Proyecto fallido, peligrosos movimientos sísmicos, una multimillonaria indemnización y un desenlace repleto de interrogantes con hibernación incluida. El hilo argumental de la plataforma Castor describe uno de los fracasos más sonados de la historia de la ingeniería en España. Sin embargo, cerrar este capítulo está costando mucho más de lo previsto y todavía se desconoce cuándo el Estado procederá a desmantelar el que iba a ser el almacén de gas submarino más importante del país. Mientras tanto, el sellado provisional que se hizo de las instalaciones ya ha caducado, lo que aumenta el temor de que algún día se produzca un accidente de imprevisibles consecuencias.
Situado a unos 21 kilómetros de la costa de Vinaròs, el Estado autorizó en 2008 la explotación de un gran almacén submarino de gas situado sobre un antiguo yacimiento petrolífero que quedó en desuso en la década de los 70 del pasado siglo. La concesión fue para la compañía Escal UGS, que estaba participada mayoritariamente por la constructora ACS, propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pero la instalación marina que se sitúa entre las costas catalana y valenciana pronto se convirtió en un gran problema. En 2012 comenzaron las operaciones de inyección de gas y, casi al mismo tiempo, se registraron los primeros movimientos sísmicos. A las pocas semanas el miedo se apoderó de las localidades costeras del Baix Maestrat y también del Montsià y el Baix Ebre, en Catalunya. Cientos de terremotos se sucedieron, algunos de magnitudes perceptibles, y atemorizaron a la población hasta el año siguiente a su puesta en marcha.
En 2013 el Estado ordenó la paralización de la actividad de la planta tras hacerse públicos varios informes técnicos que relacionaron la actividad sísmica con la inyección de gas en el lecho submarino. Un año después, el Gobierno de Mariano Rajoy puso fin a la explotación y ordenó una indemnización a la concesionaria de 1.350 millones de euros, una de las mayores de la historia. Además se recurrió a créditos bancarios con altos intereses para facilitar el pago, lo que todavía enervó más los ánimos de la opinión pública.
Mientras se decidía qué hacer con la polémica instalación, en 2015 se colocaron dos tapones para sellar los pozos y mantenerla en estado de hibernación. En octubre de 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el cierre definitivo de las bocas del almacén de gas para evitar mayores costes de mantenimiento y mejorar la estabilidad del terreno, pero la intervención sigue a la espera. Mientras, el sellado original ha llegado al final de su vida útil, según reconoció el propio Gobierno en un comunicado.
La falta de información ha sido siempre la incómoda acompañante del proyecto Castor. Y eso a pesar de los esfuerzos de colectivos ciudadanos, ecologistas o partidos políticos. El senador de Compromís Carles Mulet ha sido constante en la labor de fiscalización al Gobierno, al que exige que ponga plazos al desmantelamiento del depósito marino. Desde la coalición valencianista no han dudado en calificar como «gran estafa» todo lo que rodea al proyecto, debido al alto coste de la construcción, posterior indemnización y mantenimiento de la plataforma.
Al margen del proceso judicial que está en marcha para dilucidar los responsables de la cadena de errores cometidos en la plataforma, Mulet reclama al actual Ejecutivo que desmonte de inmediato Castor «porque cada día que pasa la instalación hibernando es un chorro de dinero público que se pierde». «Se tiene que desmantelar todo, el depósito, la plataforma, el gasoducto que parte desde Vinaròs… y hay que recordar que mientras, los tapones de sellado han caducado. Seguimos preguntando e insistiendo para que nos digan si existe riesgo de contaminación y nos expliquen cuándo van a ejecutarlo», señala el senador, al que le gustaría ver desaparecer la estructura pronto «para que un gobierno futuro no tenga la tentación de recuperarla para otro uso».
Con algunas de las respuestas que obtuvo del Gobierno, el senador ha podido descifrar el coste de las operaciones que se han llevado a cabo en Castor. El proyecto cuenta desde el año 2018 con un Plan Previo de Desmantelamiento de las dos plantas y estructuras, valorado en 260 millones de euros. Este plan se encuentra en estos momentos paralizado. Según explica Mulet, al parecer el Gobierno está en proceso para obtener la declaración de impacto ambiental para iniciar el complicado desmontaje, unas obras encargadas a la empresa Enagás. Lo que sí se hizo en 2015 fue el sellado de los pozos, que costó 69,6 millones de euros y necesita urgentemente una revisión tras caducar su vida útil. Se desconoce cuánto supondrá económicamente cerrar definitivamente los depósitos.
Al margen de la presión política, crece también el descontento social por la hibernación de Castor. El movimiento ciudadano más importante que nació como contestación al proyecto fue el de la Plataforma Terres del Sénia. «Nos constituimos en agosto de 2007, cuando el Gobierno publicó en el BOE en plenas vacaciones la autorización de Castor. Parece que querían que pasase desapercibido», explica Evelio Monfort, portavoz del colectivo. Ya entonces advirtieron de las consecuencias que podían derivarse de inyectar gas en el depósito submarino «y se cumplieron los peores presagios» con los movimientos sísmicos detectados.
Años después, la plataforma continúa firme exigiendo el desmantelamiento. «Dicen que falta ahora una declaración de impacto ambiental, pero da la sensación de que siempre falta algún trámite para hacerlo. Es como si dejaran correr un tupido velo sobre todo lo que rodea a Castor para que la ciudadanía no sepa más. Siempre ha costado mucho saber qué planes tiene el gobierno, no lo entiendo», se lamenta Monfort. «En los últimos días se ha visto movimiento en la plataforma», asegura el portavoz de la Plataforma Terres del Sénia, y apunta a que podría ser «que están ya poniendo los tapones definitivos a los pozos», pero no existe ninguna certeza ni información sobre ello . «Ojalá sea así y acabe esto», suspira Monfort después de casi 14 años de resistencia ciudadana al proyecto.
El Ministerio de Transición Ecológica, a preguntas de este periódico, confirmó que actualmente, tras el preceptivo trámite de información pública del proyecto, «Castor se encuentra en proceso de obtención de declaración de impacto ambiental por parte de la secretaría de Estado de Medio Ambiente». «Una vez finalizada la evaluación de impacto ambiental se procederá, tras la obtención de las autorizaciones pertinentes en su caso, a iniciar los trabajos de abandono de los pozos de Castor», señalaron fuentes oficiales del departamento de Teresa Ribera.
No con dinero público
Además de la plataforma, los movimientos ecologistas hacen presión para el desmantelamiento definitivo de Castor. Quique Luque es el portavoz de Ecologistas en Acción en Vinaròs y explica que la gente está indignada «porque Castor cuesta mucho dinero público». La organización considera que la plataforma ha de estar desmantelada cuanto antes, pero no quieren que se haga con dinero público porque «la empresa que la gestionaba tiene responsabilidades muy claras», afirma. Asegura que no se puede entender cómo el Estado «blindó el contrato de una compañía privada de tal manera que si fallaba, le devolvía todo el dinero».
Al igual que los compañeros de la Plataforma Terres del Sénia, considera que el gobierno «trata de tapar algo» en torno a Castor porque se desconocen muchos de los detalles de la operación de hibernación y del futuro desmantelamiento de las instalaciones.
El lento proceso judicial
En cuanto al lento proceso judicial, cuya acusación particular encabeza el colectivo Aplaca, solo hay dos directivos de la empresa concesionaria imputados por la cadena de errores, y desde los distintos colectivos en contra del depósito de gas lamentan que no haya nadie más que se vaya a sentar en el banquillo, ni responsables administrativos del Estado ni tampoco de la empresa matriz de Florentino Pérez. Por otra parte, mientras en el Parlament de Cataluña se celebró una comisión de investigación a la que acudió el propio Florentino Pérez a declarar, en el español la cuestión sigue a la espera. Según denuncia el senador Carles Mulet, la Mesa del Senado «continúa vetando el inicio de los trabajos de la comisión de investigación que un grupo de 25 senadores reclamó crear para investigar todo lo que rodeó a este proyecto energético, desde su concepción, ejecución, costes, responsabilidades y cambios normativos necesarios».
El senador de Compromís cree que esta investigación es necesaria «para que jamás un proyecto así pueda tener repercusiones tan negativas para el dinero público y el de los consumidores, mientras que la empresa que diseñó y ejecutó el proyecto no ha respondido de nada y ha cobrado hasta el último euro».
