Las personas que solicitan protección internacional lo hacen porque no pueden regresar a sus países. Sin embargo, España solo concede el estatus de refugiado a una de cada 20 personas que lo solicitan. La media de la Unión Europea, sin embargo, es del 33 % y entidades sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o València Acull exigen un aumento de este porcentaje de ese 5 % hasta alcanzar, al menos, la media europea, ya que España es el tercer país con mayor número de solicitudes y, sin embargo, el que más niega la protección internacional. «No es una directriz europea. España sí reconoce el asilo, por ejemplo, a personas de Venezuela y lo mismo podría hacer con otros países. Es una cuestión de voluntad política», afirman en CEAR-CV.
Las entidades sociales denuncian, además, una instrucción del Ministerio del Interior que data de diciembre de 2020 y obliga a las entidades que cuentan con plazas del sistema de acogida a concluir el programa de protección en cuanto se resuelva el expediente. Si es denegatorio, esa persona sale del sistema, deja de ocupar la plaza y queda en situación administrativa irregular. Hasta ahora, la persona solicitante de asilo iban atravesando fases. «Al entrar en el sistema optaban a una plaza residencial y luego, una vez completados los programas para aprender el idioma y buscar empleo se les daba una ayuda para que pudieran encontrar residencia por su cuenta mientras se trabaja la inserción laboral y completan su proyecto de vida independiente. Ya no es así y es dramático ver como se tienen que ir enseguida del piso y se quedan totalmente vulnerables en cuanto se resuelve su expediente porque la gran mayoría de peticiones se deniega», explican en València Acull.
El Ministerio del Interior resolvía los expedientes de los solicitantes de asilo en un tiempo que oscilaba entre los dos y los tres años. Eso suponía cortar de raíz el proyecto de vida de un solicitante de asilo que veía denegada su petición con contrato de trabajo, por ejemplo. Ahora, con la nueva instrucción del ministerio y la llegada de 193 nuevos inspectores para tramitar expedientes, los tiempos se han reducido «y vemos cómo un solicitante de asilo cuenta ahora con la resolución a su petición en seis meses. Si viene denegada, que es lo normal, debe salir del piso de acogida, sin saber el idioma y en situación de vulnerabilidad total», critican en CEAR. Ahora bien, no pasa lo mismo con expedientes que llevan años pendientes, como el caso de los migrantes que llegaron en el Aquarius. CEAR exigió en su día que obtuvieran la protección de forma extraordinaria o mediante un procedimiento que alegara protección por motivos humanitarios porque ese barco llegó a España porque así lo quiso el Gobierno. Sin embargo, los expedientes se repartieron por países sin tener en cuenta si eran o no del Aquarius y ahí tenemos inspectores que van más rápido y resuelven antes y solicitantes de asilo que siguen pendiente de resolución tres años después.
No todos los migrantes que solicitan asilo cuentan con una plaza de acogida, ni mucho menos. De hecho, la red pública de la Comunitat Valenciana está formada por 677 plazas que gestionan cuatro entidades: Cruz Roja, Accem, Cepaim y CEAR. Solo en 2020, pandemia incluida, la Comunitat Valenciana registró 9.060 solicitudes de asilo. A nivel estatal, las entidades sociales gestionan unas 10.000 plazas y el propio Ministerio del Interior, de manera directa desde los Centros de Ayuda al Refugiado (CAR) dispone de 416. El año pasado se registraron 88.762 peticiones de asilo a nivel nacional, un 25 % menos que el año anterior.
Ilegales los padres, ilegales los hijos
Los refugiados son vulnerables pero sus hijos son invisibles. Si se deniega el asilo al padre o a la madre se deniega el asilo al hijo o la hija. Las entidades sociales ponen el foco en una infancia que también se queda en situación administrativa irregular en el 95 % de los casos.
Es más, de enero a abril de 2021 se han registrado 17.231 solicitudes de asilo, pero solo han sido favorables 1.636. En cuanto a las solicitudes de asilo de personas menores de edad en lo que va de año, 2.031 se refieren a niños y niñas de entre 0 y 13 años y 440 de entre 14 y 17 años. Carecer de papeles conduce a la pobreza, pero esa no es la única consecuencia derivada de la irregularidad para los niños y las niñas. Su derecho a la educación puede verse vulnerado si no existe una documentación que permita su acceso a exámenes oficiales, certificaciones, ayudas públicas, prácticas , a la escuela infantil o a la universidad. Nada que implique rellenar la casilla del NIE, el DNI de los extranjeros.
«Actualmente los niños y las niñas solicitantes de asilo se encuentran con numerosos problemas que les impiden acceder al procedimiento para pedirlo. Se ha de asegurar que en los centros de protección existen los recursos, la formación y la especialización necesarios para abordar en profundidad las circunstancias por las que estos menores huyen de sus países y son sujetos prioritarios de protección internacional», señalan en Save the Children.
Las entidades sociales recuerdan que las distintas formas de violencia y persecución por los conflictos armados, las catástrofes medioambientales , el terrorismo o por motivos de género u orientación sexual, son algunos de los motivos que obligan a la infancia y la adolescencia a desplazarse a otros países, muchas veces sin compañía de un adulto. Otros sí viajan con sus familias pero su expediente forma parte del de sus padres. Y en cualquier momento pueden ser deportados.
