El odio es ese ruido de fondo que se ha convertido en rutinario y se escucha de la misma manera que se respira el aire contaminado en las grandes ciudades. El odio es más que el desagrado, mucho más que desacuerdo. Es una antipatía y rechazo tal que, según la RAE, hace que se le desee el mal al sujeto odiado.
Ejemplos recientes sobran: una manifestación en Chueca a grito de «sidosos, fuera de nuestros barrios», un cartel señalando a niños como criminales por recibir el amparo del Estado solo por no tener el mismo lugar de nacimiento en el DNI o un alarido de «bruja» desde la bancada del Congreso a una diputada en uso de la palabra.
El odio escampa por las redes sociales para convertirse en combustible, marca el debate político, salta a los titulares y se amplifica tras las pantallas. Así, si la compleja mezcla de químicos que se cuelan en el organismo a través de nariz y boca pueden acabar provocando enfermedades respiratorias, ¿cuánto nos cuesta el odio?
«Los discursos de odio son una amenaza para todas las personas porque se degrada al otro hasta verlo como un enemigo»
El primer coste, como ocurre con los efectos de la contaminación, es sobre la salud y lo hace mermando su parte más invisible: la mental. «Aunque son escasos los estudios empíricos», advierte el catedrático de Psicología Social de la Universitat de València, Juan A. Pérez, el investigador cita una encuesta reciente de EE UU sobre los efectos de la polarización («que está directamente relacionada con el discurso del odio», matiza) en la que uno de cada cinco entrevistados decía que los desacuerdos políticos les había hecho romper con sus amistades; cerca de un 30 % aseguraba que había perdido los nervios y sufrido trastornos del sueño como consecuencia de la animosidad entre los partidos políticos; reconocían que se preocupaban demasiado por quién gana y quién pierde unas elecciones; y hasta un 4 % admitía haber tenido pensamientos suicidas a causa de la política.
«Las discusiones cotidianas sobre los temas más insignificantes se tornan una competición, una lucha por tener la última palabra y ser el ganador de la discusión», explica Pérez, quien añade que estas discusiones acaban derivando a otro nivel y «contribuyen a que algunas personas vivan en un estado constante de odio, ira y estrés, y siempre luchando por ser el ganador».
«En una sociedad polarizada se incrementa la intolerancia, la recriminación y la persecución por una mínima desviación de las normas mayoritarias», expresa Pérez al tiempo que añade que esa polarización «refuerza la cohesión del grupo, que a su vez envalentona a sus miembros para acometer actos de persecución del diferente».
«Las discusiones cotidianas sobre temas insignificantes se tornan una competición por ser el ganador»
Para el catedrático de Psicología Social, el discurso de odio divide a la sociedad, la rompe en dos, en un «nosotros contra ellos». « Lo que inicialmente podía no ser sino una polarización de las élites políticas, reiteradas veces termina por convertirse en una polarización de la ciudadanía», reflexiona Pérez.
Ese perjuicio general también es señalado por Albert Mora, doctor en Sociología e investigador en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València. Habla de que estos discursos de odio son un ataque a la pluralidad democrática y hasta a la libertad del individuo. Pero además de como sociedad, también apunta a un riesgo individual.
«Los discursos de odio son una amenaza para todas las personas porque se degrada al otro y se le califica y considera como enemigo, no como ciudadano, y da igual que sea por capacidades, origen, sexo o religión, por lo que hoy el foco puede estar sobre los migrantes y mañana se puede poner sobre las personas LGTBI, o las mujeres, o cualquiera de nosotros», expresa Mora. Algo similar a la descripción que hace en su poema (se estudia si era un sermón en Semana Santa) el pastor luterano Martin Niemöller durante el holocausto nazi.
En este explica cómo con cada detención de colectivos (primero comunistas, luego socialdemócratas y luego judíos), él no decía nada en contra que pudiera frenar esa barbarie porque él no era nada de eso. Hasta que termina con su famoso verso: «Cuando vinieron a buscarme / no había nadie más que pudiera protestar».
El sociólogo insiste en que el discurso de odio no son palabras sin coste. «Un aumento de los discursos de odio hace que haya más gente que justifique una discriminación e incluso pida políticas que discriminen», expresa. Y más: «La institucionalización de los discursos de odio aumentan las acciones contra esos colectivos, hace que la sociedad considere que esos discursos son tolerables y se pueden llevar a cabo hasta a llegar a la violencia».
«Tiene consecuencias muy graves, generan un círculo sin fin y pueden provocar la pérdida de derecho y de dignidad de determinados colectivos», sentencia. Bien lo saben personas LGTBI, mujeres o migrantes. Para ellos, el coste de los discursos de odio no es una cuestión etérea que se quede en el rifirrafe político o que tenga beneficios o perjuicios en unas elecciones, sino que se vuelve una amenaza material, con anuncios de «no alquilo piso a inmigrantes» hasta agresiones en la calle al grito de «maricón».
Sobre ellos, además del riesgo físico, se recargan los daños psicológicos. El catedrático de Psicología Social de la Universitat de València, Juan A. Pérez, explica que las personas pertenecientes a minorías que hayan sido víctimas de delitos de odio «muestran altos niveles de depresión, de ansiedad y de riesgo de suicidio». «Para superar sus sufrimientos necesitan más del doble del tiempo que necesitan aquellas víctimas de otros delitos», desgrana.
«Nada es gratis en la economía y el enfrentamiento espanta la inversión»
De hecho, señala que incluso cuando las víctimas de delitos de odio son capaces de superar su experiencia «apenas se quitan de encima el miedo extremo de volver ser atacadas». Asimismo, destaca que los efectos de esta victimización se extienden «mucho más allá de las víctimas inmediatas» con un «efecto de traumatización vicaria»: los miembros del grupo social de la víctima también se sienten afectados.
«Las personas que saben que alguien de su grupo o colectivo fue atacado por su mera identidad y pertenencia a ese grupo experimentan un conjunto de reacciones negativas que incluyen miedo, ira, desesperación, pérdida de autoestima e incluso intentos de negación y odio hacia su propia identidad».
Si se habla de coste, es imposible no hacerlo también de su afección monetaria. Así, el precio económico que se acaba pagando repercute en las cuentas públicas en forma de facturas que pagar desde la Administración. Es el precio de la atención sanitaria, el necesario despliegue de medios de seguridad o el incremento de agentes para la vigilancia de estos delitos.
Todo eso es el dinero que sale para paliar los efectos del odio, pero la factura va más allá porque también está el dinero que no entra. La directora del departamento de Análisis Económico de la Universitat de València, Amparo Pons, asegura que el aumento del odio y los enfrentamientos tienen un claro efecto «vía capital social».
Ese término, explica, «es la confianza que la sociedad tiene en que funcionen bien las cosas» y que desaparece con un aumento de la tensión bien por parte de las empresas, de los trabajadores y los consumidores.
«Un aumento de los discursos de odio hace que haya más gente que justifique y reclame políticas discriminatorias»
«Nada es gratis y el enfrentamiento espanta la inversión y genera efectos perniciosos», añade la economista. Ya ocurría en los tiempos de gobierno provisional cuando algunos estudios económicos alertaron que el bloqueo político frenaba el crecimiento en dos décimas del PIB. Por su parte, y regresando al odio, Pons analiza que «a mayor convivencia, mayor prosperidad» porque permite «tomar decisiones pensando en el largo plazo». «Retos como el cambio climático o la digitalización son fundamentales a largo plazo, pero con una sociedad polarizada y una clase política dividida no se pueden tomar esas medidas porque se necesitan consensos que no se dan y eso acaba teniendo un precio aunque sea a largo plazo», sentencia Pons.
