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Ciencia en precario

Los investigadores han salido a la calle este semana en todo el país para denunciar la precariedad e inestabilidad de sus condiciones laborables. Muchos pasan de los 40 años con contratos temporales y sin poder dar un rumbo fijo a su vida.

Rafael Vázquez y Ana Pilar Gómez, 
candidata al doctorado en el Instituto 
de Investigación Sanitaria de 
La Fe. M.A.Montesinos

Rafael Vázquez y Ana Pilar Gómez, candidata al doctorado en el Instituto de Investigación Sanitaria de La Fe. M.A.Montesinos

Miles de investigadores, profesores asociados, estudiantes de máster y doctorado y también divulgadores esperaban que la futura ley de Ciencia solucionara los problemas endémicos que padece el sector. Pero la propuesta presentada por el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha supuesto un jarro de agua fría para las personas que esperan en el futuro una mejora sustancial de sus condiciones laborables.

«Decepción», «No soluciona los problemas estructurales» o «Incrementa nuestra precarización», son algunas de las respuestas que dan los investigadores sobre el anteproyecto de ley presentado por el departamento de Duque. Esperaban mucho más del futuro texto normativo y ahora batallarán para que el Gobierno les escuche e introduzca garantías de progreso en las carreras profesionales. Desde el ministerio aseguran que se reunirán en las próximas semanas con todos los actores implicados en esta reforma, aunque se desconocen los contactos que se han producido hasta la fecha.

Investigadores de diversas ramas en el Parc Científic de la Universitat de València. germán caballero

Dos propuestas de peso

A grandes rasgos, las dos principales aportaciones de la también denominada ley Duque son dos. Por una parte, propone la creación de un modelo de contratación tipo tenure track utilizado en EE UU, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una contratación fija sujeta a una a los 4 años. Por otra parte, está la propuesta, con cierto cariz teórico de aspirar a crear una carrera científica «atractiva y estable» e impulsar la transferencia de conocimiento «que permita atraer y retener el talento científico», según explicaciones del propio Ministerio de Ciencia.

Sin embargo, investigadores, asociaciones, sindicatos y otras entidades aseguran que estas propuestas no solucionarán los problemas actuales y precarizarán todavía más la carrera profesional.

El periplo actual de un investigador vendría a ser el siguiente: «Un investigador ahora se licencia, normalmente haces un máster de un año o dos y con ese máster ya puedes investigar. Luego necesitas cuatro años más para conseguir el doctorado, y con ese título ya adquieres independencia investigadora. Después tendrás una etapa postdoctoral, que es la más incierta de todas y es la que enlaza con la estabilidad. Pueden ser cinco años más y entre los requisitos que se exigen es ir al extranjero. Es como un requerimiento básico porque esta profesión es muy competitiva. Y por último, tienes otros cinco años más si consigues un contrato Ramón y Cajal, al que solo optan los más excelentes. Con ello se abre la posibilidad de estabilización incorporándote como funcionario o en algún organismo público de investigación (OPI). También como laboral fijo en universidades bajo el perfil de profesor contratado doctor». El preciso análisis lo hace Guillermo Muñoz, investigador en el Instituto de Ciencias de Materiales de la Universitat de València y cabeza visible de Piratas de la Ciencia, la asociación valenciana de comunicación y divulgación de la ciencia.

Catorce años para buscar estabilidad

Con el sistema actual un investigador alcanzaría la ansiada estabilidad después de 14 años en los que no se le reconocen ni la carrera profesional ni tampoco ningún tipo de antigüedad. Con la propuesta de tenure track tan solo se mejoraría un año, es decir, pasarían 13 hasta tener la oportunidad de consolidar la carrera. La cuestión escuece mucho en el colectivo. Pero además los afectados no entienden que se proponga una tenure track cuando esa figura «ya existe en España», asegura Rafael Vázquez, investigador del Instituto de Investigación La Fe y vocal de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH). «Los contratos Ramón y Cajal son una tenure track como una casa», denuncia Vázquez, que explica que en su caso lo contrataron «con una Miguel Servet, que es específicamente para biomedicina, es decir, la gente que trabajamos en los hospitales».

«Ahora quieren hacer una tenure track más larga, eliminar la figura del investigador titular. Al eliminarla vas a estar evaluándote cada cinco años, y eso es una espada de Damocles para los investigadores, porque no te da estabilidad y no sabrás si a los cinco años podrás seguir pagando el alquiler de casa, la hipoteca o darle de comer a tus hijos», analiza el investigador sanitario de La Fe, que reclama «invertir dinero en la investigación para crear plazas».

Enric Cuevas, investigador predoctoral de Microbiología en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC, además de representar a la Coordinadora Valenciana de Treballadores de la Ciència y a CNT, señala otros aspectos importantes de un proyecto de ley «que en ningún momento soluciona los problemas que venimos denunciando, como que el personal doctorado no tenemos derecho a la indemnización».

Confundir formativo con laboral

«Nuestro principal problema siempre ha sido la dualidad trabajador-estudiante. En la práctica somos trabajadores, pero luego en derecho laboral te equiparan con formación, nos precarizan hasta el infinito», lamenta Cuevas, una opinión que comparten sus compañeros. «En España aún se entiende que la investigación es vocacional», reconoce Guillermo Muñoz, investigador en la Universitat de València, que añade: «Los contratos predoctorales se entienden como contrato formativo, no laboral».

Como ejemplo de precariedad, el joven investigador en el IATA-CSIC Enric Cuevas describe su situación. «Yo, como doctorado, firmo un contrato laboral con el CSIC, pero como es en formación, cobro fuera de convenio del CSIC, es decir un 55 % de lo que pone el convenio». «Eso son dos años a 1.000 euros raspados», lamenta.

Por otra parte, Rafael Vázquez denuncia también que la ley Duque «ni siquiera menciona a los investigadores sanitarios», un claro reflejo de las grandes lagunas que todavía tiene este proyecto.

El investigador de La Fe pone el foco también en el colectivo de los profesores asociados. «La actual ley de la Ciencia obliga a hacer indefinidos a los que llevan tres años en un organismo, un intento de acabar con la precariedad. Pero ¿qué hacen los organismos públicos? Pues como no tienen capacidad de sacar plazas, están concatenando contratos temporales consecutivos e incurriendo en claro fraude de ley, pero muchísima gente está en esa situación. En otros organismos te exigen irte a la calle 6 meses, y luego te repescan. Y así no tienes una carrera profesional, ni antigüedad...», critica Vázquez.

La única cuestión positiva sobre el anteproyecto de ley «es que nuestro sector, que normalmente está poco movilizado por la debilidad de la investigación en nuestro país, ha salido a manifestarse con unión de las distintas asociaciones, entidades y sindicatos, y además en un gran número de ciudades, lo cual es una buena noticia», considera Guillermo Muñoz, divulgador en el colectivo Piratas de la Ciencia.

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