves efectos de la pobreza energética, las administraciones públicas conceden ayudas que llegan a un porcentaje mínimo de los afectados. La medida más extendida es la del bono social eléctrico, un descuento de entre el 25 y el 40 % de la factura que promueve el Gobierno central mediante las empresas suministradoras de energía. Sin embargo, los usuarios aseguran que el bono social es casi inaccesible y «tiene truco».
En Iberdrola afirman que los «enganches» a la red pública «solo suponen el 1 % del fraude energético»
El descuento que se aplica no es sobre el global de la factura, sino solo sobre el consumo (un 15 % del recibo). Y las personas vulnerables, los que tiene dificultades para pagar la luz, el agua y el gas, consumen poco, lo mínimo. Por eso no se quitan el frío de encima. Por eso sus viviendas no están caldeadas. «Este mes he pagado 47 euros de factura, pero mi descuento del bono social es solo de 11 euros. No me parece justo porque por más que limitemos el consumo, hasta el punto de seguir pasando frío, no conseguimos rebajar la factura y vivimos en un infierno helado», explica Pepi,a sus 64 años.
Para el director de Save The Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, «al bono social acceden los vulnerables de entre los vulnerables.Hay muchas dificultades tanto para pagar las facturas como para acceder al bono social. Hay que activar mecanismos legales que aseguren que ninguna persona esté sin luz, sobre todo con menores a cargo».
De esta manera, con bono social o sin él las familias vulnerables, con niños o con niñas, con mayores, con enfermos o con personas con discapacidad, pasan frío. Dentro y fuera de casa porque viven congelados en la pobreza.
Un bono social con menos beneficiarios
Aumenta la pobreza, aumenta la desiguadad y, sin embargo, los beneficiarios del bono social eléctrico -la principal ayuda que prevé el Gobierno central para mitigar los efectos de la pobreza energética- han disminuido. Si en 2019 los beneficiarios valencianos del bono social eléctrico ascendían a 159.900 personas, esta cifra ha descendido hasta los 155.110 hogares que percibieron la ayuda en 2020 (4.790 menos). Ese descenso lleva ya varios años y se debe a una modificación en los requisitos del acceso a la ayuda que se realizó en 2017 y ha supuesto dejar por el camino a más de 129.000 familias en cuatro años. Muchas de esas familias, vulnerables y sin ingresos, se han visto obligadas a «engancharse» a la red pública para mantener un suministro de primera necesidad que, sin embargo, no pueden pagar. Ver cables de luz o de antena por las fachadas de los edificios forma ya parte del diseño urbanístico de barrios enteros.
En 2016 algo más de 289.000 usuarios de la Comunitat Valenciana se beneficiaban del bono social eléctrico, una ayuda que permitía ahorrar hasta un 25 % de la factura de la luz a familias en riesgo de exclusión o que cumplían una serie de requisitos, entre los que se encontraba tener una potencia contratada inferior a 3 kilovatios en la vivienda habitual, fuera cual fuera su situación económica. Además, también tenían acceso los pensionistas con ingresos con una pensión mínima, las familias numerosas y las que tuvieran a todos sus miembros en situación de desempleo.
En 2017, el Gobierno cambió los requisitos para optar a un nuevo bono social eléctrico que, sin embargo, tiene muchos menos beneficiarios tal y como demuestran las cifras.
