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Cerco a los 468.395 valencianos sin vacunar

El Consell mantiene vivo el debate sobre generalizar el pasaporte covid para la hostelería y el ocio ante el escaso éxito de las iniciativas realizadas hasta ahora para subir la inmunización más allá del 89,5 %

Una vecina increpa a uno de los participantes en una protesta antivacunas. levante-emv

Los vacunódromos cerraron sus puertas hace seis semanas pero la Administración sigue buscando a esos 468.395 valencianos mayores de 12 años que por convicción, por miedo o quizá por dejadez todavía no se han vacunado contra la covid-19 para terminar de estrechar el cerco a la pandemia. Desde puntos de vacunación específicos —en centros comerciales, campos de fútbol, zonas turísticas o festivales de música— hasta llamamientos públicos para que piensen en su salud pero también en la de los demás, la Administración sigue intentando convencerles pero con poco éxito hasta ahora. La cifra de los no vacunados casi no ha bajado en las últimas semanas estancándose en un 89,5 % de los mayores de 12 años, al filo del 90 % que se marcaron las autoridades y con una gran bolsa de reticentes entre los treintañeros donde no se ha vacunado uno de cada cuatro. Los que han rechazado la vacuna covid son apenas un 10 % de todos los llamados a inmunizarse pero aún así, siguen generando un problema ya que la estrategia de inmunización se ha basado en unas vacunas con un alto poder de protección frente a la enfermedad grave pero que no evitan completamente el contagio, aunque sí lo reducen. Han venido los repuntes y hay miedo a una sexta ola.

De hecho, los no vacunados están en el epicentro de los grandes rebrotes de coronavirus de las últimas semanas: los extranjeros no vacunados de vacaciones en Benidorm, por ejemplo, o el colectivo de personas rumanas que residen en Castelló y que han declinado en su gran mayoría recibir el pinchazo, al igual que sucede en Rumanía. Los no vacunados han favorecido los rebrotes pero también son los que están se están llevando la peor parte: el 90 % de los ingresados en las UCI valencianas no tienen las dos vacunas, según la Conselleria de Sanidad. «Desde luego los no vacunados nos están dando guerra», reconoce Salvador Peiró, especialista en Salud Pública e investigador en Servicios de Salud en Fisabio. «Son solo el 10 %, porque tenemos una de las coberturas de vacunación covid más altas de nuestro entorno pero ese 10 % en toda España son 4 millones de personas. Sigue siendo una cifra muy alta», añade. El problema radica en que «aunque son muchos menos en cifras totales, la incidencia de casos graves entre ellos es más alta», de ahí que sean los que mayoritariamente llenen las UCI. Tienen casi ocho veces más riesgo de ingresar.

Sigue vivo el debate del pasaporte covid

Pero, ¿qué hacer cuando se han dado facilidades, explicaciones y hasta se les ha rogado que se vacunaran por ellos y por los demás? Puede que no haya que llegar a extremos como los de Singapur, donde se les está cobrando el gasto médico que generan si enferman o a los de la región de Alta Austria, donde se les ha confinado solo a ellos pero en el Consell sigue vivo el debate de si dar el paso de seguir la estela de otros países europeos como Francia y generalizar el uso del pasaporte covid en más ámbitos fuera de los festivales masivos de música o las salas de concierto que son los únicos espacios de socialización en los que se ha regulado su uso aquí.

«Está en discusión», explica Peiró. Para cortar la transmisión «está claro que tienen poco valor, otra cosa es el valor que tiene para hacer que los no vacunados lo hagan», reconoce ya que si termina imponiéndose en ocio o restauración, la alternativa es pagar pruebas de su bolsillo. «Con ese ánimo se ha puesto en Francia o Estados Unidos y ahí tiene sentido al tener coberturas más bajas, aquí habría que verlo porque podría dar sensación de relajación por ejemplo en la hostelería y sería contraproducente. Hay discrepancias», apunta el experto en Salud Pública que aboga por mantener las iniciativas para intentar «convencer» a todos los posibles. «Hay una parte, los que ya eran negacionistas de las vacunas o que rechazan esta en concreto, que hagas lo que hagas no los vas a convencer. Pero con el resto se puede seguir intentando».

Bandejas con vacunas contra la covid-19 y de la gripe, en el inicio de la campaña este otoño. M.a.montesinos

El Consell lleva meses detrás de la fórmula para establecer el certificado covid en más ámbitos, pero sin un marco legal en toda España que lo facilite, las intentonas que han llevado adelante algunas autonomías han terminado desvirtuadas cuando no tumbadas tras su paso por los tribunales. Aquí se optó por dejarlo como una «mejora» a incluir bajo la responsabilidad de los promotores de conciertos si querían aliviar las medidas sanitarias obligatorias.

«Desde luego lo ideal sería que hubiera una ley estatal pero el gobierno ha sido muy vago y en este año y medio no ha movido ficha y podría haber modificado la ley orgánica de 1986 para introducirlo», opina el profesor Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València y expresidente del Consell Jurídic Consultiu. A su parecer, se complica el que una autonomía saque adelante una normativa de este estilo sin el paraguas estatal pero es posible porque, si bien el Estado «no puede obligar a que te vacunes sí tiene derecho a adoptar medidas tendentes a mantener la salud de toda la población», explica. Eso sí, para hacerlo posible, el catedrático apunta que se deben dar dos supuestos previos: «que todo el mundo haya tenido la posibilidad de vacunarse, como ha ocurrido y que se constate científicamente que los nos vacunados son capaces de contagiarse y contagiar con mayor probabilidad».

Por ahora lo han intentado en Andalucía y Galicia con éxito dispar. El Tribunal Supremo ratificó la negativa al pasaporte covid que habían dado los tribunales andaluces mientras que para la norma gallega el Alto Tribunal la aceptó pero restringiendo su uso tanto (por motivos epidemiológicos) que desvirtuaba la intención inicial. Ahora se plantea pedirlo también para entrar en los hospitales gallegos. En Murcia, el TSJ lo ha permitido para el ocio nocturno pero también dependiendo de aforos.

Para el también catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Jaume I de Castelló, Artemi Rallo, el recorte en el derecho individual a decidir sobre tratamientos médicos que conlleva el certificado covid resulta «proporcional al beneficio que puede procurar tanto para el bien individual como al general, no solo sanitariamente sino también económicamente», aunque entiende que, al final, todo depende de la ponderación entre ambos derechos que hagan los tribunales en cada caso. «Si se plantea, habrá batalla judicial obviamente», augura Rallo. Habrá que esperar a la decisión que tome el Consell que, mientras tanto, sigue recordando la importancia de la distancia y la mascarilla ante el repunte de casos y la llegada de las fiestas navideñas.

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