Nohelys abre la puerta y se disculpa por el desorden. Camina por el pasillo de su piso en el barrio de Orriols y se detiene a mitad recorrido. «Esta es la habitación que alquilaba y este (señala con el dedo índice) el baño, pero hace una semana el hombre que estaba se fue. Sin avisar. Ahora no sé cómo pagar el mes sin esa ayuda». Nohelys subarrienda por necesidad. Realquilar una habitación para hacer frente a la mensualidad de un piso es una práctica que siempre ha existido pero que tras la pandemia se ha acentuado. Es la consecuencia de una crisis sanitaria que también es económica, social y laboral. Es la consecuencia, además, de una subida progresiva del precio del alquiler que parece no tener fin (este año se ha incrementado un 10,6 % en València) y de un desajuste entre el sueldo y el valor del mercado de vivienda. Solo 20 de 2.491 pisos ofertados en la capital del Túria en el portal Idealista igual o menos de 500 euros al mes. Y la mayoría de esta veintena son estudios que no superan los 30 metros cuadrados. Hay algunos en los que puedes apoyar los pies que sobresalen de la cama en la encimera de la cocina. Y, tal como ha podido comprobar este diario buceando en la red, este ejemplo no se trata de una hipérbole.
Los expertos insisten en que una persona no debería destinar más del 30 % de su sueldo al alquiler. Una teoría que es casi imposible de llevar a la práctica. Si el salario mínimo interprofesional está fijado en 965 euros al mes, no se debería pagar más de 289 euros por un arrendamiento o se incumpliría esta máxima. Pero una cosa es la teoría y otra las reglas del mercado. Y la pandemia no ha ayudado a paliar este desequilibrio como inicialmente se preveía. De hecho, ha incrementado el número de personas que se ven abocadas a subarrendar habitaciones en sus casas para hacer frente al alquiler o a arrendar un habitáculo en lugar de un piso entero. En algunos casos sin dar cuenta de ello —lo que está fuera de la legalidad, sobre todo si el contrato así lo especifica— y en otros, avisando de la situación al propietario.
«No encuentro trabajo y no quiero fallar al propietario»
Para Nohelys, una mujer de 42 años que aterrizó en València en 2018, la crisis sanitaria ha supuesto una caída al vacío. Se quedó sin el trabajo que ejercía cuidando a una persona mayor y se vio confinada en su casa de València con su hijo de 16 años con quien vive. Sin ningún ingreso. Pagaba 480 euros mensuales de alquiler, pero el desempleo dificultó poder abonar regularmente el importe. Y acumuló una deuda con el propietario que ha aumentado su renta a 520 euros al mes. Esta situación la obligó a tener que subarrendar una de las habitaciones de su casa a una tercera persona. Desde el año pasado ya han pasado cinco inquilinos en plena pandemia, con todo lo que eso suponía. «He subarrendado una habitación por necesidad. No es fácil encontrar trabajo y los pagos se acumulan».
Sin embargo, introducir a una persona ajena con un menor no es el escenario ideal para una madre. «Me he encontrado de todo, siempre hay problemas y no da seguridad, pero no hay otra». Nohelys alquila una habitación con baño individual incluido por 280 euros. Pero eso no asegura que tendrá un apoyo económico para pagar la mensualidad, pues, de hecho, el hombre que vivía en su casa se fue hace una semana sin decir (y sin pagar) nada. Ahora, tras un año con trabajos esporádicos, no sabe cómo hará frente a los pagos que vienen si no encuentra empleo. «Estoy desesperada porque solo llego a empleos con condiciones de explotación y no quiero fallar al propietario, que se porta fenomenal con nosotros», lamenta Nohelys. Salud Juan es responsable de vivienda de València Acoge y habla de las causas de este incremento de subarriendo. «El mercado del alquiler pide demasiados requisitos para una población precaria: fianza, el pago de un mes, contrato (a veces indefinido) o incluso avales. Unas demandas que son muy altas y que distan de la realidad del mercado laboral», dice la técnica. Tras la pandemia, «se han perdido puestos de trabajo y ha aumentado la gente sin ingresos y si eso lo sumas a las personas en situación administrativa irregular, alquilar una habitación es la única vía para no acabar en desahucio», relata Juan. Habla también de las consecuencias psicológicas, que no quedan al margen en esta coyuntura. «No es agradable meter a alguien en casa o entrar a un hogar que no es el tuyo, a veces es inseguro, incluso en algunos casos se alquila una sola habitación para una madre y un hijo, con todo lo que eso conlleva psicológicamente». Inseguridad e inestabilidad por la entrada y salida de inquilinos. Algo que se acrecienta cuando hay menores de por medio. Esta inestabilidad se agrava cuando, al no tener contrato, los inquilinos no se pueden empadronar «se incide en una falta de acceso a los derechos básicos y todo se complica», añade Juan.
Solo un par de datos. El precio del alquiler en la Comunitat Valenciana ha subido un 25 % en los últimos cinco años. En octubre de 2021, el metro cuadrado en alquiler estaba en un 7,7 euros el metro cuadrado en la autonomía y hace cinco años, en el mismo mes de 2016, se situaba en 5,8. Una vivienda de 90 metros cuadrados estándar cuesta de media en la Comunitat 693 euros. Y en València, esta cantidad aumenta, pues el precio de un piso es de 747 euros de media al mes.
Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València achaca esta subida a la falta de oferta de alquiler y a la gran demanda como contraste. Como el precio está por las nubes, se opta por alquilar habitaciones. Si se hace en sintonía con el propietario, añade, «esta práctica es, de hecho, más rentable para los caseros» y existen, por otra parte, otro tipo de perfiles que buscan habitación como turistas o personas que vienen para pocos meses. «Alquilar una habitación es legal y una solución para mucha gente». Si los inquilinos subarriendan para hacer frente a los gastos de forma compartida y el propietario lo sabe no hay problema. El conflicto llega cuando el dueño no es conocedor de esta realidad.
«¿Cómo voy a pagar un alquiler de 650 euros si gano 800?»
Pablo es un nombre ficticio para preservar la identidad de un joven de 29 años que vive en València y subarrienda una habitación a una mujer, Lucía. Algo que no puede saber su casero. Pero que él hace. Porque no tiene más remedio. Antes de la pandemia trabajaba en hostelería y ganaba como para afrontar un alquiler de 650 euros. Iba justo, pero podía. Sin embargo, cuando llegó la crisis sanitaria le despidieron. «Suerte que trabajaba todo lo que cotizaba y que en mi contrato ponía que hacía 40 horas, porque mucha gente trabaja más horas de las que legalmente puede y eso, cuando llega el paro, se nota». Respira porque pudo vivir durante el encierro de la prestación por desempleo. Pero tras seis meses ese ingreso se acabó y Pablo tuvo que buscar otro trabajo. Ahora se gana el salario como tele operador comercial y no pasa de los 800 euros al mes.
«He subarrendado una habitación que tenía libre, ¿cómo voy a pagar 650 euros de alquiler (más los gastos) si gano 800?». Ya ha tenido tres compañeras en seis meses. No siempre se encaja con la persona con la que convives, detalla. El propietario de la vivienda no lo sabe, aunque lo intuye. Por esa razón ni su cara ni su nombre se incluyen en este reportaje. «Sé que si el casero no es conocedor esta práctica no es ética ni correcta, pero si no es así no sé cómo pagar la mensualidad», añade. Lucía (también nombre ficticio) es su compañera. Tiene 34 años y está en paro. Buscaba habitación porque ve imposible plantearse siquiera vivir sola. «Ahora mismo vivo de los ingresos de mis padres, pero no quiero que ellos se encarguen de un aval de un piso que luego pueda repercutirles negativamente en algo». Por eso opta por alquilar. 250 euros con gastos incluidos es lo que Pablo le ofreció. «Para como están las cosas es genial, además, somos dos y eso facilita la convivencia». Ambos critican los excesivos requisitos para alquilar una casa. Y que todos sus anhelos e ilusiones desaparecen cuando abonan la mensualidad que se lleva, con ella, gran parte de su salario.
